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Dividen en seis el área afectada por los incendios de bosques en el Parque Nacional Los Alerces

by adminweb 29 enero 2024
Buscan que cada sector tenga una menor extensión y que los brigadistas intervengan en cada uno con el apoyo de un dron o herramientas manuales, según las características del fuego. 

El comando a cargo del combate del incendio del Parque Nacional Los Alerces que ya consumió más de 1.000 hectáreas -en su mayoría especies nativas- decidió dividir el área afectada en seis sectores a raíz de su extensión mientras se espera la llegada de nuevos brigadistas para sumarse a los equipos que combaten el fuego en el extremo norte de la provincia de Chubut.

De acuerdo al último parte, 47 combatientes en el sector 1 y 2 los 47 y 27 brigadistas respectivamente continuarán los trabajos con herramientas manuales y equipos de agua.

En el sector 5, los 54 combatientes utilizarán para combatir el fuego sólo herramientas manuales; mientras que en los sectores 2,4 y 6 se mantendrán en observación por el equipo técnico con apoyo de un dron.

Además, informaron que continúan los trabajos con medios aéreos en los sectores 1 y 2 y señalaron que son 1.053 el total de hectáreas afectadas por el fuego que se encuentra activo sobre el límite este del Parque.

Esta mañana, el subsecretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo del Chubut, Eduardo Pérez, en diálogo con Télam, confirmó que «están arribando a la zona más brigadistas para sumarse al combate del incendio».

El funcionario precisó que «los brigadistas son alrededor de 200 que actúan en el frente, a lo que hay que sumar a todo el personal que hace logística, los dos aviones y los dos helicópteros, más el apoyo de los bomberos voluntarios locales».

Pérez reconoció que «sería de gran ayuda que llueva para que el incendio, que está muy activo, pueda disminuir en su intensidad porque la experiencia marca que si la naturaleza no actúa es muy difícil superar un incendio de estas características».

Puso como ejemplo que «países como Estados Unidos, Canadá o España, que tienen tecnología y recursos, no pueden hacer frente a un incendio cuando éste avanza en zona boscosa».

Los alcances del incendio

 El domingo, el jefe del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Los Alerces (PNLA), Mario Cárdenas, dijo a Télam que el fuego ya afectó a más de 1.000 hectáreas y que están previstos “varios días de trabajo» para combatirlo.

El foco se ubica en la zona de la alta montaña, lejos de la ruta 71 que por estos días es muy transitada por los turistas que visitan la zona de los lagos, en un entorno paradisíaco que hoy está cubierto de humo.

Los brigadistas se encuentran trabajando con herramientas de mano y equipos de agua con apoyo aéreo en condiciones desfavorables signadas por viento y calor.

El apoyo aéreo se brinda por parte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) con dos aviones turbohélices AT-802 con 3.000 litros de capacidad de descarga de agua cada uno y dos helicópteros Bell, uno 407 y uno 412, aptos para el trabajo con helibalde y traslado de personal a zonas de difícil acceso.

Télam

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El Gobierno derogó 69 normas para «fortalecer la competencia y mejorar el comercio»

by adminweb 29 enero 2024
Se oficializó la eliminación, entre otras leyes, de Precios Justos, la Ley de Góndolas y la de Abastecimiento porque  «promovían un rol intervencionista del Estado».

El Gobierno dispuso la derogación de 69 normas relacionadas con Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento, con el objetivo de «disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio».

«El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria», dijo el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, en un comunicado.

Las 69 normas, que se derogaron mediante la resolución 51/2024 publicada en el Boletín Oficial, «obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado», indicó la Secretaría de Comercio.

El organismo señaló que «se trabajó en el relevamiento de las normas de cada área a su cargo con el objetivo de desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios».

Entre lo alcanzado por las derogaciones se encuentran el Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el Sipre, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior.

«Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior», se indicó.

También se dispuso derogar normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas, que establecían su supervisión y cumplimiento.

Se derogaron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que el mismo había finalizado el 8 de diciembre de 2023.

Según la Secretaría, «estas herramientas sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país».

Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, apuntando «a que ese tipo de políticas sea impulsado por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real».

Dentro de las políticas de simplificación impulsadas desde la Secretaría de Comercio, se derogaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada.

Asimismo, se derogó la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores «que violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo en lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores».

Estas derogaciones son el resultado de una primera etapa de relevamiento, a la que seguirán otras medidas, se informó.

Télam

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El Gobierno oficializó la intervención del Enacom

by adminweb 29 enero 2024
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y enuncia como objetivo primordial «afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector». Juan Martín Ozores estará al frente del organismo.
Foto: Victoria Gesualdi

El Gobierno oficializó este lunes la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por 180 días y designó al frente de esa tarea a Juan Martín Ozores.

La medida, adelantada el fin de semana, fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 89/24 y adoptada, según se explica en los considerandos, «en consonancia con los lineamientos» del DNU 70/23, dictado por la actual administración «para afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector».

Tas la oficialización de la decisión, diputados de la oposición pidieron al Gobierno que revoque la intervención del Enacom al calificarla de «infundada».

También reclamaron al Poder Ejecutivo que designe tres directores para que el organismo mantenga su condición de colegiado.

La presentación fue realizada por el diputado Pablo Carro, junto al presidente del bloque de Unión por la Patria (UXP), Germán Martínez, y Leopoldo Moreau, entre otros.

«Al ignorar a los directores de tres fuerzas políticas, la decisión encubierta es impedir la transparencia, pluralismo y disenso sobre lo que autocráticamente quiera disponer el Gobierno sobre las políticas TIC y audiovisuales», señalaron los diputados de la oposición.

En el decreto 89/24, con el que se dispuso la intervención, el Gobierno argumentó que «que a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones» adoptadas por el Enacom «que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes», y que esas medidas «han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas».

«En virtud de ello, y a los efectos de llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resulta necesario disponer la intervención» del organismo, concluye el decreto publicado este lunes, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Junto a Ozores, el Poder Ejecutivo designó dos interventores adjuntos: Patricia Zulema Roldán y Alejandro Fabio Pereyra, quien fuera interventor del organismo de telecomunicaciones durante el Gobierno de Mauricio Macri.

De acuerdo a lo detallado en el decreto, tendrán que «evaluar e informar sobre la situación actual» del Enacom «en referencia al cumplimiento de sus competencias».

En ese marco, añade el texto del articulado, «deberán analizarse muy especialmente las implicancias devenidas en el mercado de las TIC a partir del dictado del citado decreto de necesidad y urgencia N° 690/20 y los actos administrativos de aplicación surgidos como consecuencia de ello».

«Asimismo, deberá informarse sobre las medidas cautelares judiciales vigentes, así como sentencias judiciales contra actos administrativos sobre materias que son competencia» del Ente, se agrega entre las tareas asignadas a los interventores.

También, deberán realizar «un relevamiento y evaluación de la estructura organizativa» del Enacom «a efectos de propiciar su reorganización funcional y operativa», «procurando fomentar su profesionalización y eficiencia».

«En pos de esa eficiencia, dicha reorganización funcional deberá procurar la simplificación de los procesos administrativos» del Ente, «así como la reducción de trámites excesivos», remarca el texto.

Programas

Además, «deberán determinarse y redefinirse los programas y el alcance de los proyectos sobre el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), y el estado de otorgamiento y cumplimiento de los Aportes No Reembolsables».

Asimismo, se dispone en el marco de la intervención que «las tramitaciones pendientes relacionadas con las asignaciones de recursos, autorizaciones radioeléctricas, licencias y registros deberán ser puestas al día, proponiéndose mecanismos informáticos tendientes a agilizar dichos trámites».

En otro punto, se indica que «corresponderá efectuar un exhaustivo análisis de las regulaciones vigentes, evaluando si las mismas devinieron obsoletas o si, por su contenido, demoran y dificultan el avance tecnológico, proponiendo, en su caso, las acciones necesarias para su actualización».

