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La medida fue dispuesta ayer por Gildo Insfrán ante la aparición de 17 nuevos casos de COVID-19. Manifestantes salieron a las calles para mostrar su desacuerdo.

Luego de que el gobierno de Formosa volviera a Fase 1 por la aparición de 17 nuevos casos de COVID-19, cientos de personas salieron a las calles a manifestarse en contra de la medida tomada por el gobernador Insfrán y varios de ellos resultaron heridos por parte de la policía.

Si bien las protestas comenzaron ayer por la noche en la puerta de la gobernación, este mediodía la situación se puso más tensa con la aparición de los efectivos de seguridad, que intentaron que los manifestantes depusieran su actitud con palazos, balas de goma y gases lacrimógenos.

En el enfrentamientos, varios jóvenes y mujeres resultaron heridos y subieron sus fotos a las redes sociales para denunciar esa brutal represión. “Los comerciantes queremos trabajar sin restricciones. Nos cortan el horario y tenemos que cerrar a las 21. No nos dejan trabajar tranquilos”, dijo a TN una mujer.

“Hacen lo que quieren. Los comerciantes no tenemos sueldo fijo. Si no vendemos, no tenemos plata. No vivimos del Estado ni de planes”, se indignó mientras detrás de ella se observaba una batalla campal.

“Es una medida excesiva”, se quejaron los manifestantes ante la prohibición de la circulación de los medios de transporte públicos y la paralización de la Justicia, quienes se agolparon frente al edificio provincial y se defendieron arrojando piedras y huevos.

De acuerdo a las restricciones, quedaron suspendidas todas las actividades de flexibilización que estaban vigentes (cerraron nuevamente los locales comerciales que no sean esenciales), así como los certificados de circulación. En tanto, aquellas personas que se desempeñen en actividades esenciales deberán volver a tramitarlo.

Con el último reporte oficial sobre la situación del coronavirus en el país, el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia ascendió a 52.784.

Otras 140 personas murieron y 7.891 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 52.784 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, informó hoy el Ministerio de Salud.

Con estos registros, suman 2.141.854 positivos en el país, de los cuales 1.934.845 son pacientes recuperados y 154.225 son casos confirmados activos.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 1.430.873, de los cuales 1.094.293 recibieron una dosis y 336.580 las dos, mientras que las vacunas distribuidas contabilizan 2.237.310.

En las últimas 24 horas se notificaron 140 nuevas muertes, son 82 hombres, 57 mujeres, y 1 persona residente en la provincia de Buenos Aires fue registrada sin dato de sexo.

También se informó que fueron realizados 42.063 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 7.660.029 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.

La cartera sanitaria indicó que son 3.485 los internados en unidades de terapia intensiva (UTI), con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 53,9% en el país y del 59,3% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

El número de casos confirmados de la jornada se detalla del siguiente modo: Buenos Aires 3.494, Ciudad de Buenos Aires 863, Catamarca 117, Chaco 172, Chubut 108, Corrientes 155, Córdoba 728, Entre Ríos 120, Formosa 28, Jujuy 80, La Pampa 110, La Rioja 23, Mendoza 161, Misiones 110, Neuquén 182, Río Negro 157, Salta 173, San Juan 62, San Luis 5, Santa Cruz 150, Santa Fe 527, Santiago del Estero 91, Tierra del Fuego 48 y Tucumán 227.

El número de casos acumulados, también distribuidos por provincias es el siguiente: Buenos Aires 894.757 Ciudad de Buenos Aires 235.366, Catamarca 8.360, Chaco 34.857, Chubut 47.461, Corrientes 22.864, Córdoba 163.172, Entre Ríos 45.836, Formosa 1.337, Jujuy 21.149, La Pampa 19.164, La Rioja 10.329, Mendoza 68.047, Misiones 8.905, Neuquén 62.071, Río Negro 53.031, Salta 26.782 San Juan 15.519, San Luis 20.801, Santa Cruz 36.581, Santa Fe 218.697, Santiago del Estero 22.958, Tierra del Fuego 23.129 y Tucumán 80.681.

En el caso de Tierra del Fuego se incluyen casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).

