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Con las cifras de las últimas 24 horas, el total de fallecidos desde que comenzó la pandemia alcanzó a 50.432 personas.

Otras 106 personas murieron y 4.003 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 50.432 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.033.060 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.581 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,2% en el país y del 59% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Un 48,08% (1.925 personas) de los infectados de hoy (4.003) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

De los 2.033.060 contagiados, el 90,41% (1.838.291) recibió el alta y 144.337 son casos confirmados activos.

En esta jornada los fallecidos fueron 70 hombres y 35 mujeres, mientras que una (1) persona, residente de la provincia de Salta, fue registrada sin dato de sexo.

El reporte consignó que murieron 24 hombres en la provincia de Buenos Aires; 7 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 3 en Córdoba; 4 en Formosa; 1 en Jujuy; 2 en La Pampa; 1 en La Rioja; 1 en Misiones; 12 en Neuquén; 3 en Salta; 1 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 4 en Santa Fe; y 4 en Tucumán.

También fallecieron 15 mujeres en Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Córdoba; 3 en Formosa; 1 en Jujuy; 3 en Neuquén; 3 en Río Negro; 1 en Salta; 2 en Santa Cruz; 1 en Santa Fe y 2 en Tucumán.

Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 1.486 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 439; en Catamarca, 4; en Chaco, 71; en Chubut, 41; en Corrientes, 486; en Córdoba, 303; en Entre Ríos, 103; en Formosa, 4; en Jujuy, 29; en La Pampa, 53; en La Rioja, 20; en Mendoza, 46; en Misiones, 115; en Neuquén, 112; en Río Negro, 113; en Salta, 46; en San Juan, 44; en San Luis, 138; en Santa Cruz, 52; en Santa Fe, 180; en Santiago del Estero, 29; Tierra del Fuego, 22 y en Tucumán 67.

El Ministerio indicó que se realizaron en las últimas 24 horas 36.282 testeos y desde el inicio del brote contabilizan 6.901.792 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 152.566 muestras por millón de habitantes.

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 848.454 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 223.373; Catamarca, 6.882; Chaco, 32.580; Chubut, 45.333; Corrientes, 20.132; Córdoba 152.473; Entre Ríos, 43.682; Formosa, 978; Jujuy, 19.827; La Pampa, 17.798; La Rioja, 9.881; Mendoza, 65.730; Misiones, 6.964; Neuquén, 58.923; Río Negro, 50.797; Salta, 24.901; San Juan, 14.660; San Luis, 20.221; Santa Cruz, 34.633; Santa Fe, 212.247; Santiago del Estero, 21.914; Tierra del Fuego, 22.483 y Tucumán, 78.194.

Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino).

Tendrá lugar el 15 de marzo y podrá participar toda persona humana o jurídica, pública o privada, que deberá inscribirse hasta dos días hábiles previos.

La Secretaría de Energía convocó para el 15 de marzo a la realización de una Audiencia Pública para analizar en un «proceso participativo» el costo del gas natural por redes, y la proporción de la cual se hará cargo el Estado vía subsidios, en el marco del Plan Gas.Ar vigente.

Así lo dispuso este martes el secretario de Energía, Darío Martínez, a través de la resolución 117/2021 que será publicada en el Boletín Oficial en las próximas horas y en la que se convoca a la Audiencia Pública para el 15 de marzo, a partir de las 10, a través de la plataforma Webex.

El secretario consideró tras el llamado público que «es sumamente importante asegurar la transparencia en la toma de decisiones que afectan el interés común de la ciudadanía, como lo es el costo del componente gas natural que pasa a la tarifa, que debe adecuarse al salario de los argentinos, y no al revés”.

Martínez recalcó, mediante un comunicado de su cartera, que “es necesario que la ciudadanía se sume a este tipo de instancias, por lo que se habilitarán centros de participación con herramientas tecnológicas para que todos los interesados e interesadas puedan acceder a la audiencia”.

