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Con respecto a la provincia, se presentaron proyectos de más de mil viviendas para ser financiadas por la Nación, que próximamente serán licitadas.

Se realizó una nueva asamblea ordinaria del Consejo Nacional de la Vivienda, encabezada por el ministro de Desarrollo Territorial y Hàbitat, Jorge Ferraresi y su gabinete: Hugo Cabral, secretario de Articulación Federal; Santiago Maggiotti, secretario de Hábitat; Guillermo Pesce, secretario de Coordinación y Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial.

Participó de la asamblea el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda, CPN Augusto Du Bois Goitia y titular del IPVU de nuestra provincia quién destacó que “pudimos ver que los proyectos presentados hace unos meses han empezado a ser licitados.

Todos los representantes de las provincias que conformarnos este cuerpo sin distinción de bandería política han reafirmado el apoyo a la gestión y agradecieron a su equipo la importante labor que vienen realizando”. Comentó, además, que “siguiendo instrucciones del Gobernador Dr. Gerardo Zamora se presentaron proyectos de más de mil viviendas para ser financiadas por la Nación, que próximamente serán licitadas, las que servirán para complementar el importante plan provincial de viviendas.

De esta manera se avanza en el compromiso del poder ejecutivo de generar mayor cantidad de puestos de trabajo y viviendas dignas para los santiagueños”, señaló el titular del IPVU.

La medida fue dispuesta ayer por Gildo Insfrán ante la aparición de 17 nuevos casos de COVID-19. Manifestantes salieron a las calles para mostrar su desacuerdo.

Luego de que el gobierno de Formosa volviera a Fase 1 por la aparición de 17 nuevos casos de COVID-19, cientos de personas salieron a las calles a manifestarse en contra de la medida tomada por el gobernador Insfrán y varios de ellos resultaron heridos por parte de la policía.

Si bien las protestas comenzaron ayer por la noche en la puerta de la gobernación, este mediodía la situación se puso más tensa con la aparición de los efectivos de seguridad, que intentaron que los manifestantes depusieran su actitud con palazos, balas de goma y gases lacrimógenos.

En el enfrentamientos, varios jóvenes y mujeres resultaron heridos y subieron sus fotos a las redes sociales para denunciar esa brutal represión. “Los comerciantes queremos trabajar sin restricciones. Nos cortan el horario y tenemos que cerrar a las 21. No nos dejan trabajar tranquilos”, dijo a TN una mujer.

“Hacen lo que quieren. Los comerciantes no tenemos sueldo fijo. Si no vendemos, no tenemos plata. No vivimos del Estado ni de planes”, se indignó mientras detrás de ella se observaba una batalla campal.

“Es una medida excesiva”, se quejaron los manifestantes ante la prohibición de la circulación de los medios de transporte públicos y la paralización de la Justicia, quienes se agolparon frente al edificio provincial y se defendieron arrojando piedras y huevos.

De acuerdo a las restricciones, quedaron suspendidas todas las actividades de flexibilización que estaban vigentes (cerraron nuevamente los locales comerciales que no sean esenciales), así como los certificados de circulación. En tanto, aquellas personas que se desempeñen en actividades esenciales deberán volver a tramitarlo.

Con el último reporte oficial sobre la situación del coronavirus en el país, el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia ascendió a 52.784.

Otras 140 personas murieron y 7.891 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 52.784 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, informó hoy el Ministerio de Salud.

Con estos registros, suman 2.141.854 positivos en el país, de los cuales 1.934.845 son pacientes recuperados y 154.225 son casos confirmados activos.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 1.430.873, de los cuales 1.094.293 recibieron una dosis y 336.580 las dos, mientras que las vacunas distribuidas contabilizan 2.237.310.

En las últimas 24 horas se notificaron 140 nuevas muertes, son 82 hombres, 57 mujeres, y 1 persona residente en la provincia de Buenos Aires fue registrada sin dato de sexo.

También se informó que fueron realizados 42.063 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 7.660.029 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.

