El gobierno peruano solicitó este miércoles la autorización para legislar por cuatro meses, a través de un proyecto de ley que remitió al parlamento para que se debata y vote de manera urgente entre los legisladores.
El gobierno de Perú solicitó este miércoles al Congreso que autorice al presidente Pedro Castillo a legislar por decreto durante cuatro meses en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, informó la prensa local.
Lo hizo a través de un proyecto de ley que remitió al parlamento unicameral con el pedido de que sea sometido al debate y la votación de los legisladores con carácter “urgente”.
La iniciativa, de 10 páginas y acompañada por una “exposición de motivos” de otras 61 carillas, está basada en el objetivo de “impulsar el crecimiento y contribuir al cierre de brechas sociales mediante el acceso a programas y servicios que brinda el Estado”, según la agencia de noticias Andina.
En materia tributaria procura ampliar la recaudación fiscal a fin de generar mayores ingresos para ser volcados a “sectores claves como salud y educación”, y de ese modo “reducir las inequidades existentes, sobre todo en el interior del país”.
El Ejecutivo explicó en su mensaje que se propone hacerlo a través de reformas a las leyes de los impuestos a la Renta (ganancias), General a las Ventas (equivalente al IVA en la Argentina) y Selectivo al Consumo, así como las que regulan la lucha contra la evasión y la informalidad.
En el terreno financiero, la administración de Castillo busca tomar medidas para “fortalecer y ampliar las funciones” del Banco de la Nación y “fomentar una mayor competencia” en la prestación de servicios de transporte y custodia de dinero y valores.
También aspira a incrementar el tope de multas que puede imponer la Superintendencia de Banca y Seguros, así como “fomentar una mayor competencia” de las entidades del sistema.
Por otra parte, el gobierno pidió facultades extraordinarias para legislar en materia de promoción de la inversión privada, para lo cual propuso adoptar medidas tendientes a facilitar los trámites administrativos en oficinas estatales, entre otras.
Además, expresó su intención de reformar el marco legal del mecanismo llamado “obras por impuestos”, que permite a las empresas descargar del Impuesto a la Renta el costo por la realización de obras urgentes para gobiernos regionales y municipales.
El proyecto apunta asimismo a “mejorar los criterios y reglas aplicables a las modalidades de asociaciones público privadas”, y a sancionar “disposiciones especiales” para “la tramitación o prórroga de licencias, permisos y autorizaciones”.
Fuente Télam
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