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Este lunes firmaron YPF Luz y PAE, entre otras empresas. Economía detalló que hay acuerdos por unos $200.000 millones sobre los $600.000 millones adeudados al sector privado y descarta otro mecanismo de pago. Tensión en el sector eléctrico.

Las productoras de gas y las pequeñas generadoras de electricidad que aceptaron la propuesta del Gobierno de pagar la deuda de Cammesa con un bono en dólares a 2038, con una quita implícita del 50%, ya representan $200.000 millones sobre los compromisos pendientes por $600.000 millones con el sector privado, según detalló a Infobae una alta fuente del Ministerio de Economía. Si se cuenta el sector público, el monto adeudado supera el $1 billón solo para el período diciembre y enero.

A pesar de la escalada de tensión con las empresas de energía que se observó en las últimas semanas, en el Gobierno se mantienen firmes en la propuesta plasmada en las Resoluciones 58 y 66 de la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo: “La mayoría de los productores de gas van a firmar. Las grandes generadoras son las más reacias pero no vamos a ceder porque varias ya aceptaron. Con lo que firman esta semana la deuda baja a unos $400.000 millones”.

Este lunes firmaron convenios YPF Luz, Victorio Podestá, Alpes Energy, Pan American Energy (PAE). Mañana se espera la firma de Hidroeléctrica Futaleufú, Central Dock Sud, APR Energy, AMG y Solargen. Ya habían manifestado su adhesión YPF, Pluspetrol y Albanesi. Se sumarían más en los próximos días.

Las petroleras serán la clave para la operación que pretende llevar adelante el Gobierno. “Las grandes generadoras eléctricas se mantienen más reticentes por ahora”, destacaron en Economía.

El Gobierno mantiene una deuda por la venta de electricidad y gas natural a Cammesa correspondientes a diciembre y enero. Como los usuarios no pagan el 100% del costo de la energía que consumen, el Tesoro subsidia la diferencia a través de la administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Esos pagos debían realizarse en febrero y marzo, respectivamente, pero finalmente el atraso escaló y en el sector alertaron estas últimas semanas de un riesgo en la continuidad del sistema.

Las resoluciones de Energía detallaron que esos montos adeudados suman $1,07 billones, los cuales buscan diferir con los AE 38 que cotizan a la mitad de su precio de cancelación. Según detallaron a Infobae fuentes oficiales son unos $600.000 millones los que corresponden al sector privado y $400.000 millones al público (Enarsa, Nasa, Yacyretá, Salto Grande, entre otros).

Las firmas que acepten la propuesta de recibir títulos públicos en concepto de diciembre y enero, cobrarán en efectivo lo correspondiente a febrero con fondos que estaban retenidos por Cammesa. El Gobierno afirmó que esta semana las compañías comenzarán a cobrar “en tiempo y forma”, las operaciones de marzo, cuyos plazos empezaron a vencer en los últimos días, algo en lo que coincidieron las fuentes empresariales consultadas por este medio.

En los últimos días la propuesta de pagar con un bono la deuda de Cammesa sumó detractores. Ageera, que reúne a las eléctricas, denunció la ruptura de contratos. Las productoras de hidrocarburos también salieron a manifestar su rechazo. El miércoles, Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, informó a sus inversores que analizaba medidas legales aunque después aclararon que son optimistas en encontrar una salida y descartan riesgo financiero.

Por su parte, Fernando Bonnet, CEO de Central Puerto, una de las principales empresas generadoras de electricidad en el país, afirmó: “Esto no es una buena señal, aunque sea una propuesta y no una imposición para aceptar. Hay soluciones que se pueden buscar para acercar posiciones. Todos sabemos donde estamos, pero se pueden buscar situaciones que sean más acordes”.

El CEO de la norteamericana AES, Martín Genesio, reveló que había sido consultado por el FMI y el gobierno de Estados Unidos sobre la propuesta de Caputo. “Proponemos trabajar en otras alternativas, incluso hasta se puede pensar en un esquema de financiamiento privado”, comentó el empresario. En el Gobierno negaron que haya habido mención de los funcionarios del organismo a algún tipo de preocupación por la deuda que mantiene Cammesa.

