País

Este lunes se publicó el primer tramo de reglamentación de la normativa que obtuvo su sanción definitiva en junio.

A casi un mes de la promulgación de la Ley Bases, el Gobierno reglamentó la primera parte de la legislación, con el objetivo de avanzar con las reformas que el presidente Javier Milei se propuso llevar a cabo en el inicio de su gestión. En ese marco, se contempla las privatizaciones de las empresas públicas.

La reglamentación se hizo efectiva a través del Decreto 695/2024 publicado en Boletín Oficial. De esta manera, acelera la implementación de la normativa, que fue el resultado de un largo proceso en el Congreso, que incluyó un primer intento fallido en el Congreso para terminar de cerrarse con negociaciones a contrarreloj de Guillermo Francos.

¿Qué empresas serán privatizadas según la Ley Bases?

En esta reglamentación, instrumentaron el esquema previsto para la concesión o venta parcial o total de las siguientes empresas:

• Energía Argentina
• Intercargo
• AySA
• Belgrano Cargas
• Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
• Corredores Viales
• Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA)
• Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Ley Bases: cómo será el proceso para la privatización

De esta manera, se estableció que el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar deberá elevar al Poder Ejecutivo un informe en el que se precise la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización.

Este documento tendrá que incluir los siguientes puntos: el carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento; las alternativas de procedimiento que se estimen adecuadas al caso; la o las modalidades de las enunciadas que se entiendan convenientes para materializar la privatización; el procedimiento de selección que se prevea utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatización; y la eventual propuesta para el otorgamiento de las preferencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley Nº23.696 y la aplicabilidad, en el caso que corresponda, de un Programa de Propiedad Participada, especificando las clases de sujetos adquirentes y proporción del capital accionario comprendido en el programa. Una copia de este informe será enviado a la Comisión Bicameral del Congreso.

Una vez que el Ejecutivo otorgue la autorización correspondiente, el funcionario podrá iniciar los procedimientos tendientes a la privatización. Luego de esto, el Gobierno precisó los pasos a seguir para convocar a las ofertas del sector privado.

“Previo a la formalización de los contratos que surjan de los procedimientos previstos en el presente Capítulo, la Autoridad de Aplicación deberá dar intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación en las actuaciones correspondientes”, aclara la normativa y agrega que en el caso de que la Procuración realice alguna observación o sugerencia al contrato deberá realizarse un nuevo informe.

Ámbito

Se reglamentaron las bases para poner en marcha un nuevo sistema de ingreso al Estado y avanzar con las desvinculaciones, despidos y reubicación del personal estatal.

El Gobierno avanzó este lunes con la reglamentación de una primera parte de la Ley Bases. El decreto puso en vigencia el capítulo de Reforma del Estado diseñado por Federico Sturzenegger, que incluye la reorganización administrativa, las privatizaciones y los cambios en el empleo público.

Con respecto a este último punto, se reglamentaron las bases para poner en marcha un nuevo sistema de ingreso al Estado y avanzar con las desvinculaciones, despidos y reubicación del personal estatal.

Uno de los principales puntos del texto es que para trabajar en el Estado se deberá aprobar una “Evaluación General de conocimientos y competencias, diseñada y reglamentada a tal efecto por la Autoridad de Aplicación, la que será anónima”.

“La máxima autoridad de la jurisdicción u organismo descentralizado al que corresponda el cargo concursado o sujeto a proceso de selección será responsable de la verificación del cumplimiento de los recaudos establecidos en el presente artículo, así como de las previsiones pertinentes de las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública”, señala.

En la misma línea, indica que “en lo concerniente a las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública y su aplicación respecto al presente artículo, cuando la Unidad de Recursos Humanos del organismo en que tramita el ingreso lo considere pertinente consultará a la Oficina Anticorrupción o el órgano competente, el que deberá expedirse dentro de los cinco días de efectuada la consulta”.

Sobre esta última cuestión, la reglamentación sostiene que, cuando la función a desempeñar lo requiera, las personas designadas tendrán que presentar una declaración jurada patrimonial y adjuntar sus antecedentes laborales.

Empleo público: apto psicofísico y proceso de disponibilidad

Por otra parte, sostiene que “no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica”.

Además, se autorizan las contrataciones ad honorem para la prestación de servicios de asesoramiento, “sin percepción de contraprestación alguna en concepto de retribución, salvo el derecho a que se le reintegren los gastos efectivamente ocasionados mediante las correspondientes rendiciones de cuentas”.

Además, se reglamenta el proceso de disponibilidad para los empleados. «Cuando un organismo o unidad se elimina o si se verifica que está sobredimensionada, el personal puede ser puesto en disponibilidad, durante este periodo cobrará el sueldo, dependiendo de su antigüedad, con un pago potencial de hasta 12 meses», reza el texto.

Durante estos meses podrá capacitarse, y si consigue trabajo en el sector privado, la empresa podrá tomar a cuenta los sueldos del Estado y así se generará una oportunidad de reinserción rápida para estos trabajadores en el sector privado formal.

Federico Sturzenegger celebró la reglamentación de la ley Bases

En su cuenta oficial de X, Federico Sturzenegger celebró la reglamentación de la ley Bases y, respecto al empleo público, manifestó: «Hoy, siguiendo el mandato de las urnas, el Estado está en un proceso de achicamiento y ya se ha producido una reducción del empleo público de más de 20.000 agentes. Pero nunca es un mal momento para diseñar mecanismos que garanticen que los ingresos sean de personal idóneo».

«Para ello se incorpora un examen objetivo de competencias. El examen lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora. Solo podrá proseguir el proceso de contratación quien obtenga una nota superior a la de corte», reza el texto oficial.

Según el ministro, de esta manera «se evita repetir la estrategia desarrollada por el kirchnerismo en su retirada de `minar`al Estado de militantes sin las competencias básicas para sus tareas. La clave es que la nota del examen es objetiva, es decir, sin interferencia humana».

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