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Así lo reveló el ministro del Interior, Guillermo Francos, con vínculo con las provincias. En Casa Rosada aseguraron que estará sujeto a la aprobación de la Ley Ómnibus.

Tras la escalada de tensión, el presidente Javier Milei evalúa la posibilidad de trazar un nuevo pacto fiscal junto a los gobernadores que reclaman fuentes de financiamiento para sus provincias. 

Luego del debate en torno a la chance de coparticipar el Impuesto PAIS, en el marco de la Ley de Ómnibus, el Gobierno evalúa una convocatoria para avanzar posiciones, de la cual aún no hay precisiones. 

Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni admitió la intención de iniciar un camino para tratar el paquete fiscal, pero especificó que tendrá lugar al término del proceso legislativo en ell Congreso y sujeto a la aprobación de la ley Bases. 

“Con respecto a la reunión con gobernadores, se evaluará con qué actores deberemos reunirnos para avanzar, pero es algo que no está planteado ni confirmados. Estamos abocados a terminar la tarea legislativa de la Ley Bases”, reveló en su habitual conferencia de prensa.

Sin fecha ni horario, desde la gestión aseguran que “no hay apuro” para tratar el paquete fiscal, que solo se conversará si se aprueba la ley, y enfatizan en que, hoy, “lo importante es la ley, no lo impositivo”. 

“Los apurados son los gobernadores, es un tema de ellos porque son los que se van a desangrar con el ajuste”, subrayó una fuente de Gobierno. 

A diferencia de lo expuesto por el diputado Miguel Ángel Pichetto, quien aseguró que el Gobierno oficializaría hoy la convocatoria a la reunión, desde el entorno de Milei descartan la existencia del llamado. “No hay ninguna reunión ya confirmada”, sostuvo Adorni, al tiempo que prometió que se sentarán a dialogar “con cada uno de los actores que sean necesarios para intentar superar el proyecto original de la ley”. 

El ministro del Interior, Guillermo Francos, una de las piezas claves del Presidente para la negociación, fue de los primeros en hablar de la voluntad de trazar un nuevo pacto fiscal aunque sin .

“Cuando se generó esta discusión sobre el tema tributario y se resuelve sacar el capítulo fiscal dijimos que una vez aprobada esta parte de la ley bases nos vamos a sentar con los gobernadores para analizar de qué manera recomponemos los ingresos provinciales”, subrayó al respecto. 

En la misma línea, remarcó: «Buscaremos un nuevo pacto fiscal que nos permita una distribución razonable de los recursos coparticipables”.

La relación del Gobierno con las provincias, ya con rispideces por los puntos de la ley, se tensó luego del último intercambio que protagonizaron con Francos en Consejo Federal de Inversiones (CFI) que se llevó adelante el pasado lunes. 

Al término de la reunión, desde la administración libertaria desmintieron que el impuesto PAIS haya formado parte del temario, e incluso lo aclararon en la cuenta de X, exTwitter, de la Oficina del Presidente al especificar que el tributo y el paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, “se discutirá más adelante”.

Desde Casa Rosada sostuvieron que los mandatarios “mintieron” respecto a los debatido, e incluso revelaron que el jefe de Estado instruyó a sus ministros a intensificar el ajuste en las provincias para conquistar el déficit cero. 

Por su parte, el ministro Francos admitió que el Impuesto PAIS fue parte de las conversaciones, aunque enfatizó en que no hubo ningún compromiso de su parte para coparticiparlo. “Yo no tengo facultades para poder decidirlo, de ninguna manera puedo tomar la decisión de aceptar ese pedido. No digo que no se haya conversado en la reunión, solo dije que no me podía comprometer a algo que deciden el ministro de Economía y el Presidente. Y ellos fueron claros: no hay coparticipación del Impuesto País”, argumentó.

Con minoría en ambas cámaras, el Poder Ejecutivo es consciente de que necesita de todos los sectores para avanzar en las reformas que busca aplicar, por lo que el vínculo con las provincias es clave para desempeñar su gestión sin sobresaltos. 

NA

«Si para la discusión parlamentaria se debe militarizar el Congreso de la Nación, es sensato sospechar sobre los supuestos ‘beneficios’ para el pueblo de la Ley Ómnibus», señalaron desde la CGT en su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter.

La conducción de la CGT repudió este miércoles el amplio operativo de seguridad montado por el Gobierno en los alrededores del Congreso, y denunció que «si para la discusión parlamentaria se debe militarizar el Congreso de la Nación, es sensato sospechar sobre los supuestos ‘beneficios’ que trae para la ciudadanía el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos».

«Si para la discusión parlamentaria se debe militarizar el Congreso de la Nación, es sensato sospechar sobre los supuestos ‘beneficios’ para el pueblo de la Ley Ómnibus», señalaron desde la CGT en su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter.

Para el posteo difundido, la central sindical sumó además un video donde se ven a efectivos de la Gendarmería Nacional ubicándose en los alrededores del Congreso Nacional.

La Cámara de Diputados inició a las 10.30 la sesión especial, en la que buscará aprobar el proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», impulsado por el Gobierno nacional, en un plenario que demandará al menos 30 horas de debate con al menos un cuarto intermedio. Según informo Télam.

Con la presencia de 137 diputados en el recinto, el oficialismo consiguió ampliamente el quórum de 129 diputados necesarios para sesionar con los denominados bloques dialoguistas la UCR, el PRO, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.

Los nuevos precios comenzarían a verse en los surtidores desde esta noche. Es por la actualización de un impuesto que está congelado desde 2021.

El precio de los combustibles aumentaría en las próximas horas a partir de la decisión del gobierno de actualizar el componente impositivo que se mantiene sin cambios de 2021.

En la búsqueda de esconder el impacto en momento de un recambio turístico lo que afectará todos los presupuestos, el gobierno y las petroleras hasta el momento eligen no dar cifras del nivel de incremento.

Los analistas del sector entienden que el piso de ajuste puede ser de 10% y hasta un 25%.

Los tributos que no se mueven desde julio de 2021 son el que se cobra al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC).

El nivel de aumento en los surtidores estará dado por si se aplica el total del impuesto pendiente o se hace en forma fraccionada para amortiguar el impacto.

Por otro lado también está el juego de las petroleras, que pueden decidir sólo trasladar la porción del ajuste impositivo o sumar algún porcentaje adicional.

En esta decisión tendrá decisiva incidencia la actitud que tome YPF, que es quien lidera el mercado.

Desde el lado de los estacioneros también aparece la disyuntiva de beneficiarse por la recomposición de márgenes, pero con el riesgo de seguir cediendo facturación.

La caída de ventas se estima en el orden del 15% a partir de la suba de precios.

Alertados de la posible actualización, los consumidores se volcaron a cargar sus tanques y se repiten imágenes de colas en los surtidores tal como sucedió antes de las elecciones presidenciales, aunque en ese momento fue por la falta de abastecimiento.       

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