Deberán cumplir dos años de prisión en suspenso.
Tres personas fueron condenadas este jueves a dos años de prisión por fabricar, distribuir y comercializar barbijos que imitaban a los desarrollados por el CONICET, las mascarillas Atom Protect.
Mediante un juicio abreviado, en el que los imputados aceptaron la responsabilidad y reconocieron los hechos, la Justicia porteña estableció penas de dos años de prisión en suspenso por los delitos de estafa, fraude a la administración pública y violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
La causa se había iniciado de oficio cuando el fiscal Rolero Santurián, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, tomó conocimiento de la venta de barbijos truchos Atom Protect y llamó a declaración testimonial a la gerenta de la empresa fabricante de los barbijos del CONICET, que se constituyó como denunciante en la causa y aportó información respecto de los procedimientos de elaboración y distribución de los productos originales.
La investigación, que estuvo a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la División Delitos Informáticos Complejos y Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad, pudo determinar la existencia de una red dedicada a la fabricación, almacenamiento, distribución y venta de barbijos apócrifos de características visuales similares a los de la firma “ATOM PROTECT” con la leyenda trucha en el envoltorio “desarrollo conjunto Conicet”, pero que no contaban con las propiedades protectoras del barbijo original ni las medidas de seguridad exigidas por la ANMAT, ni con la autorización de dicho organismo.
En este contexto, el 3 de junio se realizaron 11 allanamientos en Ciudad y Provincia de Buenos Aires en los que se secuestraron más de 50.000 barbijos apócrifos, además de maquinaria y materia prima para su producción.
Además de los dos años de prisión en suspenso, la condena dictada por el juez Carlos Aostri, titular del Juzgado PCyF 19, establece que los imputados deberán cumplir normas de conducta y responder a los requerimientos judiciales.
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