País

En la audiencia pública convocada por el Enargas, el secretario de Energía de la Nación explicó que se trasladará el 100% del PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a razón del 33% por mes en febrero, marzo y abril, a la tarifa que paga el usuario.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció este lunes en la audiencia pública convocada por el Enargas que el Gobierno buscará reducir fuertemente los subsidios en las tarifas de gas en los próximos tres meses y que habrá cambios en la forma de segmentación a partir de abril próximo.

En su presentación, Rodríguez Chirillo advirtió los usuarios de gas pagan en la actualidad solo el 17,5% del costo de producción. En números concretos, se abona a través de las boletas el equivalente a 0,7 dólares el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), cuando el costo promedio es 4 dólares.

“El 82,5% restante lo pagan todos los ciudadanos, tengan o no suministro a través del presupuesto nacional que se traduce en menores jubilaciones, menor presupuesto para la salud, la educación y mayores impuestos”, dijo Rodríguez Chirillo.

En este sentido, adelantó que habrá un “traslado gradual” del costo del gas a las tarifas finales “para la readecuación progresiva de subsidios”. Y aclaró que se quitará un 33% del subsidio en los inicios de cada mes de febrero, marzo y abril hasta llegar a pagar el costo total. Es decir, los usuarios pasarán de pagar 0,7 dólares el millón de BTU a 4 dólares en tres meses.

Rodríguez Chirillo no brindó sin embargo precisiones sobre cómo será el impacto final de los aumentos en las tarifas.

El costo de producir gas es uno de los cuatro segmentos que componen el precio final de las boletas de gas y el de mayor incidencia a la hora de conformarse el precio final que paga el usuario. Además, se incluye el costo de transporte del gas de los lugares de producción a los centros de consumo; el costo de distribución del gas en los hogares, y los impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Sin embargo, el costo del gas es el que más peso tiene en el precio final, ya que representa alrededor del 36% del valor total de las boletas. El transporte significa el 12,5% del precio final, la distribución, el 26,2%, y los impuestos, 24,7%.

Al traslado del precio PIST se suma el reclamo de las compañías distribuidoras que reclamaron subas que llegan al 700%.

De acuerdo con los planteos presentados por las distribuidoras, la recomposición de tarifas debería de ser de al menos el 350% para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero todavía más altas en el interior del país.

También reclaman un mecanismo de actualización automática calculada sobre la base de la inflación mayorista.

Minuto Uno

A través de un escrito, la Argentina solicitó a la jueza de Nueva York Loreta Preska que no establezca una fecha determinada para iniciar posibles acciones en caso que no se presenten garantías. 

El Gobierno argentino presentó este lunes un escrito ante la jueza de Nueva York Loretta Preska en el que le solicitó que no establezca una fecha puntual para comenzar con los eventuales embargos en caso de no presentar garantías, en el marco de la causa por la nacionalización de la petrolera YPF concretada en 2012.

El estudio de abogados que representa al país -Sullivan & Cromwell- pidió de esta forma que no se reconociera la fecha del 10 de enero como tope para que el Gobierno argentino presente garantías y, de esa manera, evitar eventuales embargos que pueda sufrir por parte de los litigantes.

En primera instancia, la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de 16.000 millones de dólares a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park.

El pedido presentado por la Argentina obligará a la jueza Preska a reconfirmar o modificar el fallo en el que estableció al 10 de enero como fecha límite para que los demandantes puedan comenzar a hurgar sobre algún activo, si la Argentina no presenta garantías.

«Mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos», sostiene el texto presentado por el estudio Sullivan & Cromwell al que accedió Télam.

Esta presentación muestra cierto cambio de estrategia de parte del nuevo gobierno, si bien mantuvo al mismo estudio de abogados que lleva adelante la causa.

Los litigantes tendrán tiempo para expresar su opinión respecto al nuevo planteo argentino hasta el mediodía de este martes.

En diciembre ultimo, Preska accedió a eximir el pago de una fianza por el monto total del juicio, a la espera de una sentencia firme para el fallo que obliga a la Argentina a abonar un resarcimiento de 16.100 millones de dólares a Burford Capital.

“Hay un problema, porque la plata no la tenemos, pero sí tenemos la voluntad de pagar. Una de las ideas en las que estamos trabajando, es crear la ‘tasa Kicillof’; que es pagarle a este fondo con un bono perpetuo. La idea es que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”, dijo hace un par de semanas el presidente Javier Milei, en una entrevista con LN+.

En los primeros días del corriente mes de enero, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que «la Argentina está en una situación muy complicada» respecto del juicio por la expropiación de YPF.

«Son montos que exceden a lo que uno puede suponer como un traspié menor; entendemos el desastre que se ha hecho y el desastre que la administración en aquel momento, con tal vez el exabrupto de Axel Kicillof, ha desembocado en este gran desastre que es este fallo», completó Adorni.

El pasado 27 de noviembre, en plena transición de gobierno, Argentina solicitó a la jueza Preska una postergación del plazo de ejecución de la sentencia para la presentación de garantías.

El motivo del pedido fue que el nuevo Gobierno aún no había asumido, lo que sucedió como estaba previsto el 10 de diciembre pasado.

En ese marco, la jueza Preska concedió la prórroga.

