El Ministerio Público Militar deberá decidir qué delitos atribuye a los sospechosos, que pueden incluir los de malversación, robo y extravío.
El Ejército de Brasil detuvo a 17 militares acusados de estar vinculados con el robo de 21 ametralladoras de un cuartel del estado de San Pablo que habrían sido vendidas a los grupos criminales Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (Comando Rojo). El grupo de militares fue sancionado con al menos 20 días de cárcel, de acuerdo al comunicado del Comando Militar del Sudeste, responsable de la base de Barueri de la que fueron sustraídas las armas.
«El Comando Militar del Sudeste informa que 17 militares del Arsenal de Guerra de San Pablo se encuentran sometidos a castigo disciplinario, sancionados a la luz del Reglamento Disciplinario del Ejército por falta de conducta y error de procedimiento en los procesos de inspección y control de armas», indicó un comunicado del Ejército. Entre los detenidos se encuentran dos tenientes coroneles, un mayor y un capitán.
Ahora el Ministerio Público Militar deberá decidir qué delitos atribuye a los sospechosos, que pueden incluir los de malversación, robo y extravío, según señaló la institución en un comunicado. La comandancia del Ejército pidió a la justicia militar la cárcel de seis investigados por sospechar que tienen contactos con el crimen organizado.
Por el robo de armas el teniente coronel Rivelino Barata de Sousa Batista fue destituido de su cargo de director del Arsenal de Guerra, y en su lugar fue designado el coronel Mario Vargas Junior. La decisión fue tomada por el jefe del Ejército, el general Tomás Paiva, quien fue nombrado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva luego del intento de golpe de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro el pasado 8 de enero.
El jefe del Estado Mayor del Comando Militar del Sudeste, Mauricio Vieira Gama, dijo en una entrevista reciente que todos los militares que contribuyeron al episodio recibirán un castigo ejemplar. «Tenemos varios militares del cuartel que por negligencia no actuaron en la gestión, control e inspección del material. Estas personas están siendo juzgadas administrativamente y podrían ser detenidas», planteó Vieira Gama.
Capacidad para derribar aviones
De las 21 metralletas perdidas, 17 ya fueron encontradas en los estados de San Pablo y Río de Janeiro, nueve de ellas de calibre 50, de uso exclusivo del Ejército y capaces de derribar aviones, y ocho de calibre 7,62. Una parte fue localizada en la favela de Gardenia, en la zona oeste de Río de Janeiro, ya que habrían sido vendidas a la organización narco Comando Vermelho.
Según el secretario de Seguridad de San Pablo, Guilherme Derrite, otras fueron ofrecidas al PCC, el grupo criminal más grande de Brasil. La Secretaría de Seguridad Pública paulista informó que las armas estaban en San Roque, en la ruta municipal Emil Scaff. Al llegar al lugar la policía fue recibida a tiros por dos hombres que lograron escapar por una zona boscosa.
Después de que se detectara el robo durante una revisión hace más de dos semanas, a los casi 500 soldados de la base se les confiscaron los teléfonos celulares y se les prohibió salir del cuartel. Aunque el Ejército informó desde un inicio que las ametralladoras eran inservibles, el robo despertó la alarma de las autoridades civiles ante la posibilidad de que un armamento con tanto poder de fuego pudiera terminar en manos del crimen organizado.
Las 21 armas desaparecidas representan el mayor «desvío» de arsenales públicos desde 2009 según el Instituto Sou da Paz, una ONG que estudia la violencia en Brasil y denuncia desde hace años los controles «precarios» sobre los almacenes militares y de la policía.
Página 12
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