Tras la declaración de rebeldía, la Justicia ordenó la captura del exmandatario, además de establecer el arraigo migratorio y otras restricciones judiciales. Actualmente, Morales permanece en la región cocalera del Chapare.
El expresidente de Bolivia Evo Morales fue declarado este lunes en rebeldía por un tribunal de Tarija tras ausentarse a la audiencia de apertura del juicio en el que está acusado por el presunto delito de trata agravada de personas. La decisión judicial incluyó una orden de captura y restricciones migratorias contra el líder del MAS.
La medida fue dispuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Tarija, presidido por el juez Carlos Oblitas, luego de que ni Morales ni sus abogados se presentaran a la audiencia. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, sostuvo que “se han cumplido todas las formalidades de rigor” para avanzar con la apertura del juicio oral.
Tras la declaración de rebeldía, la Justicia ordenó la captura del exmandatario, además de establecer el arraigo migratorio y otras restricciones judiciales. Actualmente, Morales permanece en la región cocalera del Chapare.
La investigación apunta a una presunta relación del expresidente con una menor de edad durante su gestión de gobierno, con quien habría tenido una hija. Si bien Morales nunca negó públicamente el vínculo, su entorno insiste en que se trata de un “montaje” político y judicial.
El fiscal asegura tener una “base sólida” para sostener la acusación contra Evo Morales
El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, aseguró que el Ministerio Público reunió una “base sólida” para sostener la acusación. “Se han logrado recolectar más de 170 pruebas en contra del exmandatario que sustentan la acusación de trata agravada”, afirmó.
Por su parte, la defensa de Morales justificó la ausencia del dirigente al sostener que hubo irregularidades en la notificación judicial. El equipo jurídico encabezado por el exprocurador Wilfredo Chávez denunció que el proceso forma parte de una “persecución política” impulsada para desviar la atención de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.
En la misma línea, el abogado Nelson Cox cuestionó el accionar del tribunal y afirmó que no se están respetando los “estándares internacionales”. Además, remarcó que la causa comenzó en 2024 durante el gobierno de Luis Arce y consideró que existe una “instrumentalización de la justicia” contra el exmandatario.
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