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Los vecinos podrán realizar los reclamos sobre irregularidades en los precios de los productos al teléfono : 4229829 o de manera presencial el las oficinas de la institución en Urquiza 342.

La Defensoría del Pueblo de la ciudad Capital, dio conocer en conferencia de prensa, la resolución de adherir a la decisión del gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora, con respecto a la firma del Control de Precios de más de 1.400 productos, iniciativa que impulsa el gobierno de la Nación.

Al respecto el Defensor de Pueblo de Capital, Lic. Luis Ger afirmó: » Adherimos lo que el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora firmó a nivel nacional con respecto al control de los productos congelados, nosotros creemos que esto lo tiene que hacer la Defensoría del Pueblo, de hecho lo está haciendo la Defensoría del Pueblo de la provincial de Bs. As. y otras, en el sentido de defender los derechos de los vecinos, derechos que se vulneran cuando los precios se exageran».

En cuanto a la metodología de control el Lic. Ger refirió: » Tenemos miedo que se produzcan algunos desabastecimientos, por lo tanto vamos a controlar no solamente los precios estipulados hasta el 7 de enero, sino también controlar las existencias de los productos en las góndolas de los grandes supermercados vamos a empezar seguramente el día lunes por que tenemos que instruir a todos los empleados de la institución que van a estar abocados a la tarea, vamos a poner un número de teléfono para recibir los reclamos de los vecinos, será el 4229829 que será exclusivo para recibir los reclamos por sobreprecios».

Ante el incumplimiento de los precios Ger afirmó: «elevaremos la pertinente denuncia a Industria y Comercio, ante el gobierno de la provincia y la denuncia pública, para que también el usuario tome conciencia de los lugares donde comprar».

En la oportunidad se resaltó que los vecinos pueden realizar los reclamos por irregularidades en los precios de manera presencial directamente en las instalaciones de la institución en Urquiza 342, además de la línea telefónica de reclamos.

El nuevo nombre no cambia nada los servicios principales de ninguno de ellos. De hecho se sumará uno más, el metaverso.

El cambio de marca se dio a nivel corporativo y empresarial pero no afectará el funcionamiento de ninguna de las redes sociales que tiene la compañía. En otras palabras: tu cuenta de Facebook no se va a convertir en una cuenta de Meta.

La compañía que dirige la red social Facebook se llamará Meta, pero Facebook seguirá siendo Facebook, asi como Instagram, WhatsApp, Oculus y otros permanecerán sin cambios. El nuevo nombre no cambia nada los servicios principales de ninguno de ellos. De hecho se sumará uno más, el metaverso.

El concepto «meta puede significar más allá, y encierra nuestro compromiso con la construcción de tecnologías sociales que nos lleven más allá de lo que hoy es posible a través de la conexión digital», explicó Mark Zuckerberg este jueves.

«Estoy orgulloso de lo que hemos construido hasta ahora y entusiasmado por lo que vendrá, cuando vayamos más allá de lo que hoy es posible, más allá de las limitaciones de las pantallas, más allá de los límites de la distancia física, y hacia un futuro en el que todos puedan estar presentes entre sí, crear nuevas oportunidades y vivir nuevas experiencias», afirmó Zuckerberg.

Para el creador de Facebook, «el metaverso será social, un espacio virtual 3D donde podrás compartir experiencias envolventes con otras personas -inclusive cuando no sea posible estar juntos físicamente-, y realizar actividades juntos que no serían posibles en el mundo real».

La iniciativa, que contó con el apoyo del oficialismo y de la oposición, busca eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes, en su conjunto, resulten en un valor igual o inferior a los ocho millones de pesos.

El Senado de la Nación aprobó esta tarde, y giró a la Cámara de Diputados, un proyecto que modifica el artículo 24 de la Ley Impuestos a los Bienes Personales y permitirá incrementar el mínimo no imponible para que una menor cantidad de contribuyentes se encuentre comprendido en el pago de este tributo.

La iniciativa, que contó con el apoyo del oficialismo y de la oposición, busca eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes, en su conjunto, resulten en un valor igual o inferior a los seis millones de pesos.

El proyecto inicial contemplaba un monto igual o inferior a ocho millones de pesos, cifra que a partir del consenso alcanzado entre las distintas fuerzas fue reducido a 6 millones de pesos.

En la actualidad el límite es de dos millones de pesos.

En tanto, los inmuebles destinados a casa-habitación no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado resulte igual o inferior a treinta millones de pesos, un monto que en la actualidad es de 18 millones de pesos.

Además, los valores del nuevo límite se actualizarán automáticamente en diciembre de cada año en base a la variación del índice de precios al por mayor nivel general elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El proyecto, presentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el cordobés Carlos Caserio, fue modificado tras la emisión del dictamen y antes de la votación en el recinto.

