Abuelas de Plaza de Mayo manifestó su “profunda preocupación” por la decisión del Gobierno Nacional de eliminar la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (UEI), que forma parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), lo que constituiría un episodio más de una larga saga de gestos y decisiones políticas “negacionistas” implementadas desde el inicio de la gestión libertaria.
En un comunicado, explicaron que la entidad defensora de los derechos humanos fue creada en 2004 con el objetivo de investigar los casos de los niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura cívico militar.
Para la organización que encabeza Estela de Carlotto se trataría de una decisión que sería perjudicial para “garantizar el derecho a la identidad y a la verdad”.
El dirigente social Juan Grabois publicó ayer, en sus redes sociales, una versión del Decreto que el Ejecutivo que encabeza el presidente Javier Milei tendría listo para anunciar la disolución de esta entidad.
“Están preparando el momento para publicar el Decreto”, señaló Grabios, y hasta el momento, ningún funcionario del Gobierno nacional salió negar esta versión que circula con fuerza entre los organismos de derechos humanos y querellantes en causas de lesa humanidad.
“La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado”, remarcaron desde Abuelas.
En ese sentido, se indicó que “como auxiliar de la Justicia, la Unidad evita la citación en sede judicial de hombres y mujeres, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como también prevé la confidencialidad absoluta de estos procesos”.
En la versión de la normativa que circula en las redes, se asegura que uno de sus fundamentos para promulgarla es “garantizar la independencia del Poder Judicial” en las causas en las cuales se investiga la apropiación de menores nacidos en cautiverio.
Un argumento Abuelas rebate por completo, al aseverar que “nunca, en estos 32 años de existencia de la CoNaDI se filtró información acerca de alguna de las personas investigadas”.
“Esta Unidad asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abran en la justicia causas improcedentes”, explicaron.
Abuelas recordó que trabaja en la actualidad con alrededor de 7000 denuncias de posible hijos e hijas de personas desaparecidas y necesita de la asistencia de esta unidad con el propósito de que las investigaciones arrojen resutados.
“Sin la existencia de la UEI, mañana deberíamos presentarnos ante los Tribunales Federales o a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE) con las 7000 denuncias, algo absolutamente ineficaz e inviable. Existen muchos organismos del Estado que auxilian a la Justicia, con el objetivo de hacerla más eficaz, como la Oficina Anticorrupción y la CONADEP, dependencias del Poder Ejecutivo con atribuciones de investigación, que no la reemplazan ni ejercen funciones judiciales, sino que la auxilian en su tarea”, fundamentaron.
La UEI realiza una investigación preliminar que agiliza la tarea de la Justicia, no la duplica, como afirman los sectores del oficialismo que justifican su disolución.
“Se trata de una herramienta ideada durante estos 40 años de democracia, para hacer eficaz la búsqueda de nuestros nietos y nietas. Nos duele tener que recordar que, en los primeros años de búsqueda, muchos jueces no nos atendían y los que lo hacían encontraban muchas dificultades para hacer avanzar las causas. Antes de la creación de la UEI, las causas en la Justicia podían demorar años, luego este instrumento permitió acelerar la búsqueda y desestimar casos antes de ser judicializados”, se repasó desde Abuelas.
Este proyecto de Decreto pretende eliminar un área clave del Estado y es “un anticipo de lo que venimos advirtiendo respecto de las implicancias negativas de la Ley Bases, que otorgaría amplias facultades al Poder Ejecutivo para disolver unilateralmente organismos que fueron creados por ley”.
En definitiva, “la disolución de la UEI conllevará a una demora, un gasto innecesario de recursos para la Justicia y una obstaculización aún mayor en la restitución de identidad de los casi 300 nietas y nietos que estamos buscando, hace ya 47 años”.
“Pedimos al Gobierno que revea la decisión y a la sociedad que nos acompañe en el reclamo”, puntualizaron desde la entidad defensora de los derechos humanos.
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