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A los condenados se les atribuye la desaparición y muerte de 43 ciudadanos latinoamericanos: cuatro chilenos secuestrados en Chile, trece uruguayos secuestrados en Argentina y seis argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil.

Este 9 de julio, además de ser un gran día para la Argentina, se transformó en un día histórico para los familiares de muchos desaparecidos latinoamericanos que vieron cumplida su esperanza de justicia. Es que la Corte Suprema de Italia confirmó este viernes las condenas a cadena perpetua emitidas por la Corte de Apelaciones en 2019, para 14 militares chilenos y uruguayos del Plan Cóndor acusados de delitos de lesa humanidad.

En la Corte de Apelaciones (el trayecto judicial precedente al de la Corte Suprema y posterior al juicio de primera instancia comenzado en 1999) los condenados a cadena perpetua habían sido 24. De esos 24, cuatro chilenos (uno había muerto) no hicieron apelación ante la Corte Suprema por lo cual sus condenas fueron declaradas definitivas automáticamente. De los 20 restantes, tres resultaron muertos (un boliviano y dos uruguayos) y la Corte decidió suspender las sentencias de tres peruanos hasta tanto reciba sus certificados de vida o de muerte, porque si han fallecido no se emite sentencia sobre ellos.

Los condenados el viernes fueron entonces 14 militares, 3 chilenos (Daniel Aguirre, Pedro Espinoza, Carlos Luco Astroza) y 11 uruguayos (José Arab Fernández, Juan Carlos Blanco -era un civil, ex ministro de exteriores de la dictadura uruguaya- , Juan Carlos Larcebeau, Pedro Mato Narbondo, Ricardo Medina Blanco, Ramas Ernesto, José Sande Lima, Jorge Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Troccoli, y Giberto Bissio). Nueve de los uruguayos operaban en el centro clandestino de detención Automotores Orletti de Buenos Aires.

A los condenados se les atribuye la desaparición y muerte de 43 ciudadanos latinoamericanos: cuatro chilenos secuestrados en Chile, trece uruguayos secuestrados en Argentina y seis argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. A éstos hay que agregar otros 20 uruguayos secuestrados en Argentina pero cuya desaparición es atribuida a uno sólo de los imputados, Jorge Néstor Troccoli, que fue miembro del servicio de inteligencia de la marina militar uruguaya (FUSNA). Tróccoli vive en Italia en libertad y fue elúnico acusado que presenció sesiones del juicio. 

Para Troccoli debería partir casi inmediatamente el mandato de captura como así también para los demás condenados que vivan en América Latina en libertad, a la espera de que para éstos últimos se pida la extradición a fin de que cumplan su condena en la península.

El triunfo después de 22 años de esfuerzos

“Siento una gran alegría y una gran emoción porque se hizo justicia, porque llegamos a concluir un juicio que duró más de 20 años. Una gran alegría por todos los familiares de las víctimas que hoy recibieron justicia. Pero también pienso en los familiares de todos aquellos desaparecidos que no la han recibido y que la siguen pidiendo en los tribunales uruguayos y aún no la obtienen. Esta confirmación de las condenas abre un campo nuevo para buscar otras vías de justicia en Italia, si no se obtiene justicia en Uruguay”, declaró a Página/12 el periodista uruguayo Zelmar Michelini, hijo del dirigente político del mismo nombre que fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires en 1976.

Michelini, que vive en París, vino a Roma para escuchar la sentencia de la Corte Suprema, como lo hizo para escuchar las decisiones de los otros dos instancias de la justicia italiana sobre el Proceso Cóndor. Michelini declaró ante el fiscal que hacía las primeras investigaciones en 2001 y luego lo hizo en 2015 ante la Corte de Apelaciones. Todo por el caso Daniel Banfi, un uruguayo cuya mujer, Aurora Meloni que ahora vive en Milán, fue a pedir ayuda a Michelini padre cuando secuestraron a su marido en Buenos Aires en 1974.

