La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario denunció que se trata de «personas procesadas y sin condena» y señaló que el 94% de los fallecidos «no tenía perfil de pandillero».
Desde el comienzo del régimen de excepción en El Salvador en marzo de 2022, 427 personas detenidas murieron en los centros penales, según informó la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
A través de una publicación en X, la ONG comunicó: «Lamentamos informar que la cifra de muertes en centros penales sube a 427», escribió la organización que brinda acompañamiento jurídico a familiares de detenidos y señaló que, de acuerdo con su información, «se trata de personas procesadas y sin condena».
En ese sentido, el SJH señaló que el 94% de los fallecidos «no tenía perfil de pandillero» y advirtió que podría haber más de 1.000 muertes bajo custodia del Estado aunque «se tiene información que se quieren ocultar en los juicios masivos».
La reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa permite que se realicen procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandilla. De esta manera, se eliminan los procesos individuales.
Si bien todavía no hubo ninguna sentencia bajo este procedimiento, organizaciones de derechos humanos señalan que «vulnera y violenta el derecho al debido proceso» de las personas investigadas.
Cómo es el régimen de excepción que rige en El Salvador hace más de tres años
En marzo de 2022, se aprobó en El Salvador un régimen de excepción que suspende las garantías constitucionales con el fin de avanzar contra los crímenes de las pandillas, que en ese entonces habían matado a 80 personas en tres días. El sistema se extendió 40 veces por períodos de 30 días a pedido del gobierno de Nayib Bukele.
Desde el comienzo de este régimen, hubo 87.100 detenciones de presuntos pandilleros o de personas vinculadas a las bandas. El propio gobierno admitió que alrededor de 8.000 serían inocentes.
A pesar de haber logrado combatir a las pandillas, organizaciones humanitarias recibieron más de 6.400 denuncias por atropellos a derechos humanos como detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta duración.
Analistas y organizaciones advierten que este régimen se mantiene como un «mecanismo de control social y para perseguir a voces críticas del Ejecutivo de Bukele».
Ámbito
-
-
-
-
-