En el debate podrá participar toda persona humana o jurídica, pública o privada, y deberán inscribirse hasta dos días hábiles previos, a través del formulario disponible en el sitio web https://www.argentina.gob.ar/economia/energia

El informe técnico que se expondrá en la Audiencia Pública, elaborado por la Secretaría de energía, estará a disposición de quienes estén interesados, en la página web de la Secretaría: https://www.argentina.gob.ar/economia/energia

Un sistema transparente de formación del precio del gas
La convocatoria se da en el merco del Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino – Esquema de Oferta y Demanda 2020-2024 (conocido como Plan Gas.Ar), que busca abastecer de gas natural de producción nacional la demanda local, reemplazando fuentes importadas y más caras de ese fluido.

De ese esquema implementado mediante una subasta paran la provisión de una entrega diaria de 70 millones de m3 de gas, se adjudicaron precios promedio de US$ 3,5 el millón de BTU por los próximos cuatro años.

El Gobierno Nacional a través del Decreto 892/2020 que aprueba el plan, tiene como uno de sus objetivos “establecer un sistema transparente, abierto y competitivo para la formación del precio del gas natural” y deja a cargo de la Secretaría de Energía la reglamentación de la discusión y los mecanismos de participación ciudadana.

La Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva facultó al Poder Ejecutivo a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, afirmó la resolución firmada hoy en sus considerandos.

En ese sentido, la premisa oficial es «proteger los derechos de los usuarios» y «cuidar los ingresos de dichos usuarios a través de la determinación de tarifas que cumplan con los criterios de certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad definidos por la Corte Suprema de Justicia» en la causa del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad que frenó el primer incremento tarifario de la gestión Cambiemos.

En ese contexto, el Estado tomará a su cargo la convocatoria en el marco del Plan Gas.Ar. para la realización de una Audiencia Pública a los efectos del tratamiento de la porción del precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Un doble femicidio tuvo lugar alrededor de las 13 de hoy en el paraje Lote 40, distante a 25 kilómetros de Los Juríes, ciudad ubicada en el departamento General Taboada.

Fuentes policiales informaron que la policía y los bomberos encontraron a ambas mujeres heridas en el suelo, pidiendo ayuda a metros de la vivienda de la ex pareja de Garnica, identificada como Silvia Raquel Rojas, de 31 años. Su hermana, Silvana Natalia, de 35 años se encontraba con ella.

Una de las víctimas, Silvana, había denunciado a Garnica el pasado 9 de febrero, en la Comisaría de Los Juríes, exponiendo además que se iba de la casa por problemas en la pareja.

Ambas mujeres fallecieron camino al hospital de Añatuya y Los Juríes respectivamente.

El Observatorio de la Unión Argentina de Salud reveló en un informe que mientras la inflación en la Argentina en 2020 fue del 36,1%, hubo medicamentos que aumentaron hasta 1300% .

La Unión Argentina de Salud-entidad que nuclea a clínicas, sanatorios, hospitales, centros de diagnóstico, obras sociales, financiadores y servicios de urgencia, entre otros, y que atiende al 70% de la población- p ublicó su primer informe del Observatorio que creó para monitorear el avance de los precios en los medicamentos de uso ambulatorio, hospitalario y insumos y prótesis. En 2020 hubo un aumento promedio de 1300%.

Según el documento, el incremento de los insumos y los medicamentos se dan por una oferta muy concentrada frente a la que no hay ninguna posibilidad de negociación y van en desmedro del ingreso de sanatorios y honorarios profesionales. Para los productos de alto costo, hay una relación con la variación del dólar.

Los medicamentos de uso hospitalario aumentaron un promedio de 278%, pero productos como el Propofol (de uso en pacientes graves con COVID 19) tuvieron aumentos anuales de 335%.

El Acenocumarol, que es un anticoagulante necesario para evitar Accidentes Cerebrovasculares (ACV) en personas que padecen arritmias, incrementó su precio de venta al público (PVP) 1397%.

Los medicamentos de alto costo (algunos de ellos superan los $500.000 por unidad) tuvieron aumentos superiores al 55%. Respecto de los fármacos de uso común en pacientes ambulatorios, en 2020 aumentaron 46,1%.

