Destacadas

Así quedó plasmado en un documento que publicó el FMI en paralelo con el reporte del staff elaborado en ocasión de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina.

Aunque la mayor parte del peso del ajuste que viene aplicando Javier Milei desde que desembarcó en la Casa Rosada viene recayendo sobre los trabajadores, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclama ahora al mandatario libertario y a su ministro de Economía, Luis Caputo, profundizar este camino. Para ello, desde las oficinas en Washington le reclamaron al gobierno de Milei que sea cada vez mayor la cantidad de trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y aumentar la carga del monotributo.

Así quedó plasmado en un documento que publicó el FMI en paralelo con el reporte del staff elaborado en ocasión de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina,. Allí propone avanzar en una reforma tributaria que amplíe la base de trabajadores que pagan Impuesto a las Ganancias y a reconvertir el Monotributo hacia el régimen general.

Mientras Milei y Caputo rebajan impuestos a los sectores más concentrados de la Argentina, el FMI planteó que el Gobierno debería completar las últimas modificaciones en el esquema impositivo con una reforma fiscal más integral que en definitiva aumenta la carga sobre los trabajadores. De hecho, la gestión de Milei se comprometió a presentar una propuesta al respecto antes de fin de este año.

Según el FMI, la reforma integral del sistema tributario argentino a nivel federal podrían derivar en ingresos de hasta 3,3% del PBI. De ese total, la mitad correspondería a las provincias.

Claves de la propuesta del FMI

Estos son los cinco ejes de la reforma tributaria que propuso el FMI al gobierno de Milei con el objetivo de ampliar la base impositiva:

– La reducción del gasto tributario. El FMI evaluó que el gasto tributario es elevado (alrededor del 3,5% del PBI), principalmente debido al IVA (1,2% del PBI), el Monotributo (1% del PBI) y los regímenes especiales (0,5% del PBI). Entre las opciones se incluyen la unificación de los tipos del IVA con compensaciones específicas para los hogares vulnerables (ganancias fiscales netas del 0,4% del PBI) y la reducción de los regímenes preferenciales.

– Ampliación de la base del impuesto a las Ganancias. El FMI apuntó que la recaudación de este impuesto (1,8% del PBI) se mantiene por debajo de la de otros países de la región y del promedio de la OCDE.

“La reforma de 2023 redujo drásticamente la base, dejando a menos del 10% de los trabajadores formales pagando el IRPF. Aunque se revirtió parcialmente en 2024, el umbral de exención se mantiene por encima del nivel anterior a 2023. La reforma debería reducir el umbral para que al menos el 20% de los trabajadores paguen Ganancias (como en 2019), lo que generaría alrededor del 0,4% del PIB armonizando las deducciones entre las distintas categorías laborales y simplificando la estructura de tipos impositivos”, propuso el organismo.

– Reforma del régimen Monotributo. El FMI reconoció que el Monotributo simplifica el cumplimiento, fomenta la formalización y amplía la cobertura de salud y pensiones, pero aseguró que impone una carga efectiva mucho menor que el sistema general, lo que genera fragmentación empresarial y limita el crecimiento de las empresas. Al alinear el Monotributo al sistema general, el Estado podría generar recaudación adicional por 0,4% del PBI.

“La estructura de pago fijo también crea fuertes saltos en la obligación tributaria entre umbrales que desalientan el acceso a categorías superiores. Cualquier reforma debería reducir los efectos de los umbrales, alinear las alícuotas y las contribuciones sociales con el régimen general y aprovechar las herramientas digitales para simplificar el cumplimiento”, sugirió el FMI, y calculó que podría aportar 1% del PBI.

– Simplificación del Impuesto sobre Sociedades. El FMI señaló que, mientras la alícuota máxima del 35% supera la media mundial del 25%, el sistema progresivo basado en el tamaño y los ingresos de las empresas fomenta la evasión fiscal.

– Fortalecimiento de los impuestos especiales. De acuerdo con el FMI, la adopción de un sistema tributario mixto -que combine impuestos especiales específicos con impuestos según el valor- para el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas, con un mayor énfasis en los impuestos especiales específicos y una estructura simplificada por valor, podría corregir de manera más efectiva las fallas del mercado relacionadas con el consumo, eliminar los subsidios implícitos y aumentar la recaudación de ingresos.

Según calculó el organismo, las actualizaciones por inflación de los impuestos especiales sobre combustibles y tabaco podrían aportar el equivalente al 0,5% del PBI.