El Presidente habló ante sectores sindicales,  empresarios y funcionarios al cerrar la primera jornada del Consejo Económico y Social que se desarrolló en Parque Norte.

El presidente Alberto Fernández aseguró esta tarde que su función como mandatario es «poner armonía en la diversidad» y comparó su rol con el de un director de orquesta, al ponderar que estén «todos» los sectores reunidos y representados en el Consejo Económico y Social para «buscar cuál es el mejor camino» para que Argentina desarrolle su potencial en todas las áreas, al cerrar esta tarde la primera jornada de ese órgano en Parque Norte.

El jefe de Estado reflexionó sobre la actual situación del país, marcada por la pandemia del último año, a nivel nacional y global, y asumió que este virus con su presencia dejó en evidencia las debilidades del sistema en todas sus formas.

«La pandemia nos mostró la crisis de los diferentes sectores, pero también que el secreto para fortalecerse es hacerlo todos juntos», dijo y citó las palabras del papa Francisco, tomadas como propias también por el mandatario, cuando dice que «nadie se salva solo».

Al respecto, y pensando en el futuro de Argentina dijo: «Unirnos es tomar dimensión del otro y construir juntos».

El titular del Poder Ejecutivo aseguró que «tenemos un tiempo fundacional en lo trágico de la pandemia», por las enseñanzas que dejó al poner en evidencia, con la crisis, las debilidades del sistema.

En ese sentido, retomó la idea ya expresada en sus mensajes de propiciar que los argentinos puedan desarrollarse en el lugar en el que nacieron porque, afirmó: «No hay nada más trágico que dejar la tierra de uno».

«El destierro no puede ser una opción», agregó el mandatario al pronunciar su mensaje de cierre de la primera jornada del Consejo que reunió a sectores sindicales, trabajadores, empresarios y funcionarios de diferentes áreas.

En este marco, proclamó la necesidad de que la economía social esté junto a «la UIA y a la CGT» y señaló al mismo tiempo que «un país sin industria es un país que atrasa».

«La economía social tiene que estar junto a la UIA y a la CGT», dijo Alberto Fernández casi al fin de su discurso desde un estrado que se montó al aire libre y que estuvo de cara a algunos participantes del foro, sentados en sillas distribuidas sobre el césped, como muestra de un universo que superó los allí presentes.

Finalmente, a modo de balance, se expresó satisfecho y entusiasmado y dijo que el de hoy era «un gran primer paso» para buscar las soluciones que la Argentina requiere para su desarrollo y para salir de la crisis que dejó la pandemia.

La denuncia fue presentada por irregularidades en la administración del programa que prometía la construcción de 3 mil jardines de infantes.

El Ministerio de Educación de la Nación realizó en el día de hoy una presentación ante la Oficina Anticorrupción para promover una investigación en relación a transferencias de recursos estatales por 62 millones de dólares en el marco del Programa denominado “3.000 jardines” impulsado en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri.

De los 3.000 jardines de infantes previstos sólo fueron licitadas 292 obras y, finalmente, se concluyeron 107.

La información recabada por el Ministerio de Educación a través del rastreo y análisis de más de 480 expedientes administrativos, corresponde a irregularidades en cuatro licitaciones de un total de 17 para la realización de 93 jardines, ninguno de los cuales fue concluido, evidenciándose una falta de correspondencia entre las obras y montos erogados por la contratista frente a las sumas millonarias transferidas a las mismas.

El 34% del total de las obras licitadas en el año 2016 fueron adjudicadas a La UTE BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L – ESCARABAJAL INGENIERÍA S.R.L a pesar de haber recibido un dictamen de la Comisión Evaluadora que indicaba que no tenía la capacidad operativa para absorber las obras.

Habiendo recibido transferencias por un importe total de U$S 61.920.462 sobre un total de U$S 92.357.315 que abarcaban los 4 contratos, ninguna de las 93 obras fue finalizada y, por el bajo avance de las mismas, tras dos años de plazo, fueron rescindidas 53 de ellas que se encontraban entre un 50% y un 75% de avance, 19 registraban entre un 20% y un 49% de avance y 2 reconocían apenas un avance inferior al 20%.

A su vez, se rescindieron 19 obras de mutuo acuerdo cuyo avance de estado promedio era del 11%.