La cartera sanitaria indicó que son 3.485 los internados en unidades de terapia intensiva (UTI), con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 53,9% en el país y del 59,3% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

El número de casos confirmados de la jornada se detalla del siguiente modo: Buenos Aires 3.494, Ciudad de Buenos Aires 863, Catamarca 117, Chaco 172, Chubut 108, Corrientes 155, Córdoba 728, Entre Ríos 120, Formosa 28, Jujuy 80, La Pampa 110, La Rioja 23, Mendoza 161, Misiones 110, Neuquén 182, Río Negro 157, Salta 173, San Juan 62, San Luis 5, Santa Cruz 150, Santa Fe 527, Santiago del Estero 91, Tierra del Fuego 48 y Tucumán 227.

El número de casos acumulados, también distribuidos por provincias es el siguiente: Buenos Aires 894.757 Ciudad de Buenos Aires 235.366, Catamarca 8.360, Chaco 34.857, Chubut 47.461, Corrientes 22.864, Córdoba 163.172, Entre Ríos 45.836, Formosa 1.337, Jujuy 21.149, La Pampa 19.164, La Rioja 10.329, Mendoza 68.047, Misiones 8.905, Neuquén 62.071, Río Negro 53.031, Salta 26.782 San Juan 15.519, San Luis 20.801, Santa Cruz 36.581, Santa Fe 218.697, Santiago del Estero 22.958, Tierra del Fuego 23.129 y Tucumán 80.681.

En el caso de Tierra del Fuego se incluyen casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).

El Presidente habló ante sectores sindicales,  empresarios y funcionarios al cerrar la primera jornada del Consejo Económico y Social que se desarrolló en Parque Norte.

El presidente Alberto Fernández aseguró esta tarde que su función como mandatario es «poner armonía en la diversidad» y comparó su rol con el de un director de orquesta, al ponderar que estén «todos» los sectores reunidos y representados en el Consejo Económico y Social para «buscar cuál es el mejor camino» para que Argentina desarrolle su potencial en todas las áreas, al cerrar esta tarde la primera jornada de ese órgano en Parque Norte.

El jefe de Estado reflexionó sobre la actual situación del país, marcada por la pandemia del último año, a nivel nacional y global, y asumió que este virus con su presencia dejó en evidencia las debilidades del sistema en todas sus formas.

«La pandemia nos mostró la crisis de los diferentes sectores, pero también que el secreto para fortalecerse es hacerlo todos juntos», dijo y citó las palabras del papa Francisco, tomadas como propias también por el mandatario, cuando dice que «nadie se salva solo».

Al respecto, y pensando en el futuro de Argentina dijo: «Unirnos es tomar dimensión del otro y construir juntos».

El titular del Poder Ejecutivo aseguró que «tenemos un tiempo fundacional en lo trágico de la pandemia», por las enseñanzas que dejó al poner en evidencia, con la crisis, las debilidades del sistema.

En ese sentido, retomó la idea ya expresada en sus mensajes de propiciar que los argentinos puedan desarrollarse en el lugar en el que nacieron porque, afirmó: «No hay nada más trágico que dejar la tierra de uno».

«El destierro no puede ser una opción», agregó el mandatario al pronunciar su mensaje de cierre de la primera jornada del Consejo que reunió a sectores sindicales, trabajadores, empresarios y funcionarios de diferentes áreas.

En este marco, proclamó la necesidad de que la economía social esté junto a «la UIA y a la CGT» y señaló al mismo tiempo que «un país sin industria es un país que atrasa».

«La economía social tiene que estar junto a la UIA y a la CGT», dijo Alberto Fernández casi al fin de su discurso desde un estrado que se montó al aire libre y que estuvo de cara a algunos participantes del foro, sentados en sillas distribuidas sobre el césped, como muestra de un universo que superó los allí presentes.

Finalmente, a modo de balance, se expresó satisfecho y entusiasmado y dijo que el de hoy era «un gran primer paso» para buscar las soluciones que la Argentina requiere para su desarrollo y para salir de la crisis que dejó la pandemia.

La denuncia fue presentada por irregularidades en la administración del programa que prometía la construcción de 3 mil jardines de infantes.

El Ministerio de Educación de la Nación realizó en el día de hoy una presentación ante la Oficina Anticorrupción para promover una investigación en relación a transferencias de recursos estatales por 62 millones de dólares en el marco del Programa denominado “3.000 jardines” impulsado en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri.