«Esta breve prórroga le daría a la nueva administración treinta días para evaluar las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 21 de noviembre de 2023», indicó el estudio Sullivan & Cromwell en esa oportunidad.

En la nueva presentación realizada este lunes, los patrocinantes de la Argentina señalaron que «la República no puede aceptar esta condición porque privaría a la nueva administración de la capacidad de evaluar la totalidad de la Orden del Tribunal. En particular, acelerar el cronograma de presentación de informes sobre la apelación sería un desafío debido a que los demandantes presentaron una apelación cruzada, e YPF, en respuesta, presentó una apelación cruzada, lo cual requerirá información adicional».

Por otro lado, Preska concedió al nuevo gobierno -en otro escrito paralelo- plazo hasta el 22 de febrero para presentar los primeros argumentos contra el fallo que condena al país a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF concretada en 2012, cuando la fecha original fue fijada para el 23 enero.

Télam

«Los equipos técnicos seguirán trabajando en los próximos días con la intención de emitir un comunicado en conjunto con las conclusiones de la visita”, dijo una fuente del Gobierno.

El Gobierno argentino y representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron este lunes continuar con la revisión de los datos económicos y sus proyecciones con el fin de llevar adelante el programa de crediticio por US$ 44.000 millones acordado entre las partes.

Así lo informaron fuentes oficiales del Palacio de Hacienda luego de una reunión mantenida este lunes por la tarde en la Casa Rosada, de la que participaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por el organismo multilateral estuvieron el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu; la Jefe de la Misión, Ashvin Ahuja; y el representante del FMI en la Argentina, Ben Kelmanson.

“La reunión fue positiva, los equipos técnicos seguirán trabajando en los próximos días con la intención de emitir un comunicado en conjunto con las conclusiones de la visita”, dijo una fuente oficial al término del encuentro realizado en Casa de Gobierno, que se extendió por espacio de una hora y media.

Desde el viernes pasado, cuando arribó al país, la delegación del FMI mantuvo reuniones con técnicos del Banco Central y del Ministerio de Economía para analizar las cuentas.

Antes del encuentro, que comenzó alrededor de las 15 y que se llevó a caco en el Salón Eva Perón, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó que el Gobierno busca «reflotar el acuerdo caído» con el FMI a partir del «incumplimiento sistemático de metas que ha tenido el país» con ese organismo.

«Todo lo que estamos haciendo está en línea con que con creces van a ser satisfechas esas nuevas metas que se impongan, porque el plan que estamos llevando adelante es de un orden en las cuentas y varios aspectos de la economía y no debería haber ningún tipo de inconveniente», ahondó el vocero presidencial.

La misión técnica del Fondo arrancó el viernes con reuniones formales con funcionarios técnicos del gobierno de Javier Milei, con el objetivo de dar comienzo a la revisión del acuerdo vigente que está «virtualmente caído» y cuyos desembolsos previstos se encuentran frenados desde noviembre de 2023.

También se espera, como suele hacer en ese tipo de visitas, que el FMI se reúna con representantes de la oposición, de los trabajadores, del sector empresario y con analistas del mercado.

El Fondo, que en los hechos viene dialogando informalmente con distintos sectores, se mostró muy interesado en el apoyo político con el que puede contar el Gobierno para llevar adelante su plan económico.

Días antes del cambio de Gobierno, la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, dijo que «es necesario un plan de estabilización fuerte, creíble y apoyado políticamente para encarar de forma duradera los desbalances macroeconómicos y los desafíos estructurales de Argentina, y a la vez protegiendo a los más vulnerables».

El martes pasado, ante una consulta de Télam, voceros del FMI señalaron que el objetivo del equipo técnico que visita el país será «continuar las negociaciones sobre la séptima revisión del programa apoyado por el FMI«.

«Nuestro objetivo sigue siendo apoyar los esfuerzos en curso para restablecer la estabilidad macroeconómica en beneficio de Argentina y su gente», agregaron las fuentes.

En rigor, los vencimientos con el Fondo para 2024 suman alrededor de US$ 7.700 millones.

En base al cronograma de compromisos existentes, este martes -9 de enero- se debe cubrir un vencimiento de US$ 1.300 millones, y el próximo 16 otro por US$ 650 millones.

Desde el FMI señalaron que el Gobierno ya comunicó la decisión de afrontar estos compromisos a fines del corriente mes.

En este contexto, un gesto del gobierno fue que autorizó la semana pasada la emisión de Letras del Banco Central por US$ 3.200 millones a diez años de plazo, ante la proximidad de los vencimientos de los compromisos de deuda.

La medida -dispueta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 23/202- apunta además a grantizar «la continuidad del normal funcionamiento del Estado nacional», según los considerandos de la norma.

Días antes, el Gobierno avanzó con la publicación del DNU 70/2023 de desregulación económica que el que se declara «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″, y que establece una profunda reforma del Estado en distintas áreas, que comenzó a regir a las 0 horas del viernes 29 de diciembre de 2023.

Hasta ahora cuenta con una medida cautelar de la justicia, que dio un lugar a las asociaciones de los trabajadores, y que frena su aplicación plena, precisamente en el plano de la reforma laboral.

Este DNU fue enviado también el Congreso, como parte de un proyecto de Ley Ómnibus junto con un paquete de medidas adicionales complementarias.