Télam

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La Justicia suspendió la derogación de la ley de Tierras prevista en el DNU de Javier Milei

by adminweb 29 enero 2024
El juez federal Ernesto Kreplak hizo lugar a una medida cautelar del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata.
EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak hizo lugar a una medida cautelar pedida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y suspendió preventivamente el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras.

Además, el magistrado ordenó inscribir un proceso colectivo y le pidió al Poder Ejecutivo Nacional el informe previsto en la ley 16.986 en un plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la resolución.

“En el reglamento atacado, se invocó como menester la derogación de la Ley 26.737 (llamada Ley de Tierras), no obstante se omitió brindar fundamentación adecuada sobre la relación subyacente que explicaría la forma según la cual, la abrogación de la norma, contribuiría a superar los problemas sociales y económicos que trasunta la Nación”, sostuvo Kreplak. Y agregó: “No se advierte entonces, prima facie, que el acto estatal impugnado (derogación de la norma legal) sea adecuado al fin que persigue el estado (superación de problemas sociales y económicos) y que el medio utilizado (Decreto de Necesidad y Urgencia) sea proporcionado y conducente a ese fin”.

La ley de Tierras limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras. En concreto, establece que sólo el 15% de las tierras rurales totales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros. Si la normativa se derogaba, entonces ya no habría límite y las negociaciones quedarían libradas a la voluntad de compradores y vendedores. Ese porcentaje también se aplica al territorio de cada provincia.

Además, hoy las personas extranjeras de una misma nacionalidad no pueden tener más del 30% de ese 15% total sobre las tierras rurales y en ningún caso pueden tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y en las que sean declaradas equivalentes.

Por otro lado, la ley advierte que está prohibida toda interposición de personas físicas de nacionalidad argentina, o de personas jurídicas constituidas en nuestro país, a los fines de configurar una titularidad nacional figurada para infringir las previsiones de esta ley. “Ello se considerará una simulación ilícita y fraudulenta”, sostiene el artículo 6 de la Ley. Esto significa, que si un argentino hace de testaferro de un extranjero para la adquisición de tierras por fuera de la ley, tendrá graves consecuencias legales.

La normativa contempla igualmente algunas excepciones. Pueden adquirir libremente tierras los extranjeros con más de diez años de residencia contínua y permanente en el país, así como aquellos que tienen hijos argentinos y demuestran que tienen una residencia de 5 años continua y permanente en el país.

También pueden comprar libremente las personas casadas o que conviven con un argentino o argentina desde 5 años antes de adquirir la tierra rural y que demuestran residencia permanente y continua. Es importante aclarar que se considera “residencia continua” cuando la persona está en el país más de 9 meses cada año.

Al momento de suspender la derogación de la Ley de Tierras, Kreplak objetó la modalidad utilizada por el Gobierno. “Finalmente, habré de destacar que prima facie, el reglamento impugnado no habría cumplido con los procedimientos esenciales y sustanciales para su dictado, ni posee el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico”, dijo.

Infobae

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El oficialismo pospuso la sesión de la ley ómnibus para el miércoles

by adminweb 29 enero 2024
Iba a realizarse el martes pero pasó otro día más en medio de las negociaciones con los bloques dialoguistas.

La Cámara de Diputados sesionará el próximo miércoles para discutir la Ley de Bases que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei.

Así lo supo Noticias Argentinas de fuentes parlamentarias, luego de que se decidiera posponer la sesión que estaba prevista en principio para mañana.

La idea es desarrollar la reunión de labor parlamentaria este martes y luego sesionar un día después.

La noticia de la postergación de conoció en momentos en que siguen las negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, algunos de los cuales ya anticiparon que tienen la intención de dar quórum el miércoles.

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Empresas transportadoras de energía eléctrica pidieron aumentos de hasta 255,7%

by adminweb 29 enero 2024
La audiencia tuvo lugar luego de la que se realizó el viernes 26 de enero, en la que las distribuidoras metropolitanas Edenor y Edesur solicitaron incrementos que tendrían una incidencia promedio del 89% en el usuario final.

