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Las autoridades anunciaron la noticia con el fin de dar continuidad al Plan Estratégico de Vacunación.

El Ministerio de Salud de la Nación anunció que comenzó hoy el proceso de distribución de 371.400 vacunas Sputnik V del componente 1 en las 24 jurisdicciones con el fin de dar continuidad al «fuerte avance» del Plan Estratégico de Vacunación que el Gobierno nacional despliega para combatir el COVID-19.

De acuerdo al criterio de distribución dispuesto en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponden 143.400 dosis, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 23.400, a Catamarca 2.400, a Chaco 10.200, a Chubut 4.800, a Córdoba 31.800, a Corrientes 9.600, a Entre Ríos 10.200, a Formosa 5.400, a Jujuy 6.600, a La Pampa 1.800, a La Rioja 3.000, a Mendoza 16.800, a Misiones 10.800, a Neuquén 4.800, a Río Negro 6.000, a Salta 12.600, a San Juan 6.600, a San Luis 3.600, a Santa Cruz 3.600, a Santa Fe 30.000, a Santiago del Estero 8.400, a Tierra del Fuego 1.800 y a Tucumán 13.800.

En los últimos siete días, desde el jueves 27 hasta ayer inclusive, se realizaron en todo el país 1.823.824 aplicaciones de las distintas vacunas con las que cuenta el país para enfrentar la pandemia, mientras que ayer se volvió a superar el récord de vacunaciones diarias, con 356.454 inoculaciones.

Según el Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta esta tarde fueron distribuidas en todo el país 17.585.490 vacunas y las aplicadas totalizan 13.984.755: 10.970.220 personas recibieron la primera dosis y 3.014.525 ambas.

El conductor anticipó el título del «Sabalero» y sus compañeros, Mariano Closs y Óscar Ruggeri, no le creyeron.

El viernes, Colón venció a Racing y se consagró campeón de la Copa de la Liga 2021. La consagración pareció sorprender a todos los fanáticos del fútbol, ya que este fue el primer título de la historia del «Sabalero».

Sin embargo, hubo una persona que desde hace algunos meses, anticipó que esto podía ocurrir. Alejandro Fantino fue el que confiaba en que el equipo de Santa Fe podía llegar a imponerse sobre River y Boca y quedarse con el torneo local, pero Mariano Closs y Óscar Ruggeri no le creyeron.

En su programa ESPN FC, no dudó al afirmar que Colón iba a salir campeón del certamen, por sobre Boca y River. “Si me apurás, para mi lo gana Colón”, dijo el conductor. Ante la mirada extrañada de sus compañeros, Fantino volvió a afirmar que el Sabalero podía quedarse con el campeonato. “Para mí no es ninguno de los equipos que nombraron, para mí lo gana Colón”, sostuvo.

A resultado puesto, Fantino salió a sacar chapa. «Era 31 de marzo y como siempre o la mayoría de las veces me tomaron en joda…», comentó en Instagram.

La hija del exdictador, encarcelado desde 2007 y condenado a 25 años, pretende restaurar el régimen fujimorista e indultar a su padre.

Desde Lima. El apellido Fujimori ha marcado las tres últimas décadas de la política peruana. Es una dinastía que evoca autoritarismo, corrupción y extremismo de derecha. En 1990 un desconocido Alberto Fujimori ganó las elecciones y llegó a la presidencia. Dos años después cerró el Congreso y gobernó autoritariamente junto a los militares, hasta que, acosado por denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos, huyó del país el año 2000. Ahora la hija del exdictador, encarcelado desde 2007 y condenado a 25 años, pretende restaurar el régimen fujimorista e indultar a su padre.

A sus 46 años, Keiko Fujimori busca por tercera vez llegar a la presidencia. En las dos anteriores elecciones, en 2011 y 2016, también pasó a la segunda vuelta, y en ambas ocasiones perdió, primero con Ollanta Humala, y después, por solo un puñado de votos, con Pedro Pablo Kuczynski. Entre 2006 y 2011 había sido congresista. Lo más notorio de su paso por el Legislativo fueron sus largas ausencias. Su hermano Kenji también ha sido parlamentario y enfrenta un proceso judicial por la compra de votos en el Congreso.