Según Michelini, la decisión de la Corte Suprema italiana puede influir en los procesos que se están haciendo o por hacer en América Latina. «Cada país se tiene que dar cuenta que está perdiendo el tren de la historia,» señaló. «Si yo fuera un juez uruguayo, tendría vergüenza de que los criminales de lesa humanidad reciban un castigo en el exterior y no en mi propio país. Lo ideal sería que cada país juzgara a sus propios criminales”.

Los comentarios de otros familiares, como la uruguaya Cristina Mihura, viuda de Bernardo Arnone secuestrado en Buenos Aires en 1976, fueron más conmovedores todavía. “Para mí fue un final judicial muy positivo que costó muchos esfuerzos colectivos -declaró a Página/12 – Sin embargo, a medida que pasan las horas, siento que no alcanzará para colmar la ausencia de tantos y tantas que nos siguen faltando y que no podemos dejar de seguir buscando”.

El abogado Arturo Salerni, uno de los que ha llevado adelante esta batalla legal contra el Cóndor, comentó por su parte que con las condenas “se concluye un largo recorrido procesal que le ha dado verdad y justicia a los crímenes de lesa humanidad”. El momento mas complicado de estos años, agregó, “fue el pasaje del primer al segundo grado del proceso. Yo estaba convencido de que la sentencia de primer grado sería positiva. Convencido de que la existencia del Cóndor, reconocido por la Corte Europea, sería reconocido por la justicia italiana. Pero todos quedamos un poco desubicados por las absoluciones del primer grado. Pero por suerte el primer grado no era la derrota sino solo un momento que había que superar. En efecto los jueces de la Corte de Apelaciones apreciaron nuestro trabajo y lo llevaron a la sentencia” que condenó a todos los imputados a cadena perpetua.

 Jorge Ithurburu, presidente de la organización no gubernamental 24marzo.it que durante todos estos años ha ayudado a familiares y abogados de este proceso, dijo que fue largo el camino recorrido desde que el colectivo presentara la primera denuncia en 1999. «De los 146 mandatos de captura del 2007, llegamos a condenar solo 14. Pero estamos muy satisfechos. Nuestro pensamiento va a los familiares que han fallecido, y también el abogado Marcello Gentili, que ha trabajado tanto. Estamos muy satisfechos por el hecho de que haya habido justicia”.

Ya son seis los arrestados.

Dos nuevos sospechosos fueron arrestados por su relación con el crimen de odio de Samuel Luiz Muñiz, un joven homosexual español que fue asesinado a golpes en La Coruña, y se elevó a seis el número de detenidos por el homicidio.

«Dos nuevas detenciones, ambos menores de edad y de nacionalidad española, relacionadas con el homicidio de Samuel, lo que eleva a seis la cifra de arrestados hasta el momento», tuiteó la Policía Nacional este viernes.

Los arrestos se producen un día después de que una cuarta persona, de entre 20 y 25 años, fuera detenida el jueves, y de los tres primeros arrestos de tres jóvenes -dos chicos y una chica- el martes como presuntos autores del crimen del auxiliar de enfermería de 24 años fallecido el sábado de una paliza en España.

Según explicó entonces la policía, los cuatro primeros detenidos eran amigos entre ellos y no conocían de antes a la víctima. La investigación continúa y el caso se mantiene bajo secreto de sumario. Su círculo más cercano asegura que los agresores actuaron por pura homofobia y lo agredieron a gritos de «maricón».

Samuel Luiz fue encontrado inconsciente cerca de una discoteca por los golpes sufridos. Los servicios de socorro intentaron reanimarlo durante horas, pero finalmente falleció el sábado por la mañana.

El joven, de padre brasileño y nacido en Brasil, fue golpeado en la calle por una «jauría humana» a lo largo de 200 metros y, de acuerdo con los primeros elementos de la autopsia, falleció por un traumatismo craneoencefálico grave causado por una patada en la cabeza.

