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«Ante el recrudecimiento de la pandemia y los nuevos anuncios del Gobierno, la Alcaldía de París lamenta tener que anular todas las fiestas previstas en los Campos Elíseos el 31 de diciembre», informó un comunicado de las autoridades de la capital francesa.

La Alcaldía de París anunció que anula el espectáculos de fuegos artificiales y los conciertos previstos en los Campos Elíseos en fin de año para cumplir las medidas del Gobierno destinadas a luchar contra el coronavirus, en medio de rebrotes en Europa y el avance de la variante Ómicron.

«Ante el recrudecimiento de la pandemia y los nuevos anuncios del Gobierno, la Alcaldía de París lamenta tener que anular todas las fiestas previstas en los Campos Elíseos el 31 de diciembre», informó un comunicado de las autoridades de la capital francesa.

«No habrá fuegos artificiales y los DJs lamentablemente no podrán tocar este año», agregó la fuente, según la agencia de noticias AFP.

En 2020, se habían cancelado todas las festividades para las fiestas navideñas debido al toque de queda impuesto para luchar contra la pandemia, que solo se levantó para la Nochebuena.

El anuncio llega un día después de que el primer ministro, Jean Castex, pidiera a los Ayuntamientos abstenerse de celebrar conciertos y fuegos artificiales la noche del 31 de diciembre, fecha en que además estará prohibido el consumo de alcohol en la vía pública.

«Estarán prohibidas las reuniones, el consumo de alcohol en la vía pública e invitaremos a los municipios a renunciar a los fuegos artificiales», detalló Castex y agregó: «Cuantos menos seamos, menos riesgos correremos», informó la agencia de noticias Europa Press.

Asimismo, abogó por promover la vacunación y precisó que para ello están insistiendo en el uso de un «carnet de vacunación» cuyo proyecto de ley se presentará en el Parlamento a principios del año que viene.

La próxima semana se iniciará una consulta preliminar sobre este proyecto legislativo y sobre «cualquier otra disposición útil para extender la vacunación en la medida de lo posible», agregó el jefe de Gobierno francés.

El mandatario estableció el 4 de enero como fecha límite para que las empresas con más de 100 empleados garanticen la inmunización completa de sus trabajadores.

Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos restableció en las últimas horas un mandato del gobierno de Joe Biden para que las grandes empresas requieran vacunas anticovid a sus empleados, después de que la medida fuera suspendida hace un mes por otro fallo judicial.

El mandatario estableció el 4 de enero como fecha límite para que las empresas con más de 100 empleados garanticen la inmunización completa de sus trabajadores, una norma que, según la Casa Blanca, afectaría a más de dos tercios de la fuerza laboral del país.

El fallo dado a conocer en las últimas horas del viernes por la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito elimina una suspensión anterior, lo que permite que la orden de vacunas avance, aunque es probable que el asunto llegue a la Corte Suprema.

La jueza Jane Stranch no se pronunció sobre el mérito último de la orden, pero dictaminó que tenía el potencial de ser considerada válida para proteger a los trabajadores estadounidenses del coronavirus.

El tifón Rai pasó el viernes por la noche en el Mar del Sur de China después de arrasar las provincias de las islas centrales y del sur, donde más de 300.000 personas fueron evacuadas a un lugar seguro.

El tifón más fuerte que azotó este año a Filipinas dejó un saldo de al menos 33 muertos, indicaron este sábado las autoridades locales, mientras decenas de personas continúan desaparecidas.

En la provincia de Negros Occidental, un responsable del área de gestión de desastres confirmó la muerte de 13 personas, la mayoría de ellas ahogadas, y agregó que otras 50 están desaparecidas en zonas inundadas. “Empezamos a instar a la gente a evacuar desde el miércoles, pero muchos se mostraban reacios a hacerlo”, dijo a la AFP ese funcionario, Salvador Mesa.

El poderoso tifón destruyó la red eléctrica y las comunicaciones en provincias enteras y provocó una destrucción generalizada, principalmente en el centro de Filipinas, dijeron las autoridades este sábado.

El tifón Rai pasó el viernes por la noche en el Mar del Sur de China después de arrasar las provincias de las islas centrales y del sur, donde más de 300.000 personas fueron evacuadas a un lugar seguro.

En su punto más fuerte, los vientos sostenidos de Rai alcanzaron 195 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 270 km/h), una de las más poderosas en los últimos años en golpear el archipiélago del sudeste asiático propenso a desastres, que se encuentra entre el Océano Pacífico y el Mar del Sur de China. El tifón azotó la costa sureste del país el jueves, pero el alcance de las víctimas y la destrucción permaneció incierto dos días después porque provincias enteras se quedaron sin electricidad y conexión de telefonía celular.

Las autoridades de las islas Dinagat, una de las primeras provincias azotadas por los feroces vientos del tifón, permanecían aisladas el sábado debido a la caída de las líneas eléctricas y de las comunicaciones. La gobernadora, Arlene Bag-ao, informó en el sitio web de la provincia que la localidad de alrededor de 180.000 habitantes “había sido arrasada”. Pidió comida, agua, refugios temporales, combustible, kits de higiene y suministros médicos. Dijo que hasta ahora solo se han reportado unas pocas víctimas en la capital porque otras ciudades permanecen aisladas.

