País

El proyecto enviado por el Ejecutivo nacional que pone a la venta al sector privado de las empresas públicas se funda en «la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales».

La petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Banco de la Nación Argentina, Ferrocarriles Argentinos y la agencia de noticias Télam figuran entre las 41 empresas públicas que fueron declaradas «sujetas a privatización» en el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.

De acuerdo con el texto de la iniciativa denominada ´Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos´, la venta al sector privado de las empresas públicas se funda en «la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales».

La propuesta también apunta a «generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas», según los fundamentos de la iniciativa.

Puntualmente, en el Artículo 8 del Capítulo II del Título II, se declara «sujeta a privatización en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, a las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal».

De esta manera, se faculta «al Poder Ejecutivo Nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696».

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 dado a conocer la semana pasada fue el puntapié inicial para avanzar en esta línea.

En el DNU, que comenzará a regir en los próximos días y que es objeto de varios amparos judiciales en su contra, se establece la modificación del «status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades», según consigna en sus considerandos.

La venta de las empresas del Estado es una idea que Javier Milei tiene desde antes de asumir la presidencia de la Nación.

En reiteradas ocasiones, durante la campaña electoral, deslizó la posibilidad de desprenderse de patrimonio público y calificó a las empresas estatales como «generadoras de déficit».

Qué empresas podrían ser privatizadas

Las empresas públicas sujetas a privatización son la Administración General de Puertos; Aerolíneas Argentinas; Empresa Argentina de Soluciones Satelitales; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Banco de la Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Casa de Moneda; y Contenidos Públicos.

También figuran Corredores Viales; Correo Oficial de la República Argentina; Construcción de Viviendas para la Armada Argentina; Dioxitek; Empresa Argentina de Navegación Aérea; Educ.AR; Energía Argentina (Enarsa); Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias.

A las que se suman la Fábrica Argentina de Aviones «Brig. San Martín»; Intercargo; Playas Ferroviarias de Buenos Aires; Polo Tecnológico Constituyentes; Radio de la Universidad Nacional del Litoral; Radio y Televisión Argentina; Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba; Talleres Navales Dársena Norte; Télam; Belgrano Cargas y Logística; Yacimientos Carboníferos Fiscales; Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) e YPF.

Incluye también a Nucleoeléctrica Argentina; Vehículo Espacial Nueva Generación; Operadora Ferroviaria; Administración de Infraestructuras Ferroviarias; Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM; Pellegrini; y las 4 empresas descentralizadas del Grupo Banco Nación.

El texto presentado  también deroga el artículo 35 de la Ley N° 24.804, que establecía que «Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima mantendrá hasta un veinte por ciento (20 %) de su capital y una (1) acción como mínimo en poder del Estado nacional, correspondiendo su tenencia así como el ejercicio de los derechos societarios al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación».

Además, sustituye el artículo 37 de esa misma Ley por el siguiente: «A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad». El cambio en este caso es el reemplazo de Estado Nacional por Poder Ejecutivo nacional.

La Ley 24.804 legisla sobre las funciones del Estado en la actividad nuclear.

Télam

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, Oscar Zago, indicó que buscan darle celeridad al tratamiento del proyecto. «Todos tienen que entender que Argentina, además de no tener plata, no tiene tiempo», agregó el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Luego de la presentación del proyecto de ley «ómnibus», denominada «Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», el oficialismo buscará apretar el pie en el acelerador y llevar la mega iniciativa al recinto el jueves 25 de enero en la Cámara de Diputados. Así lo adelantó el presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, Oscar Zago, en declaraciones televisivas.

«Queremos llevarlo al recinto para el 25 de enero», expresó, y indicó que se van a juntar para definir la integración de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores y Culto.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adelantó que estas cuatro comisiones podrían incluso constituirse antes de que termine esta semana para recibir a los funcionarios de cada una de las áreas del Poder Ejecutivo involucradas en las reformas en los primeros días de enero.

«Todos tienen que entender que Argentina, además de no tener plata, no tiene tiempo», resumió el riojano en declaraciones a los medios acreditados en Diputados, acerca de los tiempos expeditivos en los que se quiere abordar la ley ómnibus.

Por su parte, Zago anticipó que «entre el martes y el miércoles de la semana que viene» quedará conformada la comisión bicameral de Trámite Legislativo que tendrá como responsabilidad revisar la validez o invalidez del mega DNU de desregulación del Estado dispuesto por el presidente Javier Milei.

El ministro de Interior, Guillermo Francos, fue el encargado de ir a buscar a la Casa Rosada el copioso proyecto de ley de 664 artículos y 351 páginas, para entregarlo en mano a Menem pasadas las 15 hs en el Palacio Legislativo.

Como primera medida, el Poder Ejecutivo apunta con esta iniciativa que el Congreso declare «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025», plazo prorrogable por dos años más.