Al mismo tiempo que pidió aumentar la presión tributaria sobre los trabajadores, el FMI pidió eliminar otros impuestos que calificó como distorsivos, entre ellos, las retenciones.

Minuto Uno

Las observaciones aparecen en el Box 9 del reporte del staff, dedicado específicamente a Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks (“Evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción”).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó una fuerte advertencia sobre transparencia estatal, declaraciones patrimoniales de funcionarios, conflictos de interés y funcionamiento del Poder Judicial argentino en el informe técnico sobre la Argentina que difundió el viernes pasado, publicado después de que el directorio del organismo aprobara la segunda revisión del acuerdo con el gobierno de Javier Milei y habilitara un desembolso de USD 1.000 millones.

Las observaciones aparecen en el Box 9 del reporte del staff, dedicado específicamente a Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks (“Evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción”), y se conocen en medio de la controversia pública alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las revelaciones sobre sus vuelos al exterior y el crecimiento de su patrimonio.

La cuestión adquirió además mayor sensibilidad política porque la declaración jurada patrimonial correspondiente al jefe de Gabinete todavía no fue presentada formalmente. El plazo original vencía el 30 de mayo, pero el Gobierno otorgó una prórroga hasta el 31 de julio para la presentación de las declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.

En ese contexto, el staff técnico del FMI incorporó un diagnóstico institucional particularmente sensible para la Casa Rosada. Aunque el organismo respaldó con fuerza la política económica de Milei y elogió el proceso de desregulación impulsado desde diciembre de 2023, el capítulo institucional del informe contiene cuestionamientos explícitos a los mecanismos de control del Estado argentino.

Observaciones del staff del FMI

“Los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse”, sostiene el documento. Y a continuación, el Fondo enumera una serie de observaciones concretas sobre el sistema de declaraciones juradas de funcionarios públicos: “Los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”.

La referencia a los “retrasos en la publicación” aparece como uno de los pasajes más sensibles políticamente dentro del documento del FMI, porque el informe fue redactado cuando ya llevaba semanas instalada la discusión pública sobre patrimonio, vuelos y mecanismos de transparencia alrededor de Adorni.

El señalamiento del organismo no quedó restringido únicamente a las declaraciones patrimoniales. El reporte también cuestiona los mecanismos estatales vinculados a incompatibilidades y conflictos de interés.

“Las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control”, afirma el texto.

La combinación de ambas observaciones —declaraciones patrimoniales con baja transparencia y conflictos de interés con controles débiles— constituye el núcleo político más delicado del Box 9 del informe técnico.

El documento forma parte del reporte Argentina: 2026 Article IV Consultation, Second Review Under the Extended Fund Facility Arrangement, and Request for Modification of Performance Criteria, difundido por el staff después de que el Board del FMI confirmara la continuidad del programa económico argentino.

El jueves de la semana pasada, el directorio ejecutivo aprobó la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina y habilitó un desembolso de USD 1.000 millones. En ese comunicado oficial, el Fondo destacó la consolidación fiscal, la desaceleración inflacionaria y la continuidad de las reformas estructurales impulsadas por Milei.

Sin embargo, el documento técnico completo introdujo una dimensión institucional mucho más compleja. “A pesar de estas reformas, persisten desafíos en materia de gobernanza”, advierte el staff.

El organismo recuerda además que “Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 elaborado por Transparency International, y agrega que “otros indicadores señalan problemas persistentes”.

Críticas y recomendaciones institucionales

La advertencia del FMI aparece además en un momento particularmente sensible para el Gobierno en materia de transparencia y control patrimonial. Las discusiones alrededor de los vuelos de Adorni, las investigaciones periodísticas sobre el crecimiento de su patrimonio y las controversias por la demora en la presentación de declaraciones juradas volvieron a poner en debate el funcionamiento de los sistemas de control estatal.

En ese escenario, el informe técnico del Fondo incorporó una crítica explícita a los mecanismos de verificación patrimonial de funcionarios públicos.

El staff no solamente menciona “retrasos en la publicación”, sino también “limitaciones en la verificación” y “aplicación desigual” de los regímenes patrimoniales. Es decir: para el FMI, el problema no es únicamente la demora temporal en la difusión de la información, sino también la capacidad del Estado para controlar efectivamente el contenido y cumplimiento de las declaraciones juradas.