El crimen desató una ola de indignación en España y suscitó manifestaciones de repulsa en Madrid, Barcelona y La Coruña, justo cuando se acababa de celebrar la semana del Orgullo LGTB. Nuevas movilizaciones están previstas para este fin de semana.

Las autoridades detrás del caso aseguran que las líneas de investigación continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.

La ex ministra de Seguridad y el canciller pusieron en duda los documentos que prueban el envío de material bélico argentino a los golpistas. Macri hasta ahora no se pronunció.

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ex canciller de Cambiemos Jorge Faurie se desligaron de las gravísimas acusaciones en su contra por apoyar el Golpe de Estado en Bolivia con material bélico y envío de fuerzas armadas. Hasta ahora, el expresidente Mauricio Macri guarda silencio sobre la denuncia.

«Nuestro país colaboró con Bolivia enviando gendarmes para proteger la Embajada de Argentina en La Paz, en la que se encontraban miembros del gobierno de Evo Morales, incluido su Ministro del Interior, protegidos en nuestro territorio», dijo Bullrich en su cuenta de Facebook.

Faurie puso en duda la veracidad de la denuncia, aunque haya documentos oficiales. «Da la impresión que quiere crearse algo, un episodio que corra lo que sucede por ejemplo en el Mercosur o en las elecciones. Es un hecho raro, casi dos años después», sostuvo en diálogo con Futurock.fm

Bullrich recordó que la «Gendarmería evacuó de un hotel a periodistas argentinos que estaban en peligro y a funcionarios del gobierno boliviano, y los acompañó hasta la frontera. Entraron a la Argentina por Salta, donde pidieron asilo» y remarcó que «todo esto fue público y se transmitió en directo por todos los medios; incluso la llegada de los gendarmes argentinos en un avión Hércules».

«Se hizo todo lo contrario a lo que manifiesta el presidente Fernández: se ayudó a los funcionarios de Evo Morales, se resguardó la Embajada Argentina y a los periodistas que estaban bajo el asedio de los manifestantes», añadió Bullrich.

La denuncia surgió con una conferencia de prensa del canciller boliviano, Rogelio Mayta, en la que presentó una carta enviada por el jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia al momento del golpe, Jorge Gonzalo Terceros Lara, a Normando Álvarez García, embajador argentino en La Paz durante el gobierno de Macri y actual ministro de Trabajo en Jujuy. El militar le confirma a Álvarez García la recepción de municiones y distinto tipo de armamento enviado por Argentina para reforzar a las fuerzas armadas y de seguridad, y le agradece al gobierno de Mauricio Macri por ello.

Sin embargo, la ex ministra negó envío de armamento letal para los golpistas. «Nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana», se excusó en las redes sociales.

Para Faurie, la carta «es una nota extraña» y puso en duda la redacción. «No forma parte del estilo ni de la forma de comunicación», aseguró.

El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, advirtió hoy que la Justicia de su país «podría llamar a declarar al ex presidente argentino Mauricio Macri».

El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, advirtió hoy que la Justicia de su país «podría llamar a declarar al ex presidente argentino Mauricio Macri» por su rol en el golpe de Estado de 2019 y después de una denuncia sobre el envío de «material bélico» desde Argentina para la represión de protestas populares.

«Obviamente, el ex presidente Macri podría estar involucrado. Probablemente sea llamado a testificar. Si encuentran elementos que evidencien responsabilidad, se podrían levantar cargos en su contra aquí en Bolivia«, dijo el canciller en declaraciones a la agencia de noticias rusa Sputnik.

A partir de este sábado, se realizará la apertura de 5200 plazas.

El Gobierno Nacional dispuso una ampliación progresiva del cupo de pasajeros que pueden ingresar al país, por lo que se dejará atrás el número de 600 por día y se pasará a 5.200 plazas por semana, lo que representa unas 742 personas diarias.