Las empresas transportadoras de energía eléctrica solicitaron este lunes una readecuación de ingresos de hasta el 255,7%, con una incidencia en la tarifa final de no más del 3,8%, además de reclamar un actualización mensual y automática y que no se incurran en demoras en los pagos que les realiza la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Los pedidos fueron formulados en el marco de la segunda audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE), como paso previo a los ajustes tarifarios que tomará la Secretaría de Energía, que por su parte advirtió sobre subsidios que consideró «escandalosos» y un sistema de transporte que está «saturado».

La audiencia tuvo lugar luego de la que se realizó el viernes pasado, en la que las distribuidoras metropolitanas Edenor y Edesur solicitaron incrementos que tendrían una incidencia promedio del 89% en el usuario final.

A los aumentos en las etapas de distribución y transporte deben añadírsele los derivados de los recortes a los subsidios que el Estado otorga a la fase de generación y que la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, calificó como «escandalosos».

La funcionaria sostuvo que «el nivel de subsidios es escandaloso» y que en los últimos años «fueron del 65% al 89%» del Precio Estacional de la Energía (PEST), uno de los principales componentes de la tarifa final del servicio.

Luego de dar repaso a una situación de «agotamiento de un modelo que llegó a su fin», Beljansky advirtió que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) «está saturado y hoy no permite evacuar toda la energía adicional, actúa como un cuello de botella», al no facilitar el transporte de nuevos emprendimientos de generación, en especial de energía eólica y solar.

Si bien el sistema de transporte es el que menos incidencia tiene en la tarifa final (1,5% o menos del total, según estimaciones de las diferentes compañías), su rol es decisivo para conectar la oferta (generación) con la demanda, en un país en el que ambos extremos se encuentran a distancias considerables.

Al respecto, tras recordar que la Argentina es el octavo país del mundo en cuanto a superficie, indicó que el 60% de la demanda se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur del Litoral, en tanto la generación se distribuye en varias regiones.

Al referirse al «cuello de botella» que implica el retraso relativo del transporte respecto tanto de la generación como de la demanda, indicó que el crecimiento del sistema no acompañó a ninguna de las dos variables y que «los mecanismos de ampliaciones y renovaciones del transporte han resultado insuficientes».

Asimismo, remarcó que «los transportistas perciben sus ingresos a través de pagos mensuales de Cammesa», pero que «la mayor parte de estos pagos no se han realizado en tiempo y forma».

Por otra parte, indicó que «los costos del transporte fueron trasladados sólo en forma parcial a los usuarios, lo que generó subsidios en este segmento» y que «el Estado nacional se encuentra quebrado y sin posibilidad de abordar el costo de inversión requerido en el sistema de transporte».

En ese sentido, resaltó la «necesidad de generar señales para que operadores puedan realizar nuevas inversiones» y que «el Estado está considerando instrumentos de iniciativa privada» para obras de interconexión regional.

Las ocho empresas que expusieron en la audiencia coincidieron en resaltar el retraso en la evolución de la remuneración de sus ingresos, que en los últimos cuatro años fue en promedio la mitad de la inflación y que derivó en la obsolescencia de las instalaciones y los recortes en una serie de inversiones.

Por tal razón, solicitaron una readecuación de ingresos previa a la aplicación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que deberá comenzar el 1° de enero de 2025.

Sobre los valores resultantes, que remarcaron no tienen en cuenta ampliaciones necesarias, reclamaron la aplicación de un índice de actualización mensual y automático, teniendo en cuenta que el plazo promedio de pago de Cammesa es de unos 60 días y, al respecto, también pidieron que esa compañía no incurra en demoras para esos desembolsos.

DETALLE POR EMPRESA

El detalle por empresa de las readecuaciones solicitadas y el porcentaje de aumento resultante es el siguiente:

Transener: $ 256.349 millones, equivalentes a un aumento del 209%, con una incidencia en la tarifa final de aproximadamente 3,1%.

Distrocuyo: $ 29.265 millones (249% y una incidencia cercana al 3,7%).