El informe afirma además que los fármacos para el tratamiento de VIH, hepatitis, ITS y Tuberculosis aumentaron un 84% promedio, aunque hay algunos que llegaron a aumentar un 1300 por ciento.

Medicamentos como el Treprostinil, para la hipertensión pulmonar, tienen un precio cercano a los 13 millones de pesos. En este caso por cada paciente con esta patología se requieren 28 ampollas. La variación acumulada de medicamentos y descartables con insumos COVID fue de 119,7%. En los últimos cinco años los medicamentos aumentaron un promedio de 487%.

El aumento de cuotas de la medicina prepaga está regulado por el Estado y no contempla, hasta ahora, la evolución del aumento de estos costos. El último aumento antes del otorgado en enero de 2021, fue en diciembre de 2020 y fue de un 10%.

Entre las personas involucradas está el ex presidente Martín Vizcarra. Dos ministras, entre ellas la titular de Salud, dejaron su cargo por el escándalo.

El presidente de Perú, Francisco Sagasti, confirmó que 487 personas se vacunaron «extraoficialmente», entre ellas altos cargos y servidores públicos, que «aprovecharon su posición para ser inmunizadas con las vacunas de Sinopharm» contra el coronavirus, en un escándalo que alcanza al ex presidente Martín Vizcarra y provocó la salida del Gobierno de al menos dos ministras, entre ellos la titular de Salud, Pilar Mazzetti.

Sagasti reiteró un mensaje a la nación su «indignación y decepción por haber conocido que 487 personas, entre ellas muchos funcionarios públicos, aprovecharon su posición para ser inmunizados con las vacunas de Sinopharm que llegaron en complemento a aquellas que se usaron en los ensayos clínicos en nuestro país», según recogió la agencia estatal de noticias Andina.

Entre las personas que recibieron la inoculación sin que les correspondiera se encuentran la ex ministra Mazzetti, que primero negó haberla recibido y ahora en una carta pública lo confirmó y dijo que se trató de «el peor error» de su vida, y la de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, que renunció al cargo en las últimas horas.

Según el diario El Comercio, que cita fuentes del programa de ensayos de Sinopharm, Mazzetti se vacunó a mediados de enero y recibió la segunda dosis el 6 de febrero en las instalaciones de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

De esa manera, la entonces ministra recibió el antídoto de Sinopharm antes de la llegada del primer lote de vacunas contra el coronavirus, que aterrizó el 7 febrero en el país.

Sagasti -el cuarto presidente en lo que va del presente período quinquenal de Gobierno- mostró un «sentimiento profundo de dolor, porque estas personas que formaron parte de nuestro Gobierno de transición faltaron a su deber de servidoras públicas y a su lealtad con la presidenta del Consejo de Ministros y conmigo».

Tras admitir el domingo que recibieron la vacuna el ex viceministro de Salud Pública Luis Suárez y la canciller Astete, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció este lunes que el Gobierno abrió una investigación sobre la supuesta vacunación «extraoficial» llevada a cabo por altos cargos, que habrían llegado a una serie de acuerdos con las empresas farmacéuticas para inmunizarse de forma subrepticia.

Según había adelantado horas antes Ugarte a la emisora RPP, «la primera versión en el Ministerio de Sanidad puede ser de entre 15 y 20 vacunados».

El presidente confirmó que el listado de personas que fueron beneficiadas con la vacuna se enviará a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía, a la Procuraduría General del Estado y a la comisión investigadora formada por Ugarte para que se inicien las acciones que correspondan.

Por otro lado, la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra el ex presidente Martín Vizcarra, ahora candidato al Congreso por el partido Somos Perú, por los presuntos delitos de concusión, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo debido a indicios de irregularidad en la administración de los inmunizadores adicionales a él y a su esposa, tal y como ha confesado el ex dirigente.

En concreto, la fiscal señaló que el ex Presidente reconoció haber recibido la dosis junto a su esposa en octubre de 2020 como «voluntarios» de ensayos clínicos, pero la UPHC ha negado esa versión al indicar que ni él ni su pareja estaban dentro de los padrones de voluntarios.

