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A partir del 25 de agosto se habilitará la dirección de correo electrónico: inscripcionesinterior@ipvusde.gob.ar a los fines de llevar a cabo las inscripciones y actualizaciones de datos.

El Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) de Santiago del Estero comunica a los residentes de la ciudad de Villa Ojo de Agua (dpto. Ojo de Agua) que a partir del 25 de agosto del corriente año se encontrara habilitada la dirección de correo electrónico inscripcionesinterior@ipvusde.gob.ar a los fines de llevar a cabo las inscripciones y actualizaciones de datos en el registro único de demandantes de este organismo.

Asimismo, se recuerda a la comunidad que todos los trámites administrativos, incluidos los de inscripción y actualización de ficha, son personales (no se admiten gestores ni intermediarios) y solo se abona el arancel preestablecido para inscripción mediante depósito bancario en cuenta oficial que la institución registra en el banco Santiago del Estero.

El I.P.V.U. no se responsabiliza por pagos a terceros efectuados en forma indebida. Todo reclamo al respecto deberá ser canalizado por vía judicial, sin perjuicio de las acciones y derechos que le asisten a este instituto.

El pago correspondiente al mes de agosto se efectuará a partir del día lunes 30 de agosto desde las 08:00 hs.

El Ministerio de Economía de la Provincia de Santiago del Estero comunica a los empleados de la administración pública provincial que el pago de sueldos correspondiente al mes de AGOSTO, se efectuará a partir del día lunes 30 de agosto, desde las 8 hs. de la mañana.

Como ya se hizo una particularidad, y a los efectos de cumplir con el protocolo de distanciamiento social y de seguridad establecidos por la pandemia del Covid–19; el pago de los sueldos correspondiente al mes de agosto, se realizará teniendo en cuenta el último digito del DNI y el dinero estará disponible en los cajeros, a partir de las 8 hs., de acuerdo al siguiente cronograma:

Los DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 cobraran el lunes 30 de agosto.

Los DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9 cobraran el martes 31 de agosto.

Queda explícitamente aclarado que esta modalidad de pago se implementa para evitar la aglomeración de las personas en los cajeros y, así, poder respetar el distanciamiento social. De esta manera nos cuidamos entre todos.

Las obras se realizarán por medio de un convenio firmado entre el municipio y el gobierno de la provincia.

El Gobierno de la provincia a través de la Subsecretaría de Obras Públicas de ese ministerio y la Municipalidad de Pinto suscribieron un convenio por un total de 18 millones de pesos para construir las salas de primeros auxilios de Quebrachito y Lote 24.

Del acto de firma celebrado en Casa de Gobierno participaron el intendente Jorge Leguizamón y el Subsecretario de Obras Públicas, Jorge Zuain, a partir del cual se inicia el camino para concretar una esperada mejora en ambos parajes rurales.

Al respecto, el Intendente adelantó que “las obras comenzarán en un plazo no mayor a los sesenta días” para lo cual, el Gobierno hará efectivo una partida económica en concepto de adelanto.

“Y a medida que se certifiquen los trabajos continuará el desembolso de los fondos previstos en el convenio que acabo de firmar”, detalló Leguizamón.

Además, destacó que “esta es otra obra que impulsa el Gobierno parte de un pedido hecho por nuestra gestión y será de gran beneficio para los pobladores de esos dos parajes tan ligados a nuestra ciudad.

Sin dudas, el gobernador Gerardo Zamora nos demuestra que lleva adelante un proyecto transformador en toda la provincia”.

Lo decidió el fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial, que investiga el envío de material represivo de Argentina a Bolivia en 2019, durante los días en los que se produjo el Golpe de Estado contra Evo Morales.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó este lunes a los exfuncionarios del gobierno de Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete) y Jorge Faurie (Canciller) en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando de material represivo de Argentina a Bolivia, en 2019, cuando se produjo el Golpe de Estado contra Evo Morales, informaron fuentes judiciales.

El fiscal también imputó al exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, al impulsar la ampliación de la denuncia original presentada la semana pasada por funcionarios del gobierno nacional que encontraron elementos que vincularían a los denunciados con las maniobras investigadas.

«Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña; al canciller, Jorge Faurie; y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo; en cuanto a una supuesta participación», en los hechos; según surge de la imputación fiscal a la que accedió Télam.

Del dictamen, que Navas Rial le presentó al juez Javier López Biscayar, surge que los imputados habrían participado de la «organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero».

En la ampliación de la denuncia, el gobierno nacional consideró probada la participación del expresidente Mauricio Macri en el golpe de Estado cometido contra Evo Morales en Bolivia en 2019.

Los ministros Martin Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, habían incluido en la ampliación de la denuncia una serie de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por funcionarios de Cambiemos en los días que se gestionó el traslado ilegal de armamento al país vecino, atravesado por una forzada crisis institucional.

Reclaman sus tierras en la Isla de Pascua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la demanda contra el Estado de Chile por parte del pueblo originario Rapa Nui, en la que pidieron que se les reconozca la propiedad de los terrenos ancestrales de Isla de Pascua.

Según estableció el organismo internacional, de corroborarse como ciertos los hechos alegados por los abogados, estos «podrían caracterizar violaciones en los artículos 4 (derecho a la vida), 8 (garantías judiciales), 12 (libertad de conciencia y religión), 21 (derecho a la propiedad) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en perjuicio de la comunidad indígena rapanuí, todos a la luz de los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento».

Pueblo Rapa Nui vs Estado chileno 

La acción judicial, patrocinada por los abogados Ciro Colombara, Aldo Díaz y Carola Cotroneo, alega responsabilidad internacional del Estado Chileno por la presunta violación del derecho a la propiedad colectiva del Pueblo Rapa Nui sobre el territorio y recursos naturales de Isla de Pascua y de su derecho a la autonomía.

A pesar de presentar solicitudes por reconocimiento y autonomía durante 125 años, fueron constantemente ignorados. Actualmente, más del 70% de su territorio ancestral es manejado bajo propiedad del Estado, lo cual ocasionó de forma irremediable un daño en el estilo de vida y el desarrollo del pueblo indígena.

Los demandantes por lo tanto insisten en la restitución de la tierra para proteger la propiedad ancestral del Pueblo Rapa Nui, y su derecho a la libre determinación.

Al respecto, el abogado Ciro Colombara explicó que el objetivo de la denuncia presentada ante la CIDH es que «se declare que el Estado de Chile ha violado los derechos del Pueblo Rapa Nui desde el Acuerdo de Voluntades de 1888». El fin último es reestablecer la propiedad colectiva del Pueblo Rapa Nui sobre su territorio y sobre sus recursos naturales.

Chile hará su descargo ante la CIDH

La declaración de admisibilidad del caso es muy relevante porque significa que la Comisión aceptó la solicitud de prioridad del caso y «concuerda con que el Pueblo Rapa Nui tiene derecho de propiedad colectiva sobre su territorio«, explicó Colombara. 

Y agregó: «Es un gran paso adelante y el próximo paso es que la comisión emita su informe final y luego el caso vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

El reclamo fue presentado en 2015 por el Consejo de Ancianos y Parlamento Rapa Nui, una institución de la Isla de Pascua. Ahora, el Estado de Chile tiene cuatro meses para presentar sus descargos ante la CIDH, previo a que el caso sea revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y podría marcar un precedente jurídico para que otros pueblos, como el mapuche, tomen la misma vía para recuperar la autonomía de sus tierras.

Fuente Pagina 12