El Senado aprobó hoy el nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, que establece nuevos porcentajes de cortes de los combustibles de origen vegetal con la nafta y el gasoil, con vigencia hasta 2030.
Tras un extenso debate, la Cámara alta le dio el aval al Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustible, girado por Diputados a principios de mes con 43 votos a favor y 19 votos en contra.
Esta nueva ley de fomento pauta un corte mínimo obligatorio de 12% de bioetanol y una eventual reducción al 9% con la nafta, mientras que para el gasoil el corte mínimo del biodiésel será de un 5%, con una eventual reducción al 3%.
En el caso de la caña de azúcar, deberá contemplar un mínimo de 6% de mezcla obligatoria.
De esta manera, la flamante norma reemplaza a la anterior ley de fomento de biocombustibles, que tuvo vigencia durante 15 años y que a principios de 2021 estuvo a punto de ser prorrogada por el Congreso, aunque una vez que llegó a Diputados con media sanción del Senado, dicho proyecto fue desestimado en los trabajos de comisión.
A diferencia del anterior régimen, la nueva Ley establece una disminución de cinco puntos porcentuales en el corte de biodiésel con el gasoil y, si bien mantiene el corte del bioetanol con la nafta en 12%, el 6% que corresponde a bioetanol de maíz puede verse reducido a 3%.
Asimismo, prevé exenciones relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura y dispone que los bienes afectados no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta establecido por la Ley Nº 25.063.
También dispone que los biocombustibles no estén alcanzados por la tasa de Infraestructura Hídrica, por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, por el impuesto denominado «Sobre la transferencia a título oneroso o gratuito», sobre la importación de gasoil o por los tributos que en el futuro puedan sustituir o complementar a los mismos.
Tras la aprobación, el secretario de Energía, Darío Martínez, apoyó la nueva norma y sostuvo que «gracias al trabajo realizado junto con los legisladores y los actores del sector, el país cuenta con un instrumento actualizado para asumir los desafíos de la transición energética y alentar el trabajo y la producción».
En un comunicado, Martínez expresó que con esta ley se reafirma «la voluntad del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el camino de cuidar el trabajo de los argentinos y las argentinas, brindando al sector de los biocombustibles un horizonte de mediano y largo plazo para continuar su expansión, en la misma senda de la ley original».
En esa línea, el ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Simón Padrós, opinó que el régimen aprobado “otorga previsibilidad a los productores e industrias azucareras de Tucumán y el NOA”.
“Es una buena noticia para Tucumán y la región del noroeste argentino, porque es donde están presentes 20 ingenios, 15 en Tucumán, tres en Jujuy y dos en Salta, y además hay 16 destiladoras de alcohol y 12 deshidratadoras”, destacó el ministro tucumano.
“La nueva ley le da previsibilidad, sustentabilidad y seguridad jurídica al sector que, por otro lado, hizo grandes inversiones durante los 15 años de vigencia de la ley anterior”, concluyó.
Para la exsecretaria de Energía de la provincia de Santa Fe y fundadora de la Liga Bioenergética, Verónica Geese, «esta no es una ley de fomento de los biocombustibles», aunque sostuvo que hay que ver cómo se reglamenta la medida.
Sin embargo, indicó que el Gobierno «no tiene el foco puesto en los biocombustibles, que si bien el sector viene golpeado de la anterior gestión gubernamental, esta decisión y este cambio de mirada respecto a ley original es bastante llamativo y hace sospechar que hubo lobby para que esto sea así. No creo que haya razones económicas. No hay ninguna razón más que el deseo del sector petrolero de recuperar parte del mercado».
Por su parte, el presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), Juan Facciano, indicó que desde la entidad empresaria consideran «clave la sanción del nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, ya que el mismo otorgará previsibilidad y certidumbre a la industria pyme y regional de los biocombustibles».
«Tratándose de un mercado regulado por el Estado, es fundamental contar con un marco normativo a largo plazo. Esperamos que el Poder Ejecutivo Nacional promulgue y reglamente la ley en el corto plazo», concluyó.
Por último, el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Patrick Adam, sostuvo que «esta ley es una oportunidad perdida para desarrollar una matriz energética más limpia, diversificada y competitiva. Por la emergencia ambiental, el mundo avanza en un mayor consumo de biocombustibles y nosotros retrocedemos».
«Es el fin de una de las políticas de Estado más exitosas de las últimas décadas», aunque confió en que «el decreto reglamentario pueda direccionar aspectos clave no definidos claramente en la ley, como por ejemplo, las condiciones excepcionales que habilitarían a la Autoridad de Aplicación a promover una rebaja de la mezcla de bioetanol con combustible líquido contaminante».
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