El presidente Jair Bolsonaro advirtió hoy que habrá «caos» en Brasil si no se reforma el sistema electoral, luego que el diario O Estado de Sao Paulo publicara que el ministro de Defensa, Walter Braga Netto, amenazó con un golpe al Congreso para anular los comicios de 2022 si no se modifica el voto con urnas electrónicas, lo que ya fue rechazado por la oposición.
La denuncia periodística causó un nuevo revuelo institucional en medio de un cambio de gabinete en el cual los militares pierden poder frente al ala política que domina el Congreso y que frena los múltiples pedidos de juicio político contra el presidente.
«Con bastante anticipación advertimos que no queremos el caos o tener problemas en la elecciones del año que viene», dijo Bolsonaro a la radio Banda B del estado de Paraná, al insistir en que los candidatos deben tener el derecho de tener un comprobante de papel de cada voto que se emite en las urnas electrónicas.
Bolsonaro adelantó que en pocos días presentará pruebas de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2014 en las que Dilma Rousseff se impuso ante Aecio Neves y agregó que en 2018 él debió haber vencido en primera vuelta y no en segunda ante Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT).
«La maquinita electrónica no dice cómo ser auditada. El conteo de los votos lo hacen seis personas en el Tribunal Superior Electoral, se hace sin transparencia. No podemos abrir esa oportunidad para que alguien con menos votos gane la elección», afirmó Bolsonaro, a contramano de la opinión de toda la oposición y la Justicia.
El mandatario alienta desde marzo el fantasma del fraude electoral con las urnas electrónicas, justo después de que se habilitara a participar en las próximas presidenciales al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, hoy favorito en las encuestas.
Pero la renovada amenaza presidencial de hoy llegó también en medio de la tormenta institucional desatada por la nota de tapa del diario conservador O Estado de Sao Paulo.
Esa tapa denunció que el ministro de Defensa, Walter Braga Netto, envió interlocutores el 8 de julio para presionar y avisarle al bolsonarista presidente de la Cámara de Diputados, Arhtur Lira, que no habría elecciones en 2022 si antes no cambia la ley electoral como pretende el Gobierno.
Bolsonaro, ese mismo día, había dicho que sin la reforma electoral habría fraude seguro el año próximo.
Braga Netto es uno de los militares más poderosos de Brasil. Es un general que fue jefe de gabinete desde febrero de 2020 a marzo de 2021 y gobernó el estado de Río de Janeiro en 2018, como interventor designado por el presidente Michel Temer para que las Fuerzas Armadas se ocupen de la seguridad interna.
Hoy dijo que era una «invención» lo que publicó el diario, uno de los órganos más conservadores de Brasil que respalda la agenda económica neoliberal del Gobierno, aunque es crítico con el presidente.
De acuerdo a la investigación periodística, hay por lo menos cinco testigos de esas conversaciones.
Lira, por su parte, no desmintió del todo la versión del diario y solo afirmó por Twitter que «en octubre de 2022 habrá elecciones libres, secretas y soberanas».
Braga Netto, quien había lanzado advertencias contra el Senado luego que se denunciara a militares por negociar contratos fraudulentos de vacunas, emitió hoy un comunicado en el cual defiende el cambio del sistema electoral, pero niega haber realizado presiones indebidas.
«Hoy fue publicada un reportaje en la prensa que me atribuye mensajes intentando crear una narrativa sobre amenazas hechas a un presidente de otro poder. El ministro de Defensa no se comunica con interlocutores. Se trata de una desinformación que genera inestabilidad entre los poderes en un momento en el que exige la unión nacional», aseguró el ministro de Defensa.
El clima político se agitó a tal punto que el presidente del Tribunal Superior Electoral, Luiz Barroso, habitualmente atacado por Bolsonaro, habló con Lira y luego intentó llevar algo de tranquilidad al país al afirmar que «las instituciones están funcionando».
Lira es un bolsonarista del Partido Progresista y ha llevado adelante la agenda económica del Gobierno en el Congreso, pero aún no ha avanzado con la fuerza que quiere el presidente en la cuestión de la reforma del sistema electoral.
Su posición es estratégica: es él y sólo él quien define si se aceptan los pedidos de juicio político contra Bolsonaro.
Pese a la desmentida del ministro de Defensa, el senador Renán Calheiros, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB) y el opositor que es el relator de la comisión investigadora del Senado sobre la pandemia, pidió de inmediato su renuncia, una exigencia a la que se sumaron otros dirigentes opositores.
En medio de este clima político convulsionado, la militarización del Gobierno, que en algún momento fue una de las características principales de su gestión, quedó resentida por la fuerza de los hechos: el excapitán Bolsonaro ha cedido casi todo su poder no a las Fuerzas Armadas sino a su antiguo grupo político, el «Centrao», fuerzas de derecha de la vieja política conocidos por ser ‘partidos de alquiler’ y de haber sido siempre oficialistas desde la redemocratización en 1985.
Es por eso que el Partido Progresista (PP), una fuerza conservadora de oligarquías del interior de los estados, tendrá ahora la coordinación del Gobierno.
Bolsonaro anunció que su próximo jefe de gabinete será Ciro Nogueira, senador titular del PP, en lugar del general Luiz Eduardo Ramos, su amigo de hace 40 años, una movida que busca retomar la iniciativa política para poder llegar con más chances a octubre de 2022.
En medio de un discurso moralizador plantado por la Operación Lava Jato, Bolsonaro había prometido a sus electores no negociar con el Centrao y que una nueva forma de hacer política llegaría con él al poder durante la campaña de 2018.
Para no perder los lazos con su público más radicalizado, hoy Bolsonaro atacó a China al afirmar que la vacuna CoronaVac contra el coronavirus «no tiene comprobación científica» y defender los tratamientos preventivos hechos con cloroquina, dos afirmaciones que van en contra de lo que el propio ente regulador sanitario del país sostiene.
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