Según detallaron desde el Ministerio de Educación, el monto total de los contratos superaba los 90 millones de dólares, y se desembolsaron 62 millones de dólares a lo largo del tiempo, lo que equivale, a la fecha, a casi 6.000 millones de pesos.

Más allá del bajo rendimiento de su labor, la UTE adjudicataria de la construcción de los establecimientos siguió recibiendo transferencias monetarias hasta fines del mes de julio de 2018.

Las irregularidades detectadas incluían abandono de las obras, deterioro de lo construido por incidencias climáticas, faltantes producto de vandalismo, cercos perimetrales sin terminar y ausencia de vigilancia y responsables de obra en la mayoría de los casos con la consecuente pérdida de patrimonio para el Estado.

Otro dato llamativo se vincula a la modalidad de financiación anticipada por parte del Estado nacional: el anticipo financiero se estipulaba a través de los pliegos como el equivalente al 30% pero luego se sumó la posibilidad, a través de una circular aclaratoria, de solicitar en concepto de acopio de materiales en pie de obra, anticipos sin tope a solicitud de la UTE.

Las multas por incumplimiento, calculado a fines del mes de julio de 2018, ascendía a $78 millones pero más allá de los informes confeccionados al respecto no existió acto administrativo posterior para aplicarlas. Sólo se aplicaron por aproximadamente $7 millones.

“Cuando asumimos la gestión tomamos conocimiento a través de la SIGEN de presuntas irregularidades en la ejecución de las obras. Nos dimos a la tarea de rastrear y analizar más de 480 expedientes administrativos. Una vez relevada la documentación, verificamos los créditos ante el conocimiento que ambas empresas integrantes de la UTE se habían presentado a concurso de acreedores sin haber informado a la Justicia que el Ministerio era su principal acreedor”, explicó Trotta.

“Además de poner a disposición la documentación correspondiente para verificar si se cometió algún ilícito en perjuicio del patrimonio del Estado, cuyo encuadre y tipos penales deberá determinar la Justicia, nos propusimos remediar la situación dado que representa un ataque directo a la vulneración del derecho a la educación para nuestras niñas y niños en todo el territorio nacional por lo que hemos avanzado en la conclusión de muchas de esas obras. A la fecha en nuestra gestión se han finalizado 19 de los jardines de infantes abandonados, 40 se encuentran en ejecución, 20 en proceso licitatorio, 11 en elaboración de proyecto ejecutivo y tres fueron sustituidas”.

El fracaso del plan 3000 jardines se explica también en tanto dejó de lado la experiencia de décadas en materia de infraestructura escolar, se empleó un sistema constructivo industrializado ajeno a la mayoría de las realidades locales, se emplearon tecnologías constructivas con materiales importados concentrados en pocas manos, se armaron paquetes de obras que dejaron sin posibilidad de participación a las PyMEs constructoras locales y se adjudicaron en muchos casos a empresas, como estas, sin capacidad para su ejecución.

Según las encuestas, el Movimiento Al Socialismo del expresidente Evo Morales crecería en las intendencias y perdería en las grandes ciudades del país. Los comicios subnacionales se realizarán el próximo domingo.

Bolivia reedita en las elecciones subnacionales del próximo domingo la confrontación entre oficialismo y oposición pero con mucha más fragmentación en ambos bloques y, según las encuestas, el Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales crecería en las intendencias y perdería en las grandes ciudades del país, lo que daría elementos para que ambos sectores se proclamen vencedores.

Según los sondeos de intención de voto, distintos sectores de oposición al MAS ganarían las gobernaciones de Santa Cruz de la Sierra, Tarija -ambos históricamente opositores al masismo-, el Beni y tal vez Chuquisaca, un departamento (provincia) bisagra porque tiene un equilibrio entre clases medias y campesinos, aunque Morales relativizó el valor de esos sondeos.

«Nunca creí en las encuestas, especialmente de (la empresa) Ciesmori. El año pasado nos hizo creer que iba a haber una segunda vuelta y que el MAS iba a perder. ¿Qué segunda vuelta? Ganamos con más del 55%», dijo Morales a la radio Kawsachun Coca.

De todos modos, las estadísticas históricas indican que el arrastre que tiene una elección presidencial no se repite en las provinciales y municipales.

