Productores e industriales frigoríficos de todo el país condicionaron su apoyo a que el gobierno dé marcha atrás con las medidas anunciadas el martes. Quieren debatir otro acuerdo.
A apenas 48 horas de que se presentara la nueva propuesta de ordenamiento del mercado de las carnes, más de 30 entidades agroiondustriales se pronunciaron en contra de las restricciones a las exportaciones bovinas. Si bien manifiestan su «apoyo al control irrestricto de todo tipo de maniobra fraudulenta», reclaman que el gobierno actúe «sin restringir los derechos de quienes hacen las cosas correctamente». Lo llamativo es que el documento haya sido firmado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), que había sido el que negoció los términos de la salida de la suspensión de exportaciones con el Gobierno, además de otras treinta organizaciones entre las que se cuentan las cuatro integrantes de la Mesa de Enlace.
El gobierno levantó la suspensión de exportaciones de carnes bovinas que estuvo vigente durante un mes, abrió los envíos al exterior pero manteniendo una serie de restricciones y habilitando, a su vez, sin limitaciones los envíos a Europa, Estados Unidos e Israel. Además convocó a todos los eslabones de la cadena sectorial para discutir y resolver, en los próximos 30 días, un plan de estímulo a la producción ganadera. La respuesta de un nutrido grupo de sectores ligados a la actividad fue el rechazo a esa salida.
El único «aliado» que tendría en este momento el gobierno en la materia es el Consejo Agroindustrial Argentino, autor del proyecto de plan ganadero con el que cuentan las autoridades. Pero en las actuales condiciones de desacuerdo con buena parte del resto del espectro sectorial, el propio esquema de ordenamiento del mercado interno de la carne quedaría puesto en duda. Más aun, sus resultados.
«No sólo no va a bajar el precio sino que van a aumentar», advirtió Javier Peralta, secretario de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra), «Hasta acá la carne subió menos que el maíz, subió menos que la hacienda, la carne no está cara, pero la gente no tiene plata para comprarla». El dirigente consultado por este diario, un destacado empresario de la provincia de Córdoba, advirtió además que «hoy el 60 o el 70% de la carne que se consume internamente se compra en carnicerías, a las que no les van a llegar los cortes a precio rebajado de los que habla el gobierno; esos precios van a estar sólo en los hipermercados, en las góndolas de ofertas».
El Consorcio ABC había consensuado con el gobierno una salida de la suspensión de exportaciones preservando de cualquier restricción los envíos a Europa (cuota Hilton y cuota «148»), a Estados Unidos y a Israel. Este mercado está en manos, en forma casi excluyente, de los integrantes de dicho consorcio. Se establecía la prohibición de exportar ciertos cortes hasta fin de año y, para el resto, se disponía una cuotificación de exportaciones (por julio y agosto) equivalente al 50% de los volumenes promedio mensuales exportados entre julio y diciembre del año pasado.
De este modo, se suponía que muchos operadores sin establecimientos propios quedarían marginados del negocio exportador, mientras que los más formalizados de ellos, estarían subordinados a poder exportar sólo con el consentimiento de los frigoríficos, ya que las cuotas se asignarían sólo a establecimientos faenadores. Entre las excepciones a la cuotificación y la subordinación de los operadores sin planta a los faenadores, algunos estiman que el aludido consorcio se estaba quedando con el 60% o más del negocio global de las carnes (mercado interno y exportación).
Esto dejó disconformes a la mayoría, entre ellos gran parte de los frigoríficos medianos y los productores de hacienda en su conjunto, lo que llevó a cabildeos que resultaron en el documento crítico a las medidas oficiales del que se informa aqui. Para no quedar descolocado, el Consorcio ABC también le estampó su firma. Aunque ello represente replantear la relación que ese núcleo empresario tiene con el gobierno.
El documento de las 34 entidades firmantes, no todas con el mismo nivel de representatividad, incluye a productores de porcinos, cámaras de frigoríficos de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, de ovinos de la Patagonia, matarifes y abastecedores, consignatarios de hacienda, transportistas, «feedloteros», procesadores avícolas, semilleristas, frigoríficos regionales y organizaciones sindicales (Uatre y Federación Gremial de la Carne), entre otros.
Sostiene ese grupo su «absoluto compromiso para generar el plan ganadero más competitivo de la historia», pero advierten que «para ello es imperativo quitar todo tipo de restricciones que dañan significativamente a todos los actores de la cadena». En consecuencia, solicitan «al Sr. Presidente de la Nación, la eliminación de todas las restricciones a las exportaciones» para ponerse a trabajar en conjunto. En definitiva, barajar y dar de nuevo, fijando ellos las condiciones.
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