A partir del primero de este mes, será de $18.900 para jornada completa y desde el 1 de diciembre pasará a ser de 20.587,50. La suba se completará a partir del primero de marzo del 2021, alcanzando los $21.600.
El Gobierno nacional oficializó hoy el aumento en tres tramos del salario mínimo, vital y móvil, que en marzo próximo quedará fijado en 21.600 pesos.
Por medio de la Resolución 4-2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, firmada por su titular, Claudio Moroni, y publicada hoy en el Boletín Oficial, se estableció así el incremento que alcanza a todos los empleados que se encuentren bajo el régimen de la ley de Contrato de Trabajo.
Según el cronograma oficializado, a partir del primero de este mes, el sueldo mínimo, vital y móvil será de $18.900 para aquellos que cumplan una jornada laboral completa, y de $94,50 para los jornaleros; y desde el 1 de diciembre, esas sumas pasarán a ser de 20.587,50 y 102,94 pesos, respectivamente.
Finalmente, la suba se completará a partir del primero de marzo del 2021, cuando el salario mínimo por mes para los trabajadores de tiempo completo se fijará en $21.600, y el de los jornalizados, en 108 pesos por hora.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo también confirmó una actualización de los montos mínimo y máximo de las prestaciones por desempleo, los cuales desde este lunes son de 6.000 y 10.000 pesos, respectivamente.
La propuesta de estos aumentos fue analizada la semana pasada por el sector empresarial, dos de las centrales obreras y el Ministerio de Trabajo durante la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, presidido por Moroni, que deliberó de manera virtual ante la pandemia del coronavirus en el país.
En los considerandos de la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno hizo referencia a esa reunión, realizada el miércoles pasado, y de la que participaron representantes «tanto del sector empleador como del sector trabajador».
En este sentido, se remarcó que el salario mínimo debe ser definido por ese Consejo Nacional, «teniendo en cuenta los datos de la situación socioeconómica, los objetivos del instituto y la razonabilidad de la adecuación entre ambos».
La ley establece que este ingreso básico «debe asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión», un objetivo que con los años se fue desdibujando porque se transformó sólo en un valor de referencia.
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