Heredera política de su encarcelado padre, Keiko fundó el partido Fuerza Popular, el que maneja con la verticalidad y autoritarismo que aprendió de su progenitor, en cuya dictadura ejerció como primera dama luego que sus padres se separaran en medio de un escándalo de acusaciones de maltrato y torturas por parte de la exesposa de Fujimori. En 2016, Fuerza Popular obtuvo mayoría absoluta en el Congreso unicameral, la que Keiko utilizó para boicotear al gobierno de Kuczynski, que la había vencido en el ballottage, a pesar de las coincidencias que ambos tenían en los temas económicos y la continuidad del modelo neoliberal. Fue una venganza por una derrota que nunca asimiló. Kuczynski terminó renunciando en 2018 y su sucesor, Martín Vizcarra, también enfrentó el boicot fujimorista desde el Congreso y en septiembre de 2019 disolvió constitucionalmente el Parlamento y llamó a nuevas elecciones legislativas, en las que el fujimorismo perdió su mayoría.

Siguiendo la tradición familiar, Keiko está procesada por corrupción y estuvo varios meses encarcelada con prisión preventiva en el marco de una investigación judicial por el financiamiento ilegal de sus campañas electorales. Esa investigación ha revelado que recibió en efectivo y en forma oculta más de 15 millones de dólares de poderosos empresarios peruanos y de la constructora brasileña Odebrecht. La fiscalía la acusa de lavado de dinero, organización criminal y obstrucción a la justicia, y ha pedido 30 años de prisión para ella. Personajes investigados por narcotráfico también han estado ligados al financiamiento de sus campañas.

Con su mayoría parlamentaria, Keiko protegió a jueces y fiscales acusados de formar una mafia judicial, a quienes se acercó para buscar protección frente a los procesos legales en su contra. Ha usado su poder político para presionar y amenazar a los fiscales y jueces que la procesan. Los últimos presidentes peruanos enfrentan procesos por corrupción, pero si Keiko gana las elecciones de este domingo se convertiría en la primera persona que llega a la presidencia estando procesada en los tribunales. Si triunfo electoral le daría inmunidad y zafaría de un juicio en el que existen sólidas evidencias en su contra.

“No al comunismo”, ha sido el eje de su campaña contra el candidato de la izquierda. Una campaña de miedo que busca ganar votos para Keiko como el supuesto mal menor.  

Arrestaron al ex ministro sandinista al regresar a su país desde Estados Unidos.

El candidato presidencial Arturo Cruz fue detenido este sábado en el aeropuerto de Managua cuando regresaba de Estados Unidos al ser sospechado de atentar «contra la sociedad nicaragüense», informó el Ministerio Público.

Cruz «está siendo investigado por la Policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo», señaló. La Policía Nacional comunicó a su vez que «realiza todas las diligencias investigativas pertinentes y remitirá al investigado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinar las responsabilidades penales».

De 67 años, Cruz presentó dos meses atrás su candidatura para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre por la Alianza Ciudadana por la Libertad (CXL, derecha). Según la Policía se lo investiga por delitos contemplados en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía, aprobada en diciembre.

Esa norma castiga «actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización».

Cruz fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos entre 2007 y 2009, bajo el gobierno sandinista. Tras renunciar a ese cargo retornó a sus actividades académicas en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

El candidato había viajado a Estados Unidos en una fecha no indicada y regresaba al país este sábado sin que se haya informado el motivo de su viaje. Un día antes de su detención había advertido a través de Twitter que consideraba retirarse de la contienda electoral. Si las autoridades nicaragüenses «continúan la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos lo lógico es que este servidor no participe en este proceso (…) hay que considerar seriamente participar en ese ejercicio espurio», escribió en la red social.

La detención de Cruz ocurre cuatro días después del arresto de la también aspirante opositora a la presidencia Cristiana Chamorro. Chamorro, de 67 años, estaría desde el miércoles incomunicada en su casa y bajo vigilancia policial, según denunciaron sus familiares. Numerosos países han reclamado al presidente Daniel Ortega su liberación inmediata. Chamorro es la opositora con mayor respaldo ciudadano y se ubicaría segunda en las preferencias del electorado detrás de Ortega. 