La Argentina finalizó el primer trimestre con un superávit fiscal primario -sin contar los pagos de intereses de deuda- de $3,8 billones y un resultado financiero de $1,4 billones. El primer saldo positivo en 16 años, tal como destacó este lunes el Fondo. Sin embargo, ese resultado habría quedado más ajustado si se contemplaban los pagos pendientes de Cammesa, que en total se acercan a los $2 billones.

Al respecto, Chirillo manifestó: “La deuda de Cammesa no es algo que inventó este Gobierno. Lamentablemente, era una práctica común en los últimos años. En 2020, por ejemplo, fue de USD 1.000 millones. Hay empresas generadoras y productores de gas que ya aceptaron la propuesta del Gobierno. Seguiremos trabajando prioritariamente en consolidar y sostener la solidez económica del sistema eléctrico, que es la que estuvo en riesgo hasta este momento”.

El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas alertó por crisis de salud y dijo que el aumento de los insumos y los costos médicos pone en riesgo las cirugías cardiovasculares.

El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) emitió un duro comunicado en el que advirtió sobre la crisis que atraviesa el sector y reclamó soluciones a mediano plazo para mantener el nivel de atención de procedimientos vitales como la colocación de stents y la realización de angioplastias que, en muchos casos, podrían dejar de llevarse a cabo.

En un comunicado en el que los médicos de esa especialidad detallaron la situación, indicaron que se debe a la combinación del aumento exponencial en el costo de equipos y suministros médicos, y a una reducción sistemática de honorarios profesionales, que ya ha comenzado a repercutir en la demora y reprogramación de intervenciones y comprometido la salud cardiovascular de pacientes.

Para subrayar la urgencia de una solución integral, el doctor Rubén Kervorkian, un destacado cardiólogo intervencionista, indicó que las afecciones cardíacas y vasculares “son la principal causa de muerte en la Argentina. Según el último reporte de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, en 2022 se registraron en nuestro país 110.062 fallecimientos por las enfermedades del sistema circulatorio, entre las que se incluyen las hipertensivas, isquémicas del corazón, insuficiencia cardíaca, enfermedades cerebrovasculares, ateroesclerosis y demás enfermedades del corazón y del sistema circulatorio”.

El Colegio nuclea a profesionales altamente especializados que dependen para su actividad de medicamentos, insumos, y equipos de alta tecnología cada vez más inaccesibles por sus precios, dijeron, lo que está forzando a algunos médicos a emigrar en busca de mejores condiciones laborales.

El panorama, destacaron, se agrava ante los pagos tardíos a los médicos, la insuficiencia de financiamiento para la renovación de equipo por parte de las instituciones de salud, y las trabas burocráticas de obras sociales y prepagas. Las consecuencias podrán ser una escasez de médicos cardiólogos intervencionistas y el posible cierre de centros de alta complejidad, consideraron.

La posición de los médicos cardioangiólogos

El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas advirtió que “en el mediano plazo su actividad puede desaparecer y no podrían ya colocarse stents ni efectuarse angioplastías”. Esto se debe al “aumento exponencial del costo de los equipos y los insumos médicos, la baja sistemática de los honorarios profesionales”. Esta situación ya está mostrando “consecuencias indeseables como la reprogramación de prácticas y la demora en realizar las mismas dilatándolas por largos meses”, aseguró. Si la solución se demora, en el mediano plazo “toda la actividad va a verse paralizada, generando un impacto incalculable sobre la salud de la población a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina”.

La colocación de stents, cuando se realiza precozmente “son el tratamiento más eficaz para disminuir la mortalidad del infarto de miocardio”, además, “el tratamiento por catéteres del accidente cerebrovascular realizado en las primeras horas del inicio de los síntomas logra disminuir, no solo la mortalidad, sino también el grado de incapacidad que puede quedar luego del mismo”, remarcó.

