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Diputados, senadores y organizaciones sociales se sumaron a la iniciativa que busca sumar un millón de firmas que rechazan la medida del Presidente.

Luego de que el presidente Javier Milei firmó el veto total a la ley de Movilidad Jubilatoria aprobada días atrás por el Congreso, en las redes sociales se lanzó una campaña para juntar un millón de firmas en rechazo a la medida del Gobierno que se opone a una mejora en los haberes para jubilados.

La iniciativa, impulsada bajo el lema «Con los jubilados no», tiene como objetivo llegar al millón de adhesiones y comenzó a circular en las distintas plataformas este sábado, horas después de que el jefe de Estado utilizara por primera vez el recurso del veto.

Entre otros, se sumaron senadores y diputados nacionales del bloque de Unión por la Patria y distintas organizaciones sociales que convocaron a los usuarios a dejar su firma en el petitorio.

«Un millón de firmas contra el veto de Milei y a favor de los jubilados», escribió en su cuenta de X la diputada y extitular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, tal como hicieron otros legisladores nacionales.

«No al veto» y «Milei pará la mano» son otras de las consignas que se leen en los diferentes publicaciones que comenzaron a circular durante este sábado.

Qué dice el veto a la reforma jubilatoria que firmó Javier Milei

Ámbito pudo acceder al texto del veto que se publicará este lunes en el cual se advierte en los considerando que «el proyecto de ley sancionado por el Congreso es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento«.

Y remarca: «Que las disposiciones citadas tienen por fin limitar la discrecionalidad del PODER LEGISLATIVO, que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional».

El texto, de un total de 16 páginas, contiene el articulado donde se veta completamente la ley jubilatoria y lo envía al Congreso.

En otra parte del veto, se detalla que la ley «en caso de ser aplicado, implicaría para el Estado un gasto adicional al previsto de aproximadamente 6 billones para el año 2024; y de 15 billones para el año 2025, que los citados importes equivalen al 1,02% del PBI calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquél, estimado para el año entrante».

En otro fragmento, advierten que «dar cumplimiento a la medida dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos».

También el Gobierno planteó en los considerando que «la promulgación traería aparejada futuros incumplimientos, lo cual desnaturalizaría el sentido mismo de contar con un sistema de previsión social; sistema que, tras apenas 8 meses de mandato, ya ha iniciado una senda de recuperación gracias al compromiso inclaudicable de este Gobierno por sanearlo».

Además, se advierte que «el proyecto de ley sancionado padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación».

En otra parte de documento, el Gobierno afirma que se llevaron adelante «todas las medidas posibles para asegurar el equilibrio fiscal, es deber también del Congreso no tomar decisiones que lo pongan en riesgo y comprometan el futuro de todos los argentinos, máxime cuando con acuerdos políticos relevantes como el expresado en el Pacto de Mayo, fue anunciada la revisión profunda del sistema en el cual tales decisiones se enmarcan».

Y sentencian: «La sanción del proyecto de ley constituye un acto irresponsable mediante el cual se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría que, para su eventual cumplimiento, el Gobierno caiga en las viejas prácticas de la emisión monetaria sin respaldo, el aumento de impuestos o el endeudamiento, recetas que, luego de más de 100 años de historia, ya han sido probadas inconducentes».

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