La docente sostuvo que esa situación le impidió «acceder a cargos docentes suplentes, que además le redituaban un salario extra muy importante en los momentos en que vivimos».
La Justicia Civil de Mendoza ordenó a la Dirección General de Educación de esa provincia a pagarle a una docente 1.350.000 pesos luego de que le negaran un certificado psicofísico con el argumento que de que la mujer «tenía sobrepeso y problemas en las cuerdas vocales», un diagnóstico que no figura en los exámenes médicos a los que se había sometido.
La jueza civil Fabiana Martinelli, titular del Primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada de Mendoza, consideró que ese rechazo le impidió a la docente acceder a cargos suplentes y mejorar su salario. Según informó Diario UNO, Martínez alegó como daños y perjuicios los problemas psicológicos que sufrió tras ese rechazo, lo que fue validado por la jueza Martinelli, que falló contra la DGE por «violencia de género institucional».
«Pude observar que la Sra. Martínez muy avasallada en su autoestima. Era consciente de que tenía un índice de masa corporal superior al indicado como no patológico, pero se presentó como una mujer lúcida, activa y que a la vista no lucía imposibilitada para desempeñar ninguna tarea», sostuvo la magistrada durante la audiencia.
Además, la jueza agregó que «el índice de masa corporal por sí solo no basta de ninguna manera para determinar la existencia de patología de obesidad», siendo necesarios otros parámetros y estudios que no fueron realizados por la DGE, y que «la duplicidad de no aptos para tareas docentes y administrativas implicó también, en la Sra. Martínez, la preocupación de no poder obtener el cambio de funciones previsto en la legislación para los docentes con patologías específicas».
Asimismo, sostuvo que esa situación le impidió también «acceder a cargos docentes suplentes, que además le redituaban un salario extra muy importante en los momentos en que vivimos».
Tras la decisión judicial, la DGE tiene 10 días hábiles para abonar la suma de 1.350.000 pesos a la demandante, aunque se descuenta que apelará en la próxima instancia prevista por la ley.
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