La denuncia fue interpuesta ayer por la ministra Patricia Bullrich por violación a la ley de inteligencia nacional.
El juez federal Julián Ercolini corrió vista al fiscal Carlos Stornelli para que determine si corresponde abrir o no la investigación originada en una denuncia del Ministerio de Seguridad por supuesto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La denuncia fue interpuesta ayer por la ministra Patricia Bullrich por violación a la ley de inteligencia nacional en la que, además, pidió entre otras medidas el allanamiento de periodistas y medios de comunicación por la difusión de grabaciones efectuadas a la hermana del presidente.
Stornelli ahora debe decidir si impulsa la presentación de Bullrich que sostuvo que los hechos denunciados «forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno nacional», en referencia a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Y que fueron: “mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520″.
Bullrich solicitó al juez la adopción de una medida cautelar urgente, “tendiente a evitar que se profundice el daño y que se propaguen nuevas filtraciones ilícitas”.
Entre las medidas, la ministra Bullrich pidió insólitamente que se ordene el allanamiento y secuestro forense en las oficinas y estudios de Carnaval Stream, que se incauten servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups, planillas de programación y toda documentación relativa a la recepción y difusión del material sobre Karina Milei. Y que se dispongan allanamientos en los domicilios de Jorge Rial, Mauro Federico, entre otros, por la difusión de los audios.
La medida solicitada fue criticada por arbitraria por abogados constitucionalistas y juristas que consideran que se trata de un pedido ilegal contrario a la libertad de prensa y de expresión, y que constituye un acto de censura previa.
Paralelamente, otro juez del fuero Civil y Comercial, Alejandro Maraniello, dictó una medida cautelar prohibiendo la difusión de nuevos audios. El Ministerio de Seguridad consiguió esa medida acudiendo de manera llamativa a un juez que no tendría competencia para dictar este tipo de resoluciones.
Ámbito -Por Vanesa Petrillo
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