Transnea: $ 20.243,91 millones (114% y 1,7% de incidencia).

Transba: $ 122.920 millones (207% y 3,1% de incidencia).

Transpa: $ 28.818 millones (255,7% y 3,8% de incidencia).

Transnoa: $ 59.512,4 millones (207% y 3,1% de incidencia).

Transcomahue: no especificó montos ni porcentajes, pero aseguró que la incidencia en la tarifa del aumento requerido es del 0,5%.

Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN): no dio precisiones sobre montos ni porcentajes.

Télam

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Adorni: sin capítulo fiscal en la ley «Bases», habrá un «ajuste mayor a provincias»

by adminweb 29 enero 2024
Evaluó que al eliminar el paquete fiscal de la ley Bases «eso va a facilitar y allanar el camino para la aprobación de la ley. Ya no hay razón para que se siga retrasando», insistió.

El Gobierno confirmó este lunes que habrá un «ajuste mayor» hacia las provincias a partir de la exclusión del capítulo fiscal de la ley ‘Bases’ que se tratará esta semana en la Cámara de Diputados, al tiempo que sostuvo que esa modificación «va a allanar el camino» para la aprobación del paquete de proyectos, por lo que, estimó, «ya no hay razón para que se siga retrasando».

«Claramente va a haber un ajuste mayor a las provincias, y dentro del paquete fiscal también se retiran las facultades delegadas en materia fiscal y previsional que son parte de este capítulo económico, eso es lo que hasta ahora está decidido», dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa diaria en Casa Rosada.

Evaluó que al eliminar el paquete fiscal de la ley Bases «eso va a facilitar y allanar el camino para la aprobación de la ley. Ya no hay razón para que se siga retrasando», insistió.

Además, informó que dentro de los proyectos de ley quitados de la ley Bases figura el de la «ley de ingresos personales», como pasará a llamarse el impuesto que hasta ahora se conoce «ley de Ganancias», que «también se retira del debate».

Adorni, en paralelo, aclaró que pese a esas decisiones el Gobierno «reafirma el camino hacia el déficit cero, un compromiso que es irrenunciable para el presidente» Javier Milei y los diferentes ministros, y es «nuestro norte y no lo vamos a modificar».

Por otra parte, acerca de la salida del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, comunicado el sábado pasado por «razones personales», el vocero explicó que en «cualquier momento va a quedar formalizada».

Al respecto, el vocero sostuvo que el Presidente decidió «avanzar con la fusión de Infraestructura y quedó en el ala de Economía, para adecuar los presupuestos a la realidad que vive la Argentina».

Adorni, en otro tramo de la conferencia de prensa, consultado sobre la ley Bases, aclaró que «no hubo ni error de cálculo ni problemas de timing».

«Y retirar el capítulo económico de la Ley de bases no fue una negociación, es simplemente que entendíamos seguir perdiendo el tiempo en discusiones que no tenían demasiado sentido más que retrasar la aprobación», agregó.

Por eso, recalcó que «se optó por, si el problema está en el capítulo fiscal, quitarlo de la ley y ahora entendemos sin ningún tipo de cuestionamiento hacia el resto de la ley o a algún tema que tenga que ver con el resto de una discusión que no estaba avanzando y la vedad es que la urgencia para nosotros siempre fue una realidad y de hecho siempre nos mantuvimos en la misma posición».

«Mientras más rápido mejor, bueno. Estamos en esa línea», concluyó el funcionario.

Télam

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Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 29 de enero

by adminweb 29 enero 2024
En tanto, la brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en 48,3%, luego de haber superado el 52% a comienzos de la semana pasada.

El dólar blue sube este lunes 29 de enero en $1.175 para la compra y $1.225 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City.

El dólar informal sube $5 a $1.225, luego de coronar la semana pasada su mayor racha bajista en seis semanas, luego de que el jueves tocara los $1.260, un nuevo récord intradiario. En ese marco, el blue vuelve a subir luego de tres jornadas consecutivas sin alzas.

En tanto, la brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en 48,3%, luego de haber superado el 52% a comienzos de la semana pasada.

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