Carlos Beraldi explicó el ‘recurso de queja’ que planteó en el Máximo Tribunal vinculado a la causa Vialidad y afirmó que la ex mandataria “nunca tiene miedo”.
Carlos Beraldi, abogado defensor de la ex presidenta y titular del Partido Justicialista (PJ) Cristina Kirchner, aseguró que “no hay ninguna posibilidad de que vaya presa”, en referencia a la condena a seis años de prisión recibida por la causa Vialidad.
Desde la sede del PJ Nacional de la calle Matheu, Beraldi indicó que, desde que la asesora, “Cristina nunca tuvo miedo”, que sabe cuál fue su accionar como mandataria y que este proceso “existe porque ha hecho muchas reformas que no le perdonan”.
Asimismo, sostuvo que la afirmación que realizó el presidente Javier Milei, al manifestar que “va a ir presa”, indicó que es algo “grave dentro del manejo de causas judiciales” y que un Jefe de Estado tiene “prohibido” hacer.
«La Corte ya ha intervenido en la causa y no es que, solamente, está el recurso de la ex presidenta. Hay 10 recursos más que la Corte tiene que tratar, por lo cual, desde le punto de vista jurídico no hay ninguna posibilidad de que esto se resuelva entre gallos y medianoches… salvo que se trate esto de una operación política que nada tiene que ver con el derecho«, indicó.
Paralelamente, sostuvo que los jueces «no pueden tomar una posición acusadora como ocurrió en este expediente» y que se deben «corregir cuestiones de la fundamentación de la sentencia«, dado que carece de fundamentos jurídicos y «es grave«.
Por otra parte, sostuvo que esta causa, que empezó hace nueve años y donde se le imputó a la ex presidenta el haber llevado a cabo un manejo «discrecional» de fondos públicos, «asignándosele a la provincia de Santa Cruz más dinero que el que correspondía«, no contó
con pruebas que fundamentara esa acusación.
«En el juicio se demostró, sin duda, que ella, en primer lugar, no había asignado fondos de manera discrecional a ninguna provincia, porque esa es una decisión que surge de las leyes de presupuesto y que vota el Congreso de la Nación. En lo que se refiere específicamente a si se adjudicaban obras en condiciones irregulares, está más que definido que la (ex) Presidenta de la Nación jamás había tomado ningún tipo de atribuciones. No solamente por cuestiones fácticas: todos los testigos que vinieron al juicio dijeron que ella no había tomado ninguna intervención, porque se trata de fondos que se manejan desde un órgano que es autárquico como es la Dirección Nacional de Vialidad y, además, que se ejecutan en un órgano que es provincial, respecto de la cual la (ex) Presidenta no tiene ningún tipo de incidencia, ni puede tenerla«, detalló.
Beraldi, también hizo hincapié en que «la base de cualquier proceso judicial es que los jueces sean imparciales e independientes», pero si el Poder Ejecutivo se constituye en un expediente como querellante y actor civil, «como ocurrió en este caso durante el gobierno de Mauricio Macri» y los jueces que tienen que resolver esta causa «se reúnen y tienen encuentros privados con el Presidente de la Nación, eso impacta de manera directa sobre la violación de esta garantía»:
«No es se me ocurre a mí, sino que existen reglas internacionales que justamente definen este tipo de comportamiento«, añadió.
En la misma línea, recordó cuando una de estas situaciones tomó estado público, en la que medios de comunicación mostraron imágenes donde se veía al fiscal del caso y a los jueces en encuentros personales y privados con el ex presidente Macri.
«Nunca se trató de investigar, siquiera mínimamente, con algún grado de seriedad y responsabilidad, si esto se constituía una asignación de sobreprecios. No investigaron nada. Las pruebas las pedíamos nosotros y el tribunal las reconvertía en favor de la acusación. Pero hay una segunda cuestión que tiene que ver con que si las obras estaban bien o mal asignadas y era un problema de cartelización: es decir, si había otros empresarios que estaban implicados en esta cuestión. La primera presentación que hizo Cristina fue para que investiguemos a todas las empresas que intervienen en estas cuestiones y nos dijeron que no, que sólo no se investigaba a
Lázaro Báez», manifestó.
Para finalizar, recordó que, cuando se llegó el momento de dictar sentencia, dijeron que había sobreprecio «sin tener una pericia contable» y sin que las cuestiones de estos otros empresarios fuesen investigados.
«Es como una comedia de enredos, en donde el sentido común nos muestra que no estamos en un proceso judicial que revista mínimamente un grado de licitud y legitimación. Ahora, lo que queremos es que se aplique el derecho, que se tome la decisión que jurídicamente corresponde y es o que la absuelvan o que reenvíen el caso para que se desarrolle un nuevo juicio conforme a todas las garantías«, concluyó.
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