Estamos frente a una nueva oportunidad para Argentina, que hoy es la segunda reserva conocida del mundo después de Bolivia, y el cuarto productor mundial.
El principal objetivo para el que fue creada la OPEP (Organización de países exportadores de petróleo), en el año 1960, fue garantizar precios justos y estables para los países productores de ese recurso estratégico.
Hasta entonces, sólo 7 empresas de EE.UU. y de Europa fijaban el precio del crudo, un precio que estaba fijado en función de los intereses de esas empresas y de la política energética de los países consumidores: el precio llevaba implícita una transferencia indebida de riqueza de los países pobres hacia los países ricos. Esta situación de desequilibrio distributivo del beneficio motivó inicialmente a 5 países a constituir la OPEP.
Con el litio, la nueva vedette energética, podría pasar la misma situación de desequilibrio, a menos que nos animemos a pensar alternativas para evitar que el precio sea fijado atendiendo sólo a los intereses de los países consumidores en detrimento de los países productores. En definitiva, son los habitantes de estos últimos países los que soportan el impacto que implica una actividad extractiva.
Estamos frente a una nueva oportunidad para Argentina, que hoy es la segunda reserva conocida del mundo después de Bolivia, y el cuarto productor mundial en el año 2020 detrás de Australia, Chile y China. Las reservas conocidas de litio en nuestro país se encuentran en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta y representan el 20% de las reservas mundiales.
La explotación en esas provincias, y en particular en Catamarca, se viene realizando desde hace más de dos décadas, y en estos tiempos observamos una fuerte aceleración en inversiones para multiplicar la extracción en línea con los avances del desarrollo de la electromovilidad. Junto a ello la explícita intención de los gobernadores de las tres provincias poseedoras de este recurso, de constituir una instancia supraprovincial para el tratamiento del negocio, y en el orden nacional, el ministerio de producción impulsa una legislación promotora de la electromovilidad. Como vemos son acciones en ambas puntas de la cadena (la explotación y su uso), ambas legítimas, oportunas y necesarias, pero a mi criterio insuficientes cuando se trata de un recurso estratégico.
Lo jugadores del negocio a nivel mundial ostentan tal envergadura que exigen de nosotros habilitar un debate sobre cómo, en nuestra condición de productores del recurso, generamos herramientas que garanticen que el impacto negativo que genera la actividad minera en el medio ambiente sea compensado con mejoras ostensibles en la calidad de vida, en particular de las comunidades de las provincias propietarias del recurso, y en general del país, garantizando la sustentabilidad en todas sus dimensiones, social, cultural, ambiental y económica.
En este sentido, se esbozaron públicamente algunas iniciativas en el ámbito de la política, como la idea de la creación de un Instituto Nacional del Litio o la YPF-Litio. Más allá de cuáles sean las herramientas propuestas que deben ser materia de profundas discusiones de las que surjan amplios acuerdos, lo importante en este momento es poner en discusión el tema de cara a la sociedad, dejando atrás prejuicios inconducentes para un debate de esta envergadura.
Algunas voces hablaron de “nacionalizar” el recurso, y no tardó la natural y legítima reacción en contra de la idea, de las provincias constitucionalmente propietarias de ese recurso.
Pensar en una “nacionalización” al modo chileno como lo hizo con el cobre (CODELCO), es institucional y políticamente inviable, pues el modelo chileno es el de un país unitario, lo opuesto al federalismo argentino.
Lo que de ninguna manera cierra la posibilidad de pensar en una YPF del litio, o en la creación de una instancia nacional, como paso previo para iniciar una articulación supranacional con otros países productores, que implique la construcción de una fuerza de negociación para modificar la tendencia que impone el hecho de que los países consumidores -que son principalmente los países centrales- fijen las condiciones, mientras que los principales poseedores de las mayores reservas somos países “no centrales”. Esta tendencia lleva indefectiblemente a que el precio del recurso esté fijado por empresas multinacionales y sus países de origen atendiendo sus propios intereses.
El conocido triángulo del Litio, Bolivia, Argentina y Chile, en ese orden, son las tres principales reservas conocidas de Litio del mundo sumando más del 50% de ellas. Considero importante proponerse el objetivo de constituir, en un futuro cercano, una instancia supranacional que sea para el litio lo que la OPEP es para el petróleo. Antes de la OPEP, el petróleo no valía nada: es decir, los productores del recurso recibían migajas en comparación con los daños que ocasionaba extraer un recurso no renovable (que algún día se acabaría sin beneficio para su población), mientras era el motor del desarrollo acelerado de las naciones compradoras. La asociación supranacional sirvió para detener, al menos en parte, semejante desequilibrio.
En definitiva, no hay excusas para no declarar recurso estratégico al litio y abrir un debate amplio en la búsqueda de herramientas institucionales, nacionales y supranacionales, que, preservando el derecho constitucional de las provincias sobre los recursos mineros, nos permitan obtener un precio justo.
*Ex senador nacional, ex diputado nacional y ex Auditor General de la Nación.
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