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La medida fue oficializada por medio del decreto 799, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El Poder Ejecutivo nacional oficializó hoy la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso, hasta el 31 de diciembre próximo.

La medida fue oficializada por medio del decreto 799, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

La prórroga había sido adelantada este martes a la tarde por la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, quien informó la decisión del presidente Fernández, como así también la prórroga de la Ley Indígena.

«En las extraordinarias el Ejecutivo fija el temario y en el caso de las sesiones ordinarias, que es lo que va a suceder, se prorroga hasta el 31 de diciembre para que las fuerzas políticas en el Congreso fijen su propio temario, sus prioridades», explicó ayer Cerruti.

El Decreto 799/2021, de dos artículos, indica que en uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional, el Presidente de la Nación Argentina establece en el primer enunciado: «Prorróganse las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación hasta el 31 de diciembre».

De esta manera, muchos proyectos serán tratados con la nueva composición del cuerpo, con los diputados y senadores electos el domingo pasado y que asumirán el 10 de diciembre venidero.

Fuentes oficiales señalaron que desde el Poder Ejecutivo se enviará para incluir «todo lo vinculado a desarrollo productivo, actividad industrial y creación de empleo».

Además se buscará el tratamiento del Presupuesto 2022, que fue enviado por el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre pasado para que sea debatido en comisión.

A través del Decreto 796/2021, el gobierno impone una regulación y las operaciones con criptomonedas serán alcanzadas con el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

El Gobierno nacional resolvió incluir a las operaciones con criptomonedas entre las que están comprendidas por el gravamen sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, comúnmente denominado impuesto al cheque. Lo hizo a través del Decreto 796/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial, y que introduce cambios a la Ley de Competitividad, que creó el impuesto al cheque a comienzos de 2001.

El decreto recordó que, a fines de octubre del año pasado, el Banco Central estableció un nuevo marco de funcionamiento para extender las transferencias electrónicas, y a través de la Comunicación A 7153 actualizó el Sistema Nacional de Pagos y estableció lo que se conoce como Transferencias 3.0. Asimismo, el Central estableció que la implementación de la fase 1 debía estar completamente operativa, como máximo, el 7 de diciembre de 2020 y dispuso el 29 de noviembre de este año como fecha límite para la implementación del resto de las fases necesarias.

Como consecuencia de ello, el decreto consideró «necesario adecuar la normativa relativa al tratamiento impositivo de los nuevos actores y roles». Además, estimó que «deben actualizarse y armonizarse las exenciones para las cuentas de empresas que brindan el servicio de procesamiento y liquidación de pagos de terceros a través de diversos medios electrónicos, ya sea presencial como no presencial, tanto para el cobro de impuestos y servicios públicos, como de bienes y servicios».

También indico que «corresponde introducir ciertas aclaraciones en determinadas exenciones allí contempladas de manera de despejar cualquier duda interpretativa que pudiera suscitarse». En ese sentido, puntualizó que «el Estado tiene la obligación de resguardar un tratamiento fiscal igualitario, en este caso para aquellos Proveedores de Servicios de Pago (PSP) que cumplan funciones similares como agentes de liquidación y retención de impuestos, ya sea nacionales, provinciales o municipales».

En este contexto, sostuvo que «resulta prudente limitar las exenciones vigentes en el caso de intervenir determinados instrumentos, tales como monedas digitales o similares». «Las exenciones previstas en este decreto y en otras normas de similar naturaleza no resultarán aplicables en aquellos casos en que los movimientos de fondos estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares», concluyó el decreto.

La Argentina es uno de los países de Latinoamérica donde, en el último tiempo, se incrementaron las operaciones en criptomonedas. Según cifras oficiales se encuentran abiertas al menos 2 millones de cuentas. En ese marco, la AFIP comenzó a mirar de cerca a los inversores.

