El presidente de Brasil no será responsabilizado por homicidio y genocidio durante su gestión del Covid-19. La denuncia, que lo culpa de favorecer la epidemia, no será penal pero podrá ser usada por organismos judiciales.
Una comisión investigadora del Senado brasileño recomendará este miércoles la imputación del presidente, Jair Bolsonaro, por «delito contra la humanidad» y favorecer una «epidemia», entre otros crímenes que le atribuye por su gestión de la pandemia de coronavirus, que dejó más de 600.000 muertos en Brasil.
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que durante seis meses escudriñó las acciones del gobierno durante la pandemia, no tiene el poder de hacer denuncias formales, pero su informe será enviado a diferentes órganos que pueden proseguir las investigaciones y formular cargos, como la Fiscalía General, el Tribunal de Cuentas o una corte internacional.
Tras seis meses de audiencias, con testimonios conmovedores y revelaciones impactantes -como el uso de pacientes como «cobayas humanas» para probar medicamentos ineficaces contra el Covid-19-, el relator de la CPI, el senador Renan Calheiros, leerá el resumen del informe de 1.200 páginas de las investigaciones.
El martes por la noche, Calheiros anunció que se responsabilizará a Bolsonaro por nueve cargos en lugar de los once previstos inicialmente, entre ellos crimen contra la humanidad, epidemia, charlatanería y prevaricación.
Los cargos de «homicidio» y «genocidio de poblaciones indígenas» fueron retirados a última hora por desacuerdos dentro de la comisión.
Entre otras conclusiones, la CPI sostiene que el gobierno atrasó deliberadamente la compra de vacunas y, asesorado por un gabinete paralelo que contrariaba las evidencias científicas, no tomó las medidas necesarias para contener la circulación del coronavirus, apostando en cambio por una «inmunidad de rebaño».
En el informe también serán acusadas decenas de personas, entre ellas probablemente varios ministros, tres de los hijos de Bolsonaro y colaboradores estrechos del mandatario.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el ultraconservador minimizó la pandemia, renegó del uso de barbijos, de las medidas de aislamiento social y defendió medicamentos sin eficacia, como la hidroxicloroquina.
Más de un año después de haber contraído el virus, el mandatario asegura que no se vacunará.
«Este informe ya parece una sentencia. Se puede criticar la actitud de Bolsonaro, pero no se lo puede penalizar», se quejó el senador Fernando Bezerra, aliado del presidente ultraderechista.
La comisión, de 11 miembros, someterá el informe a votación el martes próximo.
Aunque el informe final de la CPI podría traerle consecuencias políticas y judiciales graves, analistas coinciden en que su impacto a corto plazo será «simbólico», porque Bolsonaro aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un impeachment y ven poco probable que el fiscal general resuelva imputarlo.
La popularidad de Bolsonaro se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió la presidencia de Brasil, y las encuestas para 2022 lo muestran detrás del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Tras meses de interrogatorios a ministros, funcionarios de gobierno, directores de hospitales y empresarios, la CPI culminó sus sesiones esta semana en un tono más humano al oír a familiares de víctimas del coronavirus.
«Merecemos un pedido de disculpas por parte de la máxima autoridad del país. No es una cuestión de política, estamos hablando de vidas», dijo entre lágrimas el taxista Márcio Silva, que perdió a su hijo de 25 años.
En un principio, la comisión hurgó en las responsabilidades por los pacientes muertos en Manaos por falta de oxígeno, pero luego se adentró en irregularidades como la demora del gobierno para comprar vacunas, o la existencia de un «gabinete paralelo» de médicos y empresarios defensores de medicamentos sin eficacia comprobada que asesoraba al mandatario.
En el camino fueron identificadas nuevas tramas, entre ellas supuestas irregularidades en la compra -no realizada- de la vacuna india Covaxin, que le valió a Bolsonaro una investigación judicial por «prevaricación» al no haber denunciado el caso, del que teóricamente estaba enterado, ante la Policía Federal.
O las conexiones entre el gobierno y las operadoras privadas de salud en la promoción de medicamentos ineficaces para el «tratamiento precoz» del coronavirus.
Una de ellas es Prevent Senior, una operadora de salud para la tercera edad señalada de aplicar tratamientos experimentales sin consentimiento de los pacientes y de maquillar el número de muertos por coronavirus, entre otras. La Fiscalía de Sao Paulo investiga ese caso, que ha impactado a Brasil.
«El informe de la CPI es para pedir el castigo de los verdaderos responsables por esta matanza que ocurrió en Brasil. Son muchos y no podemos dejar de castigarlos», resumió este martes Omar Aziz, presidente de la comisión.
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