“Es posible que hayamos sobrevivido, pero no podemos hacer lo mismo en los próximos días debido a nuestras limitadas capacidades como provincia insular”, dijo Bag-ao, y agregó que algunos de los hospitales de Dinagat no pudieron abrir debido a los daños. “La mayoría de nuestros buques comerciales y de carga ahora no son aptos para viajes por mar, lo que nos separa del resto del país”.

Las autoridades sanitarias dispusieron el aislamiento de otras 21 personas que fueron contacto estrecho del primer caso detectado.

El segundo caso de contagio de coronavirus con la variante Ómicron en la provincia de Santa Fe fue confirmado este sábado y se trata de un contacto estrecho de la primera paciente detectada con esa cepa, informó el Ministerio de Salud local.

El segundo caso afecta a una mujer de 44 años que había recibido dos dosis de la vacuna para el coronavirus y que cursa la enfermedad en su domicilio, señaló la cartera en un comunicado.

La paciente reside en la localidad santafesina de Roldán, ubicada a 25 kilómetros al oeste de Rosario y fue uno de los contactos estrechos del primer contagio que se produjo en la provincia con la variante Ómicron.

«Esta persona se encontraba aislada de acuerdo al protocolo vigente”, detalló la cartera sanitaria en el comunicado, para agregar que “con este caso, la provincia de Santa Fe registra dos personas contagiadas con la cepa Ómicron de Covid-19».

El primero fue reportado el miércoles pasado en una mujer que vive en la ciudad de Rosario y tenía antecedentes de viaje a Estados Unidos.

De acuerdo a la información oficial, la mujer, de 40 años, llegó al país el 6 de diciembre y el 8 fue diagnosticada con coronavirus ante la aparición de síntomas compatibles con esa enfermedad.

Los resultados del test de PCR positivo fueron enviado para su secuenciación genética, que arrojó como resultado que se trata de la variante Ómicron de la enfermedad.

Según el Ministerio de Salud, ambas pacientes cursan formas leves de la enfermedad, por lo que están aisladas en sus domicilios.

A la vez, las autoridades sanitarias dispusieron el aislamiento de otras 21 personas que fueron contacto estrecho del primer caso detectado.

El tribunal Penal Internacional resolvió avanzar con el caso en el que se analizan posibles delitos de lesa humanidad por parte del régimen chavista.

La Corte Penal Internacional (CPI) resolvió avanzar en su investigación contra Nicolás Maduro y el régimen chavista en Venezuela, que está acusado de una serie de violaciones a los derechos humanos por la violencia ejercida contra la oposición y la sociedad civil.

En principio, el régimen de Maduro ya habría sido notificado de la decisión de la CPI, cuyo fiscal jefe, Karim Khan

El fiscal jefe de la CPI había anunciado la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial a Caracas el pasado 3 de noviembre, e hizo público al mismo tiempo un memorándum de entendimiento con el Gobierno, que firmó conjuntamente con Nicolás Maduro.

La CPI, con sede en La Haya, abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas que dejaron un centenar de muertos un año antes.

La justicia venezolana ha imputado a unos 150 efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017, según el Ministerio Público. La oposición considera que estas acciones se tomaron únicamente evitar el proceso judicial internacional.

Víctimas y activistas ven “una puerta a la justicia” en investigación de la CPI en Venezuela

El país caribeño vive su “peor” período de violaciones de derechos humanos en los últimos 30 años, dijo Rafael Uzcátegui, sociólogo y director de la ONG Provea, premiada este viernes en Caracas.

“Hoy estamos en la peor situación de derechos humanos en los 33 años de existencia de Provea, no solamente por ausencia de democracia, sino por la crisis económica, que ha llevado a la pobreza a niveles que habían sido desconocidos en los últimos 40 años”, indicó Uzcátegui al recibir en la embajada de Francia en la capital venezolana un premio franco-alemán por el Día Internacional de los Derechos Humanos.

El director de Provea (Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos) habló de los riesgos que corren los defensores de derechos humanos, especialmente los activistas locales con menos cobertura mediática que él.

“Este año tuvimos un logro triste, que es que la Corte Penal Internacional (CPI) haya iniciado una investigación sobre Venezuela” por la represión de las protestas antigubernamentales de 2017 y los opositores que están en prisión, agregó.

En tanto, sotuvo: “Hay autoridades que saben que los defensores (de derechos humanos) y quienes hemos acompañado a las víctimas tenemos una gran responsabilidad en que eso se haya logrado y seguramente en algún momento querrán cobrar esa factura”.

Uzcátegui subrayó en particular que Provea ha sido acusada de “narcotráfico y blanqueo de capitales”, señalamientos que calificó de “delirantes”.

Sin embargo, el activista celebró que la acción de las ONG haya ayudado a la liberación de detenidos y a una actuación “menos represiva” de fuerzas policiales y militares ante manifestaciones en los últimos tiempos.

“Como otros países de la región han superado situaciones muy difíciles, los venezolanos también lo vamos a hacer”, aseveró.