El organismo financiero emitió un comunicado donde informa que elevaron a la SIGEN y a la Oficina Anticorrupción todos los documentos vinculados al acuerdo con el FMI que firmó la administración de Mauricio Macri.
En el discurso que el presidente Alberto Fernández dio ante la Asamblea Legislativa anunció que se iniciará una «querella criminal» destinada a determinar delitos en el endeudamiento con el FMI que asumió el país durante la administración de Mauricio Macri. Ante esto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió un comunicado en donde informaron que elevaron toda la documentación vinculada a dicho acuerdo para determinar si generaron perjuicio al Estado.
Según se especifica en el texto, el organismo financiero pidió “la realización de una auditoría específica” de la documentación, que se presentaron ante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción, para evaluar las “responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI” en 2018 y “determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público”.
Entre la documentación aportada está el informe sobre las actuaciones tramitadas en el Ex Ministerio de Hacienda de la Nación y el Informe de «Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 – 2019.
En el pedido de investigación se sostiene que los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el Fondo Monetario “resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI”, sostiene el comunicado del BCRA.
Además, especificaron que: «La administración de Macri no cumplió y recién tomó medidas de contención de dicha fuga en octubre de 2019, permitiendo una salida de divisas, cuantitativamente muy importante».
«Con la documentación presentada, la SIGEN y la Oficina Anticorrupción deberán determinar si existieron los incumplimientos, la existencia de perjuicio para el patrimonio público y las responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI durante el año 2018», finaliza el documento.
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