La moción presentada por la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici obtuvo 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones, por lo que el cuerpo no llegó a votar el contenido de la iniciativa.
La Cámara de Diputados resolvió devolver a comisión el proyecto de ley de endeudamiento familiar durante la madrugada de este jueves, luego de una extensa sesión atravesada por negociaciones y diferencias entre el oficialismo y la oposición. La moción presentada por la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici obtuvo 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones, por lo que el cuerpo no llegó a votar el contenido de la iniciativa.
La decisión postergó el tratamiento de una de las propuestas destinadas a responder a las dificultades que enfrentan los hogares para pagar sus compromisos financieros. El debate había quedado para el tramo final de la sesión, después de más de 15 horas de actividad parlamentaria, y terminó sin un acuerdo que permitiera avanzar con alguna de las alternativas presentadas.
La discusión enfrentó dos enfoques. Por un lado, el dictamen impulsado por La Libertad Avanza y acompañado por aliados del PRO y la UCR priorizaba la transparencia en el otorgamiento de créditos, el acceso a la información y la educación financiera. Por otro, los proyectos de la oposición planteaban medidas concretas para aliviar la carga de los deudores con mayores dificultades de pago.
Dos propuestas para abordar el endeudamiento
El proyecto del oficialismo, denominado ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores, apuntaba a establecer reglas comunes para las entidades que otorgan préstamos y las personas que acceden al financiamiento.
Entre sus principales ejes figuraban la obligación de brindar información detallada sobre las condiciones de los créditos, la posibilidad de precancelar deudas, la trazabilidad de las obligaciones financieras y el acceso gratuito al perfil de riesgo de los usuarios en bancos y plataformas.
Durante la presentación del dictamen, el diputado libertario Santiago Pauli defendió la iniciativa como una herramienta para mejorar las condiciones de acceso al crédito. La propuesta, sin embargo, no contemplaba establecer topes a las tasas de interés ni un régimen extraordinario de refinanciación para los deudores en situación crítica.
La oposición impulsaba una alternativa de mayor intervención. La iniciativa promovida por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica proponía declarar la emergencia por 180 días y habilitar un régimen voluntario de regularización para personas con atrasos superiores a los 60 días.
El esquema contemplaba refinanciar las obligaciones en un mínimo de 12 cuotas, con un límite para que el pago mensual no superara el 30% de los ingresos del deudor. El acceso al régimen alcanzaría a quienes registraran deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, equivalentes a $3.265.010 según los valores consignados durante el debate.
La propuesta también establecía límites para los intereses compensatorios y contemplaba la condonación total de los intereses punitorios, sin eliminar el capital adeudado. Además, incorporaba disposiciones sobre cobranzas abusivas, portabilidad financiera y educación financiera.
El debate quedó pendiente
La devolución a comisión impidió que la Cámara baja definiera cuál de los dos enfoques reuniría respaldo para avanzar. La decisión tampoco implica el rechazo definitivo de las iniciativas, que podrán continuar su discusión en el ámbito parlamentario.
El resultado dejó sin una resolución legislativa inmediata a un problema que había ingresado en la agenda del Congreso a partir de las dificultades de numerosas familias para afrontar préstamos personales, saldos de tarjetas de crédito y obligaciones contraídas mediante billeteras virtuales.
Con la sesión ya avanzada y sin consenso sobre el alcance de las medidas, el oficialismo consiguió frenar el tratamiento en el recinto por una diferencia estrecha. La discusión sobre el endeudamiento familiar deberá regresar ahora a comisión, sin una fecha confirmada para una nueva votación.
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