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas 24 horas el número total de contagios desde el comienzo de la pandemia ascendió a 3.939.024, en tanto que los fallecimientos se ubican en 80.867.

Otras 456 personas murieron y 23.627 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas, mientras el Gobierno apuesta a que en los próximos días continúe la incipiente tendencia a la baja en los casos, producto de las restricciones establecidas en el último decreto nacional y enfrenta una nueva semana de reuniones para evaluar la situación sanitaria y epidemiológica.

Según las cifras oficiales, el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 80.867, en tanto que los infectados llegaron a 3.939.024, de los cuales 3.497.500 ya recibieron el alta y 360.657 son casos confirmados activos.

El Ministerio de Salud indicó que había 7.731 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 78,4% en el país y del 75,3% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Las cifras de la jornada
Este sábado se registraron en la provincia de Buenos Aires 7.819 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.704; en Catamarca, 503; en Chaco, 815; en Chubut, 283; en Corrientes, 531; en Córdoba, 3.272; en Entre Ríos, 838; en Formosa, 601; en Jujuy, 211; en La Pampa, 329; en La Rioja, 96; en Mendoza, 571; en Misiones, 182; en Neuquén, 419; en Río Negro, 317; en Salta, 638; en San Juan, 215; en San Luis, 442; en Santa Cruz, 224; en Santa Fe, 2.375; en Santiago del Estero, 616; Tierra del Fuego, 24 y en Tucumán, 602.

El diálogo entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro, ente que nuclea a sectores sindicales y estudiantiles, se empantanó nuevamente y concluyó sin el preacuerdo para proceder a la negociación. 

Con el diálogo estancado en Colombia, la determinación del Gobierno de Iván Duque de levantar por la fuerza los bloqueos y piquetes de protestas y de miles de manifestantes de mantenerlos hasta que las autoridades acceden a sus reclamos de mejoras sociales y económicas, desató en la tarde de este sábado nuevas escenas de violencia con dos nuevos muertos.

Una misión de brigadistas médicos informó a la prensa colombiana que en la noche del viernes, por segunda noche consecutiva, la Policía y la temida fuerza antidisturbios Esmad se desplegaron en las calles de Cali -uno de los epicentros de las protestas que movilizan al país hace más de un mes- para levantar los bloqueos, como reclama diariamente el presidente Duque.

Y por segunda noche consecutiva, contaron vecinos al diario El Nuevo Siglo, la avanzada policial terminó en represión y choques con los manifestantes, en su mayoría jóvenes, que se niegan a abandonar los piquetes, a los que consideran como una de sus principales herramientas de presión frente al Gobierno.

Mientras la brigada de médicos informaron de dos jóvenes muertos y al menos 28 heridos, algunos de ellos por armas de fuego; el comandante de la policía de Cali, general Juan León, solo se refirió a un policía herido de bala y dos personas fallecidas.

«Resulta un policía herido (de bala) en una pierna (…) se procede a repeler este ataque y en la madrugada nos confirman la muerte de dos ciudadanos allí», informó, según la agencia de noticias AFP, sin identificar a las víctimas fatales.

Según denunció, fueron los civiles los que atacaron con disparos a los policías. Ese mismo relato hizo en Twitter el ministro de Defensa, Diego Molano, uno de los miembros del gabinete de Duque más cuestionados por la oposición y los manifestantes.

Rechazó «la violencia que dejó cuatro policías heridos, uno de ellos con arma de fuego» y divulgó un video en el que parece verse a civiles disparando desde las barricadas contra los uniformados.

Además de la represión denunciada por vecinos, la empresa de transporte público de la ciudad Metrocali informó en las últimas horas que uno de sus colectivos quedó fuera de servicio luego que un grupo de manifestantes lo prendiera fuego, sin provocar ninguna víctima.

La cadena de noticias Caracol publicó, asimismo, que este tipo de escenas de represión y enfrentamientos entre manifestantes y policías se replicó en varias partes de la ciudad donde aún hay bloqueos de calles y autopistas.