La reorganización administrativa declarada en el artículo tres apunta a dotar de un marco regulatorio a la Administración Pública Nacional, fusionar o disolver dependencias, profesionalizar la carrera administrativa de los agentes, e intervenir todas las entidades descentralizadas del Estado nacional, con excepción de las universidades.

También se declara a todas las sociedades propiedad del Estado o con propiedad mayoritaria estatal sujetas a privatización.

Ámbito

El gremialista comunicó a la ministra de capital Humano y al secretario de trabajo Omar Yasin que, durante enero, en la apertura de paritarias, «incluirá el ‘Fondo de Cese’ que elaborará junto con las cámaras empresariales afines».

El secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, expresó este miércoles su «adhesión» al nuevo sistema de indemnizaciones establecido en el proyecto de ley «ómnibus» del Gobierno de Javier Milei, y dijo que será adoptado por su sindicato, informó el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovello, con quien se reunió el gremialista.

«El gremialista expresó su adhesión a la figura ‘Fondo de Cese’, incluida en el DNU 70, que establece un sistema de cobro de indemnización inmediato y justo, a fin de poder hacer frente a futuros despidos. Una promesa de campaña de Javier Milei que hoy es realidad», indicó Petovello en su cuenta oficial de la red X.

El encuentro se realizó en el edificio del exMinisterio de Desarrollo Social, donde estuvieron Cavalieri, Petovello y Omar Yasin, secretario de Trabajo.

«Lo único que nos interesa es que la gente tenga trabajo», expresó la ministra Petovello, según consignó la cartera en sus redes sociales 

Añadió que el gremialista comunicó a los funcionarios que, durante enero, en la apertura de paritarias, «incluirá el ‘Fondo de Cese’ que elaborará junto con las cámaras empresariales afines».

Tras la reunión, Yasin indicó: «La Secretaría está abierta al diálogo permanente para proporcionarles bienestar a los argentinos».

Cavalieri fue reelecto este año al superar a su opositor Ramón Muerza en las elecciones del Sindicato de Comercio de Capital Federal e inició su décimo mandato consecutivo, que lo mantendrá hasta 2026 al frente de uno de los principales gremios del país. También mantuvo la titularidad de la FAECyS.

Télam

Analizaron los pasos a seguir después del cimbronazo que generó la presentación del mega proyecto de ley. 

Con carácter de urgencia, senadores y diputados de Unión por la Patria recibieron esta tarde en el Palacio Legislativo a gobernadores y vicegobernadores del PJ para hacer una puesta en común sobre el proyecto de ley ómnibus que el Gobierno presentó hoy en la Cámara baja, y para analizar en conjunto los pasos a seguir.

Como corolario de las deliberaciones, quedó claro que el rechazo del peronismo es unánime y total a todo el paquete de reformas, e incluso hay cuestionamientos constitucionales muy severos a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que constituye un “modelo de concentración de poder” para “cerrar el Parlamento”.

“Hablamos del DNU y de esta novedad que directamente significa cerrar el Parlamento”, reveló un importante senador nacional que participó del cónclave a la prensa acreditada en el Congreso.

Con ironía, la misma fuente habló de un “regalo de Navidad” y calificó a La Libertad Avanza como “el Gobierno de los contentos”, al referirse a cada una de las medidas cuya implementación, estima, irá en desmedro de los diferentes intereses sectoriales y colectivos sociales. 

“A los gobernadores de Juntos les quitan la coparticipación y salen contentos de la reunión. A los jubilados le van a sacar la ley de movilidad previsional y están todos contentos. La verdad es que éste es el gobierno de los contentos”, dijo con sarcasmo.

De forma presencial estuvieron en el despacho del tercer piso de la Cámara de Diputados los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Formosa, Gildo Insfrán, de La Rioja, Ricardo Quintela, y de La Pampa, Sergio Ziliotto. Por zoom se sumaron el resto de los mandatarios de Unión por la Patria.

Participaron del encuentro, entre otros, los presidentes de los bloques parlamentarios,  José Mayans (Senado) y Germán Martínez (Diputados), la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, la titular del bloque de Unidad Ciudadana del Senado, Juliana Di Tullio, la vicejefa del interbloque de UP en la Cámara alta, Anabel Fernández Sagasti, el diputado Leandro Santoro, además de funcionarios bonaerenses como Andrés “Cuervo” Larroque y Cristina Álvarez Rodríguez.

Según pudo reconstruir NA de fuentes confiables que fueron testigos de la reunión, Kicillof asumió un papel de liderazgo, bajó una línea clara de rechazo a la ley del Gobierno y concentró la atención del resto de los participantes.  

Además de compartir las primeras reflexiones sobre el proyecto de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, los legisladores, mandatarios y funcionarios estudiaban la estrategia para bloquear en el Congreso el mega decreto de necesidad y urgencia sobre desregulación del Estado que días atrás dictó el presidente Javier Milei. 

Entre el martes y el miércoles de la semana que viene quedaría conformada la comisión bicameral de Trámite Legislativo que tendrá en sus manos el tratamiento sobre la invalidez o invalidez del DNU.