Dos terceras partes de las ejecuciones habrían sido cometidas presuntamente por los talibanes o por grupos aliados al antiguo movimiento insurgente.
Un informe interno que maneja Naciones Unidas apunta que aproximadamente un centenar de funcionarios del antiguo Gobierno afgano habrían sido ejecutados por los talibanes desde la reconquista del poder el 15 de agosto de 2021, en crímenes también cometidos por la filial local del Estado Islámico.
Las fuentes del informe son antiguas autoridades afganas, fuerzas de seguridad y personal militar consideradas de confianza por los investigadores de la ONU y el documento está ahora en manos del secretario general del organismo, Antonio Guterres, informó la agencia de noticias Europa Press.
Concretamente, dos terceras partes de las ejecuciones habrían sido cometidas presuntamente por los talibanes o por grupos aliados al antiguo movimiento insurgente.
Se cree que la filial de Estado Islámico en el país, Provincia del Jorasán, es responsable de las ejecuciones de al menos medio centenar de antiguos funcionarios.
De igual modo, el informe detalla prácticas de «ataques, intimidaciones, acoso, detenciones arbitrarias y otras formas de maltrato» contra activistas de Derechos Humanos y periodistas del país, y denuncia los asesinatos de al menos ocho miembros de organizaciones civiles afganas y dos empleados de medios de comunicación, bien a manos de los talibanes, de los yihadistas o de grupos afines.
El secretario general de la ONU pidió los talibanes que emprendan un diálogo constructivo para facilitar la llegada de ayuda económica a un país absolutamente devastado tras 20 años de conflicto, y propuso una reestructuración de la presencia de Naciones Unidas en Afganistán para coordinar por un lado el desarrollo político del país y por otro la recepción de ayuda humanitaria.
Los talibanes, sin embargo, sostienen que esta clase de peticiones internacionales, como los llamamientos para la formación de un Gobierno inclusivo, no son más que «una excusa» para no reconocer a las autoridades instauradas en el país en agosto de 2021.
El ministro de Relaciones Exteriores afgano, Amir Jan Mutaqqi, declaró el viernes a la cadena de televisión afgana Tolo TV que la comunidad internacional «no tiene una definición de lo que es un Gobierno inclusivo ni hay un ejemplo». «Son sólo excusas», expresó.
Un día antes, el equipo de la ONU en Afganistán anunció el Marco Transicional de Acción (TEF), un documento estratégico para dar apoyo a los afganos durante este año ante la crisis humanitaria que vive el país.
«Esta amplia estrategia del sistema de la ONU ayudará a garantizar que los afganos pueden ver satisfechas sus necesidades humanas básicas», afirmó el coordinador humanitario del organismo para Afganistán, Ramiz Alakbarov.
El país asiático está a las puertas de un desastre humanitario, por lo que el domingo pasado se iniciaron conversaciones con los talibanes en Oslo y miembros de la sociedad civil afgana, mientras que el lunes el grupo islamista re reunió con responsables estadounidenses y de la Unión Europea (UE).
Tras la llegada al poder de los talibanes al país en agosto pasado, Estados Unidos le impuso sanciones y congeló 9.500 millones de dólares en activos del banco central afgano.
En paralelo, la ayuda internacional que financiaba cerca del 80% del presupuesto afgano se detuvo de forma abrupta y congeló los fondos del Banco Central, con el argumento de que los fondos fueran desviados por los talibanes.
Durante los 20 años de ocupación estadounidense el 75% de los recursos del país dependían de la ayuda internacional.
El desempleo se disparó y los funcionarios llevan meses sin cobrar, en un país ya asolado por una grave sequía y en el que el hambre amenaza a 23 millones de personas, el 55% de la población.
Fuente Télam
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