Los insumos necesarios para estas intervenciones “no se fabrican en el país”, recodaron, a la vez que advirtieron que, para realizarlas, se necesita de “profesionales altamente entrenados”. En ese sentido, señalaron que los precios de los equipos e insumos “han aumentado en forma exponencial, entre un 300% y un 500%”, algo que “no se ha visto reflejado en los centros asistenciales donde se realizan estos procedimientos y que las Obras Sociales y Sistemas de Medicina Privada pagan”.

Por poner un ejemplo, los miembros del Colegios de Cardioangiólogos aseguraron que los centros de salud con salas de cateterismo están cobrando “por las prácticas menos de la mitad que los colegas latinoamericanos y una cuarta o quinta parte de lo que se paga en Estados Unidos”. En consecuencia, “estos bajos valores abonados por los financiadores, afectan, no solo a los médicos, sino que las instituciones se quedan sin márgenes para renovar equipos e infraestructura”. Derivado de esa situación se están realizando “ajustes” que implican la reutilización los insumos, la postergación de la actualización de los equipos y el mantenimiento de magras retribuciones a los profesionales lo que está “bajando de ese modo la calidad de las prestaciones”.

Retomando lo señalado en cuanto a los honorarios, en las salas de cateterismo “los salarios de los médicos, en los últimos años han caído a valores que hacen cada vez más difícil mantenerse en la especialidad. Un cardiólogo intervencionista cobra en Argentina por el mismo trabajo apenas una fracción de lo que sus colegas de Chile, Brasil, Bolivia o Paraguay, para nombrar solo algunos países vecinos”. Además, dijeron, “los médicos cobran a los 90, 120 y a veces 150 días después de asistir al paciente, sin ningún tipo de interés ni indexación”.

Ante esto, aseguró el Colegio en el comunicado, “médicos con excelente formación están emigrando a países que los reciben con los brazos abiertos y retribuciones acordes con la calidad de su trabajo”. Una posible “escasez de médicos y el cierre de centros de alta complejidad tendrá indudablemente consecuencias serias en la salud cardiovascular de la población”, agregó.

Según dijo, como no se está actuando para solucionar estos problemas “algunas empresas de medicina prepaga y muchas obras sociales, no autorizan el suministro de los componentes básicos para poder llevar adelante la prácticas, dilatando los estudios necesarios y atentando contra la salud de los pacientes, deteriorando, de esa forma, la calidad asistencial”.

Respecto de la situación descriptas, el médico cardioangiólogo intervencionista Juan José Fernández, Presidente del CACI, remarcó que “está en crisis la atención de las urgencias, tanto sea por infartos coronarios u otras condiciones cardiológicas y cerebrovasculares”. En los hechos, aseguró, “los especialistas, en lugar de concentrarnos en la realización del procedimiento, tenemos que estar pendientes de conseguir los insumos mínimos necesarios para su realización y, muchas veces, trabajar en condiciones muy precarias”.

Su colega, el doctor Alejandro Palacios, ex presidente de la entidad opinó que “toda esta situación grafica claramente que “la medicina está desatendida, y no por los propios médicos, que hacemos esfuerzos sobrehumanos, muchas veces trabajando sin los recursos mínimos necesarios, sino por el propio sistema y por las autoridades que deben velar por brindar un servicio de calidad a la población”.

“Nadie quiere arriesgar, ni perder dinero. Los importadores retacean insumos, las obras sociales y prepagas demoran autorizaciones y pagan las prácticas en plazos extendidos afectados por la inflación, las autoridades sanitarias no toman cartas en el asunto y las clínicas y hospitales terminan siendo testigos involuntarios de una problemática que afecta directamente la atención programada y las urgencias. En definitiva, somos los médicos los que debemos dar la cara con el paciente e intentar resolver su problema de salud con los pocos medios que tengamos a nuestro alcance”, concluyó el doctor Palacios.

Infobae