A partir de este sábado, se realizará la apertura de 5200 plazas para la semana del 10 al 16 de julio; de 6.300 para la semana del 17 al 23 de julio; y por último, 7.000 para las semanas del 24 al 30 de julio y del 31 de julio al 6 de agosto. Respecto a los buques, se fijó el cupo de dos por semana y con un aforo de hasta el 50 por ciento. También se permitirá el ingreso desde Uruguay de dos buques de pasajeros semanales, con aforo de hasta el 50 por ciento de su capacidad.

En un marco de pandemia y ante la necesidad de evitar la entrada de variantes de coronavirus que no tienen circulación comunitaria en el país, como la Delta, el Gobierno nacional recomendó «a todos los argentinos y residentes no viajar al exterior, especialmente a aquellos que integran los grupos de riesgo», indicaron fuentes oficiales. Esta recomendación busca también «evitar las dificultades y condiciones sanitarias exigidas al reingreso, considerando la rápida evolución de las condiciones epidemiológicas», añadieron.

Con el nuevo DNU, que tendrá vigencia hasta el 6 de agosto, las fronteras continúan cerradas al turismo y todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de esparcimiento no podrá hacerlo. Además, permanecerán suspendidos los vuelos provenientes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Chile, Brasil, India y países africanos.

Por otro lado, quienes regresen del exterior están obligados a aislarse en los lugares que determinen los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), durante 10 días, contados desde el testeo realizado en el país de origen. La estadía en los lugares de aislamiento estarán a cargo del pasajero.

En este período, se controlará que quienes regresaron de viaje estén cumpliendo el aislamiento en sus domicilios y se radicarán denuncias penales en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento, de acuerdo con los artículos 205 y 239 del Código Penal, por violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad pública, sancionadas con prisión de seis meses a dos años y con prisión de 15 días a un año, respectivamente.

Además, se especificó que todos deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina así como otro al llegar al país y otro testeo al séptimo día de ingreso. Asimismo, el viajero deberá declarar los lugares en donde estuvo en los 14 días previos al reingreso al país.

Quienes resulten negativos, deberán cumplir con el aislamiento en los lugares que dispongan los gobierno provinciales y de la CABA y deberán realizar un nuevo test para finalizarlo.

En el caso de los positivos, habrá que hacerse otro testeo de secuenciación genómica y, junto con sus contactos estrechos, cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales, hasta su traslado seguro hasta la residencia si correspondiera. Todos los testeos y la estadía en los lugares de aislamiento estarán a cargo del pasajero.

Para el ingreso autorizado como excepción por Migraciones, a través de pasos terrestres, la jurisdicción provincial deberá disponer corredores seguros. Los extranjeros no residentes que ingresen a desarrollar trabajos esenciales, con autorización de Migraciones, deberán cumplir con el aislamiento establecido.

En tanto, las provincias deberán controlar el cumplimiento del aislamiento de las personas ingresadas desde el exterior. En cuanto a transportistas y tripulaciones terrestres, los extranjeros y nacionales deberán contar con testeo de Covid negativo que tendrá una vigencia de siete días de realizado.

Estos testeos, se informó, deberán realizarse carácter previo a comenzar el viaje, en cercanía a su lugar de residencia. En el casos de los buques, los extranjeros deberán permanecer embarcados y no contarán con relevo en el país; los nacionales tendrán que realizar un testeo de antígenos dentro de las 72 horas de ingreso.

Los transportistas internacionales y los operadores turísticos deberán informar a los usuarios las restricciones vigentes, las condiciones fijadas por cada jurisdicción en la que resida el viajante y la posibilidad de que las mismas sean modificadas según la situación epidemiológica. Deberán también procurar flexibilidad en la reprogramación de fechas de viajes, para facilitar el cumplimiento de la recomendación de diferir viajes no esenciales.