El diálogo, estancado
Con este contexto de violencia de fondo y con nuevas movilizaciones convocadas para la próxima semana en varias ciudades del país, el Comité Nacional del Paro -la plataforma de organizaciones y sindicatos que convocó las protestas originalmente- y el Gobierno deben volver a sentarse a dialogar mañana.

El diálogo se mantiene, intermitentemente hace semanas, pero nunca llegó si quiera a alcanzar el preacuerdo que reclama el Comité y los manifestantes, para garantizar el derecho a movilizarse en las calles sin los niveles de represión que se vieron en las últimas cinco semanas y que, según una misión de observadores argentinos, provocó no solo muertes y heridos, sino desapariciones y todo tipo de violaciones a los derechos humanos.

Este viernes las negociaciones se empantanaron nuevamente y la reunión terminó sin la firma del preacuerdo que reclamaba el comité y que, según afirmó este último, ya habían acordado a finales de mayo.

«Ese documento debe ser firmado porque fue acordado con el equipo negociador (del Gobierno)», indicó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), miembro del comité, Francisco Maltés.

El gremialista indicó que si el Gobierno no lo rubrica será entregado a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estará en Bogotá y Cali el martes, miércoles y jueves de la próxima semana.

La llegada de la CIDH es reclamada desde varios sectores, que insisten en denunciar abusos y excesos de la Policía, sobre todo del Esmad. Esas organizaciones cifran en más de 60 los muertos por la represión a las movilizaciones y los cortes, y advierten que existen miles de heridos y más de 100 personas desaparecidas.

En sintonía, Percy Oyola, representante de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CGT) y también miembro del Comité, adelantó que el domingo se volverá a retomar el diálogo, aunque adelantó que «el Gobierno, conforme lo planteado, no está dispuesto a negociar las garantías ni el pliego de emergencia», en declaraciones citadas por el diario El Tiempo.

«Ellos plantean que habrá negociación mientras no haya paro ni movilización», criticó, al tiempo que reafirmó que «continuarán las movilizaciones en todo el país», con actos convocados para el martes y miércoles próximos.

Por eso y por la renovada violencia de las últimas horas en Calí, el Comité está analizando si mañana se sienta a la mesa de diálogo con el Gobierno.

«Aún lo estamos debatiendo», explicó a Télam Percy Oyola, representante de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el Comité.

«El Gobierno simplemente presentó una propuesta diferente a la acordada el 24 (de mayo). Al parecer su rechazo al preacuerdo viene del Centro Democrático», agregó el dirigente sindical, en referencia al partido oficialista de Duque y del expresidente Álvaro Uribe.

Lo que sí decidió el Comité es que mañana llamarán a crear un «corredor humano» con carteles que digan «Duque pare la masacre bienvenida la CIDH» desde el aeropuerto de Bogotá hasta el hotel donde se hospedará la misión humanitaria, que aterrizará temprano a la mañana.

Horas antes, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y miembro del Comité, Francisco Maltés, había adelantado que si el Gobierno no firma el preacuerdo con las garantías para las protestas, este documento será entregado a la delegación de la CIDH como evidencia de la posición gubernamental.

Por su parte, el consejero presidencial para la Estabilización y líder del equipo negociador del Gobierno, Emilio Archila, reconoció el estancamiento en el diálogo tras los avances de este jueves.

«Para sorpresa nuestra en lugar de continuar con la metodología que habíamos acordado, hicieron (el Comité) una solicitud para que el documento borrador del 24 de mayo se suscribiera tal como estaba», puntualizó en referencia al preacuerdo.

«Los bloqueos no son una forma legítima de la protesta, es absolutamente indispensable (levantarlos)», aseveró en declaraciones reproducidas por la agencia Europa Press. Nosotros no estamos pidiéndole al Comité nada que no esté a su alcance», aseguró.

Desde el Comité defienden los piquetes como una forma legítima de protesta, pero frente al Gobierno aclaran que como ellos no instalaron los bloqueos, no pueden levantarlos todos dando simplemente una orden.

Pero desde el Gobierno siguen insistiendo en que el estancamiento del diálogo es responsabilidad del Comité y de las protestas.