Para las personas físicas:

• Comisiones generadas por compra y venta de criptomonedas (21%-IVA). Por lo tanto, si una persona humana cobra una comisión generada por una operación de moneda digital, en ese caso sí estará alcanzada por el Impuesto al Valor Agregado.
• Ganancias vinculadas a la diferencia entre compra y venta: se pagará Impuesto a las Ganancias. En el caso de que la operación se haga en el país, la AFIP la considera renta de fuente argentina. Si no, será renta de fuente extranjera.
• Bienes personales: las criptomonedas están consideradas como activo y abonan el gravamen si en conjunto con otros activos, superan el mínimo no imponible. En este caso, es importante destacar que la AFIP realiza una diferenciación en dónde se generaron (o minaron) las criptomonedas. Así, si se trata de sociedades (mineras) que están constituidas en el país, serán consideradas como de fuente argentina. De lo contrario, habrá que considerar a las criptomonedas como del exterior.

Para las exchanges:

• Por prestación de servicio: estas empresas sí están alcanzadas por el Impuesto al Valor Agregado. De igual manera, los ingresos que las empresas de criptomonedas generan al cobrar las comisiones por las gestiones de los operadores, se encuentran gravados en el Impuesto a las Ganancias reglamentado.
• Fuente Ámbito

«Las amenazas de bomba siguen activas, especialmente de atacantes suicidas», avisó un vocero de la Policía quienes, además, frustraron un posible ataque contra un tercer objetivo.

Dos explosiones sacudieron este martes a Kampala, la capital de Uganda, causando la muerte de al menos tres atacantes suicidas y tres civiles y decenas de heridos, en un ataque que fue reivindicado horas más tarde por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), tal como supuso rápidamente la Policía.

La organización radicalizada confirmó que el atentado fue llevado a cabo por tres atacantes suicidas.

En un comunicado publicado en sus canales de Telegram, el EI indicó que el primer ataque tuvo como objetivo la sede de la policía y el segundo ocurrió cerca de la sede del parlamento, que iba a reunirse.

«Las amenazas de bomba siguen activas, especialmente de atacantes suicidas», alertó el vocero de la Policía Fred Enanga, quien culpó de las explosiones a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo extremista islámico.

Las explosiones ocurrieron con tres minutos de diferencia.

Un posible ataque contra un tercer objetivo fue frustrado por la Policía que persiguió y desarmó a su presunto autor, informó Enanga.

Una de las explosiones ocurrió cerca de una estación de Policía y la otra en una calle cercana al Parlamento, la cual provocó un incendio que alcanzó a los autos estacionados en las inmediaciones, informó la agencia de noticias AFP.

Al menos cinco de los 33 heridos, que fueron trasladados al principal hospital público de la ciudad, están en grave estado.

Uganda estaba en alerta desde hace varias semanas después de que se sucedieran una serie de episodios de este tipo.

Para acceder a la misma, se requerirá al contribuyente el pago de los meses de septiembre, octubre y noviembre, ya que las deudas exigibles corresponden hasta el 31 agosto de 2021.

El director de Rentas de la Municipalidad de la Capital, CPN. Emilio Moreno, informó que hasta el próximo 30 de noviembre se encontrará en vigencia la Moratoria 2021 a la que se pueden adherir aquellos vecinos que deseen regularizar deudas de tasas municipales.

Para acceder a la misma, se requerirá al contribuyente el pago de los meses de septiembre, octubre y noviembre, ya que las deudas exigibles corresponden hasta el 31 agosto de 2021.

El funcionario sostuvo que «la moratoria se puso en vigencia por iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación económica reinante producto de la emergencia sanitaria mundial, y que ha afectado sensiblemente a la actividad económica en general. Esta decisión incluye la posibilidad de acogerse a un plan de facilidades de pago».

Subrayó que la medida “redundará en una mayor recaudación que podrá ser destinada a la ejecución de obras y prestación de servicios a favor de los vecinos”.Por mayor información y cualquier tipo de consultas se pueden realizar en Independencia 236 P.B., en los horarios de atención de 7:30 a 13 y de 14:30 a 20.

También pueden comunicarse por WhatsApp al 3855146647; al correo electrónico rentas @santiagociudad.gov.ar o bien a la línea telefónica 0385-4229811, además del sitio web www.dgrmsantiagociudad .gob.ar.

Los contribuyentes también podrán iniciar el trámite y adherirse en las oficinas de la Dirección de Rentas ubicadas en los Centros Operativos N° 1 del Ejército Argentino, N° 6 del Autonomía, N°4 del Reconquista y N°9 de Los Flores, durante el turno mañana.