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Mientras los diputados siguen con la discusión parlamentaria por el proyecto bases, movimientos políticos y sociales realizarán distintas acciones en las afueras del Congreso.

Organizaciones políticas, culturales y sociales realizarán desde esta tarde una nueva protesta en las afueras del Congreso luego de la represión policial desarrollada anoche mientras se trataba la ley ómnibus.

La CTA convocó este viernes a movilizar al Congreso a partir de las 15:30 desde las intersecciones de las calles Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña para protestar contra la ley ómnibus, el DNU y las facultades delegadas.

Además, organizaciones de izquierda realizarán a partir de las 16 horas e un «festivalazo cultural» frente al Congreso en el marco de un «plan de lucha en defensa de la cultura» y contra la ley ómnibus y el DNU».

Tanto las fuerzas de seguridad como los diputados y manifestantes se encontrarán nuevamente en el Congreso tras la represión desatada durante la segunda jornada: en medio del debate del proyecto planteado por el Poder Ejecutivo, las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes y la tarde/noche en el Congreso tuvo distintos momentos de tensión.

La violencia contra los manifestantes comenzó pasadas las 17.30 cuando, una vez que montaron un cordón alrededor de la protesta, empezaron a avanzar sobre los manifestantes con gases y balas de goma, empujando con escudos a quienes cortaban la Avenida Rivadavia. Más adelante, los camiones hidrantes de la Policía Federal avanzaron tirando agua sobre toda la Plaza del Congreso.

Bocinazo contra la ley ómnibus

Las acciones de protesta en rechazo a la ley ómnibus contarán, además, con un bocinazo en una caravana de «autos, camiones, motos, bicicletas o cualquier tipo de rodado para ocupar todas las calles» que comenzará a partir de las 18 desde Avenida de Mayo y Perú.

No queremos enojar a la ministra Patricia Bullrich, por eso, nos ponemos creativos. Convocamos a un bocinazo para manifestarnos dentro de lo reglamentado en contra de la ley ómnibus», se detalló en una convocatoria que comenzó a circular en redes sociales.

El recorrido previsto iniciará en Avenida de Mayo desde la plaza de Mayo hasta Riobamba donde la caravana doblará para retomar Hipólito Irigoyen hasta el Cabildo y regresar al punto de encuentro.

Es en el caso de los fondos Master Value y Trinity Investments, que buscan ejecutar bienes del país. En la audiencia se evaluará cuáles son embargables.

La Argentina tendrá este viernes un nuevo capítulo ante la Justicia de Estados Unidos por el default del 2001, cuando la Corte de Apelaciones del distrito sