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«Hemos recibido hasta este momento 4.310 denuncias, y estamos recibiendo a razón de 300 denuncias por hora en la línea 134», afirmó Adorni en un video publicado en la cuenta oficial de la Vocería Presidencial en la red X.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno recibió «a razón de 300 denuncias por hora» en la línea telefónica 134, que puso a disposición de beneficiarios de planes sociales «que sientan que los están amenazando» para participar de la marcha de mañana a Plaza de Mayo y aseguró que «las únicas personas que pueden perder la ayuda del Estado son aquellas que infrinjan y rompan la ley».

«Hemos recibido hasta este momento 4.310 denuncias, y estamos recibiendo a razón de 300 denuncias por hora en la línea 134», afirmó Adorni en un video publicado en la cuenta oficial de la Vocería Presidencial en la red X.

Explicó que la línea 134 está «a disposición para cada uno de los beneficiarios de planes sociales que sientan que los están amenazando» para participar de la protesta que mañana organizaciones sociales realizarán a Plaza de Mayo.

En ese marco, se informó oficialmente que el Gobierno nacional se encuentra «monitoreando el estado de situación con relación a la marcha» anunciada por organizaciones piqueteras para este miércoles 20 de diciembre.

Para ello, «los Ministerios de Capital Humano y Seguridad, y la Secretaría de Transporte, dependiente de la cartera de Infraestructura, trabajan de manera coordinada en la implementación de medidas preventivas en favor de la población».

Asimismo, se reiteró que «se encuentran vigentes el protocolo de Orden Público del Ministerio de Seguridad y la resolución del ministerio de Capital Humano».

Las medidas preventivas serán comunicadas «también en cartelerías de las estaciones de tren y de los accesos a las estaciones de subte», y se «establecerán controles en los accesos a la Ciudad».

En la conferencia de prensa que brindó Adorni había reiterado que la línea telefónica 134 iba a estar abierta para «recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario».

Adorni comentó que registraron casos de «gente que es amenazada con tener que hacer trabajos extras y hasta pagar multas de 7 mil pesos si no van a las marchas como les dicen los referentes sociales».

«Hay denuncias que indican que obligan a llevar a niños a la marcha, que si no llevan niños también van a perder el beneficio y también hay denuncias en relación a pérdida de parte del beneficio y parte de lo que reciben en virtud del Plan Potenciar Trabajo», agregó.

En un mensaje para los beneficiarios de programas sociales, alentó: «Vamos a estar con los que cumplan la ley, estamos dispuestos a apoyar a cada uno de ustedes».

«Las únicas personas que pueden perder las ayudas del Estado, son aquellas que infrinjan y rompan la ley, que corten la calle o que cometan actos de violencia», aclaró el funcionario.

En cuanto al derecho a manifestarse, sostuvo que se «respeta», pero aclaró que «es un derecho constitucional mientras no impida la libre circulación ni afecte el orden público».

«El derecho a manifestarse no puede cercenar el derecho a la libre circulación. Podrán manifestarse en parques, plazas, e incluso sobre cada una de las veredas», comentó.

Sobre el protocolo de seguridad que dispuso la ministra del área, Patricia Bullrich, anticipó que «estarán trabajando para hacerlo cumplir» la Policía Federal Argentina, Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Télam

La presentación de las centrales sindicales se hizo el día previo a laprotesta convocada por Unidad Piquetera, que marchará del Congreso a la Plaza de Mayo en lo que será la primera aplicación práctica del protocolo de orden público anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La CGT y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina, Autónoma (CTA-A) y de los Trabajadores (CTA-T), solicitaron la «intervención urgente» del director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, ante la inminente aplicación del protocolo de orden público, al considerar que «restringe y vulnera los derechos constitucionales», alienta a la «persecución sindical» y busca «criminalizar la protesta social».

La presentación de las tres centrales sindicales se realiza este martes ante  laprotesta convocada para este miércoles por la Unidad Piquetera, que marchará del Congreso a la Plaza de Mayo, y que se convertirá en la primera aplicación práctica del protocolo de orden público, anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En el texto, las centrales sindicales advirtieron que el protocolo «restringe y vulnera los derechos constitucionales» y además «alienta a la persecución sindical y buscan criminalizar la protesta social».

Asimismo pidieron que la denuncia se remita «por violaciones al convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación» a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su «urgente tratamiento».

«Es incompatible con las normas internacionales del trabajo y las recomendaciones de la OIT, se trata de una reglamentación abusiva tendiente a desconocer derechos constitucionales reconocidos, a su vez, por normas internacionales fundamentales a las que nuestro país ratifico», apuntaron las centrales sindicales.

En un comunicado, explicaron además que el protocolo «contradice las recomendaciones de los órganos de control de la OIT así como también pronunciamientos jurisdiccionales internacionales en materia de libertad sindical, derecho de huelga incluido el derecho de protesta y manifestación».

«El movimiento sindical argentino llama a la atención urgente del Director General de la OIT, Gilbert Houngbo, sobre los recientes acontecimientos que afectan a los y las trabajadores de la República Argentina y solicita que la presente denuncia se envié con carácter de extrema urgencia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su tratamiento, a la mayor brevedad», concluye el documento firmado por los tres secretarios de Relaciones Internacionales de las centrales obreras, Gerardo Martínez, Adolfo Aguirre y Roberto Baradel.

Télam

Tras reunirse con Milei, los gobernadores peronistas insistieron hoy en que se compense su desfinanciamiento con la coparticipación de un 70 por ciento del Impuesto al Cheque y no con la restitución momentánea del Impuesto a las Ganancias.

Tras reunirse con Milei, los gobernadores peronistas insistieron hoy en que se compense su desfinanciamiento con la coparticipación de un 70 por ciento del Impuesto al Cheque y no con la restitución momentánea del Impuesto a las Ganancias.

De esta forma, los gobernadores de ese sector buscan evitar roces con los sindicalistas peronistas a raíz de la restitución de la cuarta categoría de Ganancias, que le pega de lleno a los gremios. 

En ese marco, Milei ya adelantó en la reunión que repondrá Ganancias por un año para compensarlos y se mostró reacio a la propuesta que le mencionaron durante el encuentro los gobernadores para que se coparticipe el Impuesto al cheque porque se desfinancia la Nación aplicando esa iniciativa.  

«Es fundamental la búsqueda del diálogo y los consensos para que las provincias recuperemos los recursos que nos corresponden y que son esenciales para contemplar la situación social, dar respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos y apostar, a la vez, al desarrollo armónico del país», señalaron en un comunicado. 

«En ese sentido, consideramos que la reversión del impuesto a las ganancias no sería el camino adecuado ya que afecta derechos de los trabajadores. Es por eso que seguiremos insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación, como lo es la coparticipación del impuesto al cheque«, agregaron.

Al respecto, adelantaron que con la firma de 22 gobernadores ya se presentó un proyecto de ley que dispone «la coparticipación de un 70% del impuesto al cheque». No obstante, el comunicado lleva la firma de ocho gobernadores, todos peronistas: Axel Kicillof; Sergio Ziliotto; Raul Jalil; Osvaldo Jaldo; Gildo Insfrán; Ricardo Quintela; Gustavo Melella y Gerardo Zamora.

En el comunicado además lanzaron críticas contra la gestión a Milei a nueve días de su asunción: «El gobierno nacional comenzó a aplicar un plan económico que incluyó una devaluación del 118%, la más grande de la historia, sin medidas compensatorias para los trabajadores y los sectores medios. A partir de ello, se desencadenó de inmediato una aceleración del proceso inflacionario que afectó el poder de compra de la población», señalaron.

«Una devaluación no es solamente un ajuste, sino que implica una descomunal transferencia de ingresos desde los sectores trabajadores que tienen sus salarios en pesos hacia los sectores empresariales concentrados y dolarizados», agregaron.

Y finalizaron: «Esto, junto con la pérdida de recursos coparticipables, el freno de la obra pública, la anunciada reducción de subsidios y demás medidas, afecta directamente a los recursos provinciales: no desfinancia a los gobiernos, sino a los pueblos que habitan las provincias argentinas».

Noticias Argentinas