«Existen datos objetivos que dan cuenta de una serie de irregularidades en el procedimiento médico de vacunación, que se realizó de manera oculta el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra», señala de este modo el documento fiscal que apunta además a que «resulta razonable la hipótesis de que habría utilizado de modo indebido el poder que le brindaba el alto cargo».

Asimismo, la Fiscalía también ha hecho hincapié en que, por el momento, no existen indicios que apunten a una «negociación de los contratos» por parte de Vizcarra ya que, aunque Perú fue elegido como uno de los territorios donde Sinopharm realizaría la fase tres de los ensayos clínicos, «tal procedimiento no implica necesariamente futuros contratos de adquisición de vacunas».

El tribunal de La Haya consideró que cualquier medida que interfiera en las libertades de la ciudadanía debe llegar después de una revisión «extremadamente cuidadosa», algo que no se habría dado en este caso, en el que el Gobierno actuó por su cuenta.

Un tribunal de La Haya decidió este martes que el Gobierno de los Países Bajos debe poner fin al toque de queda que rige para frenar la pandemia del coronavirus y que provocó una serie de protestas en el país.

«El toque de queda debe levantarse inmediatamente», dijo el tribunal en un comunicado, considerando que la «emergencia» que justifica una medida semejante no se pudo demostrar, entender que limita libertades fundamentales y que se debía haber consultado antes con el Parlamento, informó la agencia Europa Press

En este sentido, el tribunal considera que cualquier medida que interfiera en las libertades de movimiento de la ciudadanía debe llegar después de una revisión «extremadamente cuidadosa», algo que no se habría dado en este caso, en el que el Gobierno actuó por su cuenta y sin consultar a los legisladores, según la cadena NOS.

El Gobierno neerlandés impuso desde el 23 de enero un toque de queda desde las 21 hasta las 4:30 para intentar evitar la propagación del coronavirus, la primera medida de este tipo en el país desde la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La decisión del juez responde a una demanda del grupo negacionista Virus Truth, que acusaba al gobierno de haber utilizado de manera incorrecta sus poderes para situaciones de emergencia.

El Gobierno puede apelar el fallo pero eso no implicará la suspensión de la orden judicial, dijo un vocero del tribunal citado por la agencia de prensa ANP.

El lunes, las autoridades sanitarias neerlandesas confirmaron 27 fallecidos más 2.875 nuevos casos de coronavirus, unas cifras inferiores a la media de la semana previa, si bien los datos oficiales reflejan también una leve suba de los ingresos hospitalarios.

Desde el inicio de la pandemia, Países Bajos acumula más de un millón de positivos y casi 15.000 decesos.

La variante conocida como B.1.525 incluye una mutación que generan un aumento de la capacidad del virus para evadir los anticuerpos.

Un grupo de científicos de la Universidad de Edimburgo, Escocia, descubrieron una nueva variante de coronavirus que presenta mutaciones potencialmente preocupantes. Se encuentra presente en 10 países, las primeras secuencias datan de diciembre y aparecieron en Reino Unido y Nigeria.

La variante fue analizada utilizando datos de secuenciación del genoma similares a la B.1.1.7, otra cepa británica, e incluye la mutación E484K en la proteína de pico o de espiga, que permite al virus acceder a las células e infectarlas.

La mutación, que también fue hallada en variantes de Sudáfrica y en Brasil, está asociada con un aumento de la capacidad del virus para evadir los anticuerpos neutralizantes generados por el organismo.

La nueva cepa, conocida como B.1.525, fue identificada en Dinamarca (35 casos), Reino Unido (32), Nigeria (12), EE.UU. (7), Francia (5), Ghana (4), Australia (2), Canadá (2), Jordania (2) y España (1).

Simon Clarke, profesor asociado de microbiología celular en la Universidad de Reading, dijo a The Guardian que no está claro cómo se propagará esta nueva cepa, aunque «si tiene éxito, se puede suponer que la inmunidad derivada de cualquier vacuna o infección previa se debilitará».

Por su parte, Lucy van Dorp, del Instituto de Genética de la University College London, subraya la importancia de la detección rápida de nuevas variantes para permitir una «rápida evaluación» de su impacto y prevalencia en otras regiones del mundo.