Esta iniciativa es parte de una ley nacional de cuidado del medio ambiente y busca reducir los gases para que no se agrave aún más el efecto invernadero.
El cambio climático se nota cada vez más y las catástrofes ambientales afectan a todas las ciudades del mundo, es por esto que Francia decidió fomentar con dinero el uso de las bicicletas para reducir los gases y el uso de transportes sustentable.
La administración de Emamanuel Macron promulgó una ley mediante la cual el Estado francés entrega 1.500 euros, es decir casi 200 mil pesos argentinos, a quienes cambiar el auto por una bicicleta eléctrica para movilizarse por la ciudad durante sus actividades diarias. La normativa también contempla a los ciudadanos que no cuentan con autos para intercambiar, y a estos se les entregará un bono de 1.000 euros para que puedan comprarse su primera bicicleta eléctrica.
Desde los Ministerios de Economía y Transporte emitieron un comunicado en el que explicaron: “Para promover el uso de la bicicleta eléctrica como alternativa al vehículo individual y favorecer el paso hacia el transporte sostenible, especialmente en el terreno urbano y de su periferia, la Ley del Clima extiende la prima a la conversión para la compra de una bicicleta de asistencia eléctrica o de una bicicleta de carga eléctrica a cambio de la entrega para su desguace de un carro o camioneta contaminante”, y aclararon que a este beneficio pueden acceder personas particulares, profesionales, asociaciones, o colectividades.
Esta Ley tiene otros puntos complementarios como es la prohibición de vuelos comerciales para aquellos trayectos cortos que se pueden realizar en tren con una duración de dos horas promedio y con muchas frecuencias diarias.
Además, establece que Francia deberá prohibir la publicidad de energías fósiles y a partir del 2028 la de los vehículos más contaminantes. En tanto, desde el 2025 estará prohibido el uso de poliestireno para su uso único.
Quienes incumplan la ley serán imputados bajo el nombre de “ecocidio” y tendrán penas de hasta 10 años de prisión y multas que alcanzan los 4,5 millones de euros.
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