Según el organismo, la norma dispuesta durante el gobierno anterior «fue acompañada de discursos xenófobos y discriminatorios que asociaban a la migración con la delincuencia».
El Gobierno nacional derogó este viernes el decreto de la gestión de Mauricio Macri a través del que se había modificado la Ley de Migraciones para establecer mayores controles al ingreso de extranjeros con antecedentes penales y agilizar el trámite de expulsión de los inmigrantes que cometan delitos en la Argentina.
Tras el anuncio, Amnistía Internacional celebró la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2017, que había significado un fuerte retroceso para la política migratoria argentina. «Fueron cuatro años de una amplia movilización de la sociedad civil y denuncias de múltiples organismos internacionales de derechos humanos, el gobierno puso hoy fin al DNU que había modificado la Ley de Migraciones Nº 25.871», señaló el organismo en un comunicado.
En la fundamentación del nuevo Decreto 138/2021, por el que se restituye la vigencia de la ley de Migraciones con su redacción previa al dictado del DNU/70, se reconoce la incompatibilidad del decreto derogado con el sistema internacional de protección de los derechos humanos. En efecto, conforme venía denunciando hace años Amnistía Internacional junto a diversas organizaciones y colectivos sociales, esta normativa violaba, el principio del debido proceso, el derecho a contar con asistencia y defensa legal, el derecho de reunificación familiar, entre otros derechos.
“No podemos más que celebrar el fin de este decreto, que fue acompañado de discursos xenófobos y discriminatorios por parte de autoridades estatales, que buscaban asociar la migración con la delincuencia. Con la excusa de ‘combatir la inseguridad’, se pusieron en marcha medidas persecutorias y crueles que llegaron a separar familias enteras, como fue el caso de la expulsión de Vanessa Gómez Cueva. Esta decisión es fundamental para el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El nuevo decreto que aprobó la derogación del DNU 70 prevé la creación de una Comisión Asesora de la Política Migratoria que tendrá a su cargo proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones. Amnistía Internacional espera que esta nueva instancia colabore a garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y recuerda la importancia de establecer mecanismos efectivos de participación social en la implementación de la política migratoria.
“Esperemos que esta decisión del gobierno sea el marco de una nueva era de la política migratoria en Argentina, que ya ha inspirado tantos países en revisar sus propias normativas en la materia para incorporar la perspectiva de derechos humanos. Es fundamental dejar atrás de una vez por todas el paradigma securitista y criminalizador de las migraciones para entender al migrante como un sujeto de derechos”, agregó Belski.
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