El organismo además introduce un diagnóstico particularmente crítico sobre el funcionamiento del Poder Judicial argentino.

“Al mismo tiempo, la percepción de una independencia judicial limitada y de politización sigue siendo motivo de preocupación”, sostiene el reporte. El staff agrega que “evaluaciones internacionales y observadores locales continúan señalando demoras en causas de alto perfil y escasa rendición de cuentas de altos funcionarios”.

Según el FMI, esa situación “subraya la necesidad de fortalecer la independencia de los fiscales y la transparencia judicial”.

La formulación utilizada por el organismo es especialmente fuerte para el lenguaje diplomático habitual del Fondo. El staff no habla únicamente de problemas administrativos o burocráticos: menciona directamente “politización”, “independencia judicial limitada” y falta de rendición de cuentas de funcionarios de alto rango.

Las observaciones aparecen en medio de un escenario de fuertes tensiones alrededor de la Justicia federal, con vacantes en tribunales clave, discusiones políticas por pliegos judiciales y el avance de múltiples causas de alto impacto.

El informe del FMI incorpora así una idea política central: para el organismo, la estabilización económica y la apertura de la economía no alcanzan por sí solas si no están acompañadas por mecanismos institucionales de control, transparencia y funcionamiento judicial independiente.

De hecho, el propio Box 9 plantea una tensión conceptual. Por un lado, el Fondo elogia con fuerza el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno. Pero, al mismo tiempo, reclama más capacidad institucional del Estado en materia de control y transparencia.

En el capítulo dedicado a las reformas recientes, el organismo sostiene que las medidas impulsadas desde diciembre de 2023 redujeron espacios históricamente asociados a prácticas corruptas.

El reporte destaca que “las medidas incluyeron la eliminación del déficit fiscal, la reorganización de los programas sociales mediante la reducción de intermediarios, el levantamiento gradual de los controles cambiarios y de los múltiples tipos de cambio, y la derogación de numerosas regulaciones”.

Más adelante, el FMI agrega que “se simplificaron los procedimientos de ingreso al mercado y de comercio, se limitaron los sistemas de licencias y aprobaciones discrecionales, y se redujeron los puntos de interacción entre empresas y el Estado asociados a riesgos de sobornos”.

El staff incluso sostiene que las reformas “incrementaron la competencia y orientaron el entorno regulatorio hacia un esquema más basado en reglas y de trato más equitativo”.

En otro tramo del Box 9, el organismo afirma que “estas reformas redujeron el gasto discrecional y los controles administrativos que históricamente facilitaron prácticas de búsqueda de rentas y corrupción por parte de intereses sectoriales”.

La lógica conceptual del Fondo es clara: menos regulaciones, menos discrecionalidad administrativa y menos intermediación estatal reducen oportunidades de corrupción.

Pero el mismo informe plantea simultáneamente que siguen existiendo debilidades estructurales profundas en materia institucional.

Por eso, el staff incorpora además una serie de recomendaciones concretas para el Estado argentino.

Entre las prioridades mencionadas aparecen “fortalecer la independencia judicial y las instituciones de control”, “mejorar la aplicación de los regímenes de declaraciones patrimoniales y conflictos de interés”, “incrementar la transparencia en las contrataciones públicas y privatizaciones” y “garantizar previsibilidad regulatoria”.

El documento incluso plantea que algunos de esos objetivos podrían alcanzarse “mediante el fortalecimiento de la Ley de Ética Pública”.

La publicación del Box 9 adquiere relevancia política adicional porque aparece en uno de los momentos de mayor respaldo financiero y político del FMI hacia el Gobierno de Javier Milei.

En el resumen ejecutivo del reporte, el organismo sostuvo que “la mejora en la capacidad de gobernanza desde las elecciones legislativas de octubre permitió avances legislativos clave”, entre ellos “la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Laboral”.

También destacó que “las medidas para desregular y abrir la economía continuaron, incluso mediante acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea”.

Sin embargo, el capítulo institucional dejó en claro que, para el FMI, la consolidación del programa argentino no dependerá únicamente del equilibrio fiscal o de la estabilidad monetaria.

En la mirada del organismo, el éxito de largo plazo también requerirá fortalecer mecanismos anticorrupción, mejorar los sistemas de control patrimonial de funcionarios y reducir las sospechas de politización judicial que, según el propio staff, continúan afectando a la Argentina.

Infobae