Originalmente, la iniciativa fijaba un piso en ocho millones de pesos como mínimo no imponible para conjunto de los bienes declarados por los contribuyentes y de cincuenta millones de pesos en el caso de la casa-habitación destinada a vivienda.

Al defender el proyecto en la sesión de hoy, el legislador cordobés remarcó que la actual Ley tiene un piso “insuficiente”.

“De no actualizar, comenzaríamos a gravar contribuyentes a los que no sería razonable hacerlo.

Cualquier familia que posea un coche chico y un terreno para construir su vivienda estaría tributando este impuesto. Es una cosa injusta. No solo deben ser justos y sensatos los impuestos, sino que deben ser aplicados en situaciones razonables”, explicó Caserio.

El legislador insistió en que “esta es una ley justa, sensata y que ayuda en momentos difíciles de la Argentina”.

“La situación económica está en recuperación, pero las familias aún están sufriendo”, remarcó el senador cordobés.

Además, Caserio puntualizó que con la reforma a la Ley de Bienes Personales “más de 600 mil personas no pagarán el tributo”.

A su turno, la senadora opositora Laura Rodríguez Machado, coterránea de Caserio, dijo que el interbloque de Juntos por el Cambio “siempre estará de acuerdo con proyectos de ley que traen un alivio fiscal al contribuyente”.

No obstante, afirmó que “este aumento del piso es escaso” y que “no alcanza porque, sacando números, cualquier ciudadano con un auto pequeño y sin tener casa propia, pagará Bienes Personales”.

“El número de una casa habitación equivale a los treinta mil dólares actuales. Es muy bajo el piso”, insistió la senadora cordobesa.

Además, Rodríguez Machado enfatizó que la modificación de Bienes Personales “es un reconocimiento expreso del bloque oficialista de que los argentinos somos cada vez más pobres”.

“Con tener un auto, un lavarropa, una heladera y un televisor, sin tener casa, se pasa a pagar Bienes Personales”, aseguró.

A su turno, el peronista disidente Juan Carlos Romero también dijo que “es una ley exigua”, aunque reconoció que “es un alivio” para los contribuyentes.

“Se ve que quienes manejan Hacienda están cuidando la caja, porque esto no es lo que propuso el senador por Córdoba originalmente”, dijo con tono irónico Romero al hacer referencia a los valores que tenía el proyecto que presentó a principios de octubre Caserio.

Para Romero, “es positiva la actualización” y agregó que “habiendo tanta inflación, lo mejor que tenemos que hacer es no tratar esto de manera tan repetida”.

Por último, el jefe del bloque del oficialismo, José Mayans, remarcó que el actual piso de “dos millones de pesos es una base que no corresponde”.

“Este es un aporte para contribuir al problema económico que tienen los trabajadores”, remarcó Mayans, tras lo cual agregó que “Argentina tiene un problema con los precios y, por eso, la pobreza se duplicó desde 2015”.

Fernández: «Corresponde relevar al imputado del deber de secreto y confidencialidad que establece la normativa vigente».

El presidente Alberto Fernández firmó este jueves por la noche el decreto para relevar al exmandatario Mauricio Macri del deber de guardar secreto sobre asuntos de inteligencia, un paso necesario para que el exjefe de Estado brinde declaración indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan, informaron fuentes oficiales.

A través del decreto 750, al que tuvo acceso Télam, el mandatario relevó a Macri de la «obligación de guardar secreto y confidencialidad, en el marco de la causa No 8559/20 caratulada ‘Iuspa Benítez, Nicolás y otros s/Averiguación de delito querellante: Mereles, Andrea Alejandra y otros'».

El jefe de Estado tomó esa determinación «visto el requerimiento formulado por el Juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Dolores, Provincia de Buenos Aires», en referencia al magistrado Martín Bava, «en el marco del legajo reservado FMP No 8559/2020/3 correspondiente a la causa No 8559/20 y lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 25.520, su modificatoria Ley N° 27.126».

En los considerandos, Fernández consignó que relevó al expresidente por su condición de «imputado de un delito de acción pública, y con el fin de posibilitar el pleno ejercicio del derecho de defensa del imputado, así como la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales».

«Corresponde relevar al imputado del deber de secreto y confidencialidad que establece la normativa vigente», completó Fernández.

La indagatoria a Macri por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan fue suspendida este jueves por la mañana a pedido de su abogado, quien consideró necesario que se le levantara a su cliente el deber de guardar secreto sobre asuntos de inteligencia.

La decisión de suspender la audiencia fue tomada por el juez Bava, luego de recibir el pedido verbal del abogado Pablo Lanusse y tras solicitar la opinión del fiscal Juan Pablo Curi, que fue favorable al planteo del exmandatario.