«Se recomienda a todos los argentinos/as y residentes no viajar al exterior, especialmente a aquellos que integran los grupos de riesgo, a fin de evitar las dificultades y condiciones sanitarias exigidas al reingreso, considerando la rápida evolución de las condiciones epidemiológicas», reiteró la cartera comandada por Florencia Carignano en un comunicado.

Por último, continuarán suspendidos los viajes internacionales grupales, de egresados y egresadas, jubilados y jubiladas, de estudio, para competencias deportivas no oficiales; de grupos turísticos y de actividades recreativas y sociales, en forma genérica.

Las autoridades del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, confirmaron que 10 personas llegaron al país con coronavirus por variante Delta.

Las autoridades sanitarias de la Región Metropolitana de Santiago de Chile informaron este viernes que se detectaron al menos 10 casos de Covid-19 por la variante Delta entre pasajeros que regresaron al país entre el 30 de junio y el 3 de julio.

En todos los casos se trata de personas de nacionalidad chilena que volvieron a su hogar vía el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, informó el sitio CNN de Chile. De ese grupo, cuatro llegaron desde Estados Unidos, España, Brasil y México.

Desde el SEREMI de Salud Metropolitana informaron que «al momento del ingreso al país (las cuatro personas) presentaron resultado PCR negativo y fueron sometidos a test PCR en el Aeropuerto AMB«.

Cuando les dio positivo por coronavirus se les trasladó a un hotel de tránsito donde se les hizo un hisopado, y tras la obtención del resultado positivo, se les envió a un centro de aislamiento, o residencias sanitarias.

Mientras tanto se les tomaron «muestras derivadas inmediatamente al Instituto de Salud Pública (ISP) para secuenciación genómica«, explicaron.

Además de lidiar con esas cuatro personas las autoridades atendieron a una niña llegada de Estados Unidos que tenía un test PCR negativo para entrar a Chile pero dio positivo en el estudio realizado en el aeropuerto.

A ella se la envió a su propio domicilio para cumplir el aislamiento dado que es menor de edad.

Cinco personas más dieron positivo por coronavirus debido a la variante Delta: son integrantes de dos familias con menores de edad, que llegaron a Chile desde México y presentaron sus PCR negativos.

Aunque tenían las pruebas negativas en los países de salida, para cuando pusieron un pie en Chile se les podía detectar el coronavirus a tres menores de edad y dos adultos.

Como en el caso de la niña llegada de Estados Unidos, las familias con menores de edad cumplirán el aislamiento en sus domicilios acompañados por personal sanitario, como marca el protocolo en estos casos.

En redes sociales, el expresidente boliviano confirmó que «Macri se involucró en golpe de Estado enviando material bélico para ayudar a represión militar».

Dos días después de la asunción de Alberto Fernández, en diciembre de 2019, Evo Morales arribaba a la Argentina en un vuelo que lo trajo desde México. El gobierno argentino le concedía asilo político y se tramitó el estatus de refugiado para el presidente boliviano que había sufrido un golpe de Estado.

Antes, horas después del golpe producido en noviembre, el mandatario abordó un avión para salir de su país, junto a su vicepresidente Álvaro García Linera y otros allegados. El primer destino era también la Argentina, pero el entonces presidente Mauricio Macri le negó el ingreso.

Luego de que trascendiera el apoyo material que el macrismo brindó a los golpistas, enviando material bélico destinado a la represión de las protestas populares, » ahora se entiende» por qué Macri negó el asilo al presidente derrocado por las fuerzas cívico-militares de Bolivia.

Así lo indicó el propio Evo a través de un tuit publicado este viernes: «Ahora se entiende por qué Macri negó que avión que nos llevaba a mí y a Álvaro García Linera aterrizara en Argentina».

En el mismo mensaje en Twitter, el exmandatario boliviano confirma que el «gobierno de Macri se involucró en golpe de Estado enviando material bélico para ayudar a represión militar y fue el primero en reconocer a régimen de facto».