La ONG Republican Action for Argentina solicitó la revocación del fallo por la expropiación de YPF, lo que llevó a la jueza Loretta Preska a pedir opinión a las partes involucradas.
La ONG Republican Action for Argentina (RAFA) presentó la semana pasada un recurso ante la jueza Loretta Preska, titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con el objetivo de que se revoque el fallo en el juicio por la expropiación de YPF. A partir de esta solicitud, la magistrada ordenó a las partes involucradas que expresen su opinión antes del martes.
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el gobierno argentino presentará una respuesta en la que reiterará ante los tribunales internacionales, en línea con la moción de Republican Action for Argentina, “su voluntad de que se esclarezcan los hechos” que rodearon la nacionalización de YPF en 2012.
“La respuesta expresará también la voluntad del Gobierno de colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto, sin que ello implique abandonar sus planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes en este caso”, expresaron fuentes oficiales.
Por su parte, la firma inglesa Burford Capital (beneficiarios del fallo YPF) dio varios argumentos defendiendo su postura. Entre ellos, señalaron que el tribunal de Preska ya ordenó una amplia producción de pruebas a lo largo de este extenso proceso. La empresa indicó que “este asunto (en referencia al fallo) ha estado pendiente durante casi una década, y RA4ARG no ofrece ninguna explicación legítima sobre por qué esperó tanto tiempo -casi un año y medio después de que el Tribunal dictara sentencia sobre el fondo del caso- para solicitar su intervención”.
El especialista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, citó en su cuenta de X otros argumentos presentados por Burford Capital. “RA4ARG no presenta ningún argumento que demuestre que tiene un interés jurídicamente reconocible en las transacciones comerciales, la reestatización de YPF o los activos relacionados que están en el centro de este caso. En cambio, RA4ARG pretende actuar en defensa del interés público, quizás como un ‘querellante’, o fiscal privado, según el derecho argentino”, declararon.
Qué busca la ONG
El abogado Fernando Irazú, representante de Republican Action for Argentina, explicó que la petición busca que el Estado argentino e YPF respalden los argumentos de la ONG. “Es fundamental que se reconozca la gravedad de la situación y se protejan los derechos de los argentinos”, afirmó.
El pedido se basa en la supuesta existencia de irregularidades en el proceso de nacionalización de la petrolera, que finalmente terminó, años después, con la expropiación de la mayoría accionaria que estaba en manos de la española Repsol. El resto de los accionistas reclamaron que se debería haber realizado una oferta similar por sus tenencias, algo que no pasó.
El origen del conflicto
En 2012, el gobierno de Cristina Kirchner dispuso la expropiación del 51% de YPF que pertenecía a Repsol, sin lanzar una oferta pública de adquisición por las acciones restantes, como exigía el estatuto de la empresa. Sobre esta base, en 2015 Burford Capital y Eton Park iniciaron una demanda en Estados Unidos, argumentando que Argentina incumplió con sus obligaciones hacia los accionistas minoritarios.
En septiembre de 2023, Loretta Preska dictaminó que Argentina debía pagar USD 16.100 millones, de los cuales USD 14.400 millones correspondían a Burford Capital y USD 1.700 millones a Eton Park. La decisión se basó en la ausencia de una oferta pública de adquisición y en la consideración de que la expropiación generó un perjuicio a los accionistas.
El gobierno argentino, por su parte, mantiene su estrategia de apelación ante instancias superiores. La administración de Javier Milei considera que la condena impuesta por Preska es desproporcionada y que la Argentina cuenta con argumentos sólidos para reducir la suma o revertir el fallo.
El desenlace del caso dependerá de la respuesta que presenten las partes antes de la fecha límite establecida por la magistrada. Si bien la petición de la ONG logró que la jueza solicitara opiniones adicionales, su viabilidad dentro del proceso judicial sigue siendo incierta.
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