«En las elecciones subnacionales el MAS reúne un 20% menos que en las nacionales, de modo que si se repite esta situación la media esperable sería del 35% de los votos», señaló sobre este punto el periodista y escritor Fernando Molina en diálogo con Télam.

Las encuestas, explican desde el MAS, se concentran en los centros urbanos, pero no tienen en cuenta a las zonas rurales, donde están los campesinos e indígenas, mayoritariamente identificados con el actual oficialismo, aunque hay desencuentros que antes se soterraban y hoy están más expuestos.

Para esta elección, el Gobierno del masista Luis Arce podría perder las intendencias de las tres principales ciudades: Santa Cruz, donde se perfila como probable ganador el opositor Luis Fernando Camacho; Cochabamba, donde lidera los sondeos el exintendente y exgobernador Manfred Reyes Villa, y La Paz, donde se perfila como favorito Iván Arias, exministro de Obras Públicas del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, aunque el Gobierno nacional, con el presidente a la cabeza, está haciendo campaña por el masista César Dockweiler.

La expresidenta de facto Áñez, por su parte, se postula a su vez para la gobernación del Beni, donde está por ver cuánto pesa su fracaso al frente del Gobierno, con una gestión que aglutina en la crítica a sectores antagónicos.

En cualquier caso, no es para el MAS una novedad gobernar con las principales ciudades en manos de la oposición, pero también es cierto que entre sus detractores hay un recambio dirigencial desde una centroderecha con tendencia neoliberal a un populismo de derecha, clasista e incluso racista.

«La mala gestión de Áñez minó al partido Demócratas, que lideraba el actual gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, e hizo crecer a Camacho. Si gana Camacho, pasará de tener un gobernador de derecha pero negociador a uno populista y no negociador», explicó Fernando Molina.

Camacho, a quien se lo apoda como «el Bolsonaro boliviano» por sus actitudes y declaraciones, es uno de los dirigentes sociales de derecha a los que el MAS acusa de haber estado involucrado activamente en la rebelión y asonada militar que forzó la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019.

El camino hacia un populismo de derecha se repite en Cochabamba, con Manfred Reyes Villa, ex candidato a presidente, cuatro veces intendente de esa ciudad homónima y exgobernador de ese departamento, que lidera las encuestas.

En todos estos casos, el MAS, que es el único partido nacional que funciona en Bolivia, con candidatos en los nueve departamentos y en cada uno de los 336 municipios del país, puede ganar muchas comunas periféricas a las grandes ciudades.

En este contexto, el oficialismo podrá hacer un análisis cuantitativo y decir tras las elecciones que gobierna en más departamentos que la oposición y en la mayoría de los municipios del país. Y la oposición podrá optar por un argumento cualitativo para decir que gobierna las principales ciudades, que son económicamente más fuertes y activas.

Pero así como el arco opositor tiene sus diferencias y problemas con el corrimiento hacia la derecha, aún más, con la nueva camada de dirigentes, el MAS también tiene su crisis interna, que se refleja claramente en la disputa por la intendencia de El Alto, donde la candidata con más posibilidades es Eva Copa, que fue presidenta masista del Senado durante el Gobierno de facto de Áñez.

El oficialismo la postuló para disputar esa intendencia, pero luego arreciaron las crítica hacia Copa, a quien se llegó a acusar de «colaboracionista», y el partido bajó su candidatura.

Copa, entonces, se desvinculó del MAS y, ahora como candidata del partido regionalista Jalalla lidera con amplitud las encuestas de intención de voto.

«Podríamos decir que en el MAS anidan dos actitudes encontradas. Por un lado, está la euforia por haber recuperado el poder con la elección de Arce, pero a la vez se ha tornado un partido más cerrado en sí mismo. Ya no aparece como el partido que durante el apogeo de Evo Morales apostaba a sumar a todos, sino que se ha encerrado en si mismo, ha vuelto a ser el partido indigenista del comienzo, cuando dudaba de todo y de todos», señaló Molina.

«Creo que el durísimo año 2020 que pasó el MAS, a pesar de toda la épica que significó ganar y volver a gobernar, ha dejado un efecto psicológico», agregó.