El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py resolvió hoy que los diputados y senadores nacionales que quieran visitar a la ex presidenta Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria deben autorización judicial para poder hacerlo.
El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py resolvió hoy que los diputados y senadores nacionales que quieran visitar a la ex presidenta Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria deben autorización judicial para poder hacerlo.
La respuesta es ante una presentación que legisladores nacionales de Unión por la Patria hicieron ayer ante el tribunal en la que señalaron que irían al departamento de San José 1.111 cuando quisieran.
“Dentro de nuestras facultades institucionales, venimos a informar a V.E. que concurriremos, de manera conjunta o alternada en cada oportunidad que consideremos necesaria, al domicilio donde se encuentra cumpliendo detención la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en tanto dicha situación reviste relevancia institucional, política y democrática para el espacio político al que pertenecemos y para la vida institucional del país”, señalaron los legisladores en su nota.
Junto con esa presentación, los abogados de la ex presidenta, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, le pidieron al tribunal que aclare cuál es el criterio que se iba a establecer para las visitas de diputados y senadores nacionales ya que por su rol tienen fueros e inmunidades parlamentarias.
El tribunal rechazó el planteo por “manifiestamente impertinente”. El juez Jorge Gorini recordó que cuando se le otorgó la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner se le impuso un régimen de visitas. Concretamente que debía presentar un listado con sus familiares, abogados, médicos y custodios que iban a poder ingresar al domicilio sin autorización judicial. Ese listado fue entregado esta semana. Y que para otra persona, la defensa debía pedir una autorización.
“Se advierte que los solicitantes pretenden que se establezca y adelante un criterio judicial sobre circunstancias futuras, extremo que resulta manifiestamente impertinente al exigir, en alguna medida, que el tribunal se expida en abstracto sobre cuestiones cuyos pormenores de momento desconoce”, contestó el tribunal que además sostuvo que el pedido de aclaración se hizo fuera de plazo.
El juez también recordó que ya se aclaró la semana pasada en la causa que las visitas -por fuera de los familiares, médicos, abogados y custodios- debían pedir autorización. “Presentadas que sean por los letrados las solicitudes pertinentes, en la forma de estilo y habitual, serán atendidas con la diligencia que cada caso amerite”, sostuvo Gorini.
El mismo criterio aplicó el tribunal para la nota de los diputados y senadores nacionales de Unión por la Patria y le remitió los escritos a la defensa de Cristina Kirchner.
Por otra parte, el tribunal oral recibió más de mil mails de personas que quieren ir a visitar a Cristina Kirchner. Fue luego que el lunes el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la ex presidenta en causas civiles, publicó en su cuenta de la red social “X” el correo electrónico del tribunal para que la gente pida autorización para ir a la domiciliaria.
El tribunal no contestará ninguno de esos pedidos porque deben ser solicitados por la ex presidenta y puso los correos a consideración de la defensa.
La discusión judicial por las visitas a Cristina Kirchner continuará. La defensa planteó que no debe tener ningún límite con pedidos de autorización porque no hay ninguna normativa que así lo establezca y le pidió al tribunal que reconsidere su decisión. El planteo fue rechazado y la defensa lo apeló.
Esa apelación fue aceptada y llegó a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que analizará el régimen de visitas que se le impuso a su prisión domiciliaria. Para eso, los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña convocaron a una audiencia para el próximo 7 de julio a las 12 horas para escuchar los argumentos de las partes. Luego de eso quedarán en condiciones de resolver.
Casación podría intervenir en otras apelaciones de la causa. Por un lado en el propio otorgamiento de la prisión domiciliaria. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se habían opuesto a que se la concedan y están en plazo para apelar. Por otra parte, la defensa de la ex mandataria puede hacer lo mismo con la decisión del tribunal oral que le colocó una tobillera electrónica.
Infobae -Por Martín Angulo
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