De los 3.000 jardines de infantes previstos sólo fueron licitadas 292 obras y, finalmente, se concluyeron 107.

La información recabada por el Ministerio de Educación a través del rastreo y análisis de más de 480 expedientes administrativos, corresponde a irregularidades en cuatro licitaciones de un total de 17 para la realización de 93 jardines, ninguno de los cuales fue concluido, evidenciándose una falta de correspondencia entre las obras y montos erogados por la contratista frente a las sumas millonarias transferidas a las mismas.

El 34% del total de las obras licitadas en el año 2016 fueron adjudicadas a La UTE BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L – ESCARABAJAL INGENIERÍA S.R.L a pesar de haber recibido un dictamen de la Comisión Evaluadora que indicaba que no tenía la capacidad operativa para absorber las obras.

Habiendo recibido transferencias por un importe total de U$S 61.920.462 sobre un total de U$S 92.357.315 que abarcaban los 4 contratos, ninguna de las 93 obras fue finalizada y, por el bajo avance de las mismas, tras dos años de plazo, fueron rescindidas 53 de ellas que se encontraban entre un 50% y un 75% de avance, 19 registraban entre un 20% y un 49% de avance y 2 reconocían apenas un avance inferior al 20%.

A su vez, se rescindieron 19 obras de mutuo acuerdo cuyo avance de estado promedio era del 11%.

Según detallaron desde el Ministerio de Educación, el monto total de los contratos superaba los 90 millones de dólares, y se desembolsaron 62 millones de dólares a lo largo del tiempo, lo que equivale, a la fecha, a casi 6.000 millones de pesos.

Más allá del bajo rendimiento de su labor, la UTE adjudicataria de la construcción de los establecimientos siguió recibiendo transferencias monetarias hasta fines del mes de julio de 2018.

Las irregularidades detectadas incluían abandono de las obras, deterioro de lo construido por incidencias climáticas, faltantes producto de vandalismo, cercos perimetrales sin terminar y ausencia de vigilancia y responsables de obra en la mayoría de los casos con la consecuente pérdida de patrimonio para el Estado.

Otro dato llamativo se vincula a la modalidad de financiación anticipada por parte del Estado nacional: el anticipo financiero se estipulaba a través de los pliegos como el equivalente al 30% pero luego se sumó la posibilidad, a través de una circular aclaratoria, de solicitar en concepto de acopio de materiales en pie de obra, anticipos sin tope a solicitud de la UTE.

Las multas por incumplimiento, calculado a fines del mes de julio de 2018, ascendía a $78 millones pero más allá de los informes confeccionados al respecto no existió acto administrativo posterior para aplicarlas. Sólo se aplicaron por aproximadamente $7 millones.

“Cuando asumimos la gestión tomamos conocimiento a través de la SIGEN de presuntas irregularidades en la ejecución de las obras. Nos dimos a la tarea de rastrear y analizar más de 480 expedientes administrativos. Una vez relevada la documentación, verificamos los créditos ante el conocimiento que ambas empresas integrantes de la UTE se habían presentado a concurso de acreedores sin haber informado a la Justicia que el Ministerio era su principal acreedor”, explicó Trotta.

“Además de poner a disposición la documentación correspondiente para verificar si se cometió algún ilícito en perjuicio del patrimonio del Estado, cuyo encuadre y tipos penales deberá determinar la Justicia, nos propusimos remediar la situación dado que representa un ataque directo a la vulneración del derecho a la educación para nuestras niñas y niños en todo el territorio nacional por lo que hemos avanzado en la conclusión de muchas de esas obras. A la fecha en nuestra gestión se han finalizado 19 de los jardines de infantes abandonados, 40 se encuentran en ejecución, 20 en proceso licitatorio, 11 en elaboración de proyecto ejecutivo y tres fueron sustituidas”.

El fracaso del plan 3000 jardines se explica también en tanto dejó de lado la experiencia de décadas en materia de infraestructura escolar, se empleó un sistema constructivo industrializado ajeno a la mayoría de las realidades locales, se emplearon tecnologías constructivas con materiales importados concentrados en pocas manos, se armaron paquetes de obras que dejaron sin posibilidad de participación a las PyMEs constructoras locales y se adjudicaron en muchos casos a empresas, como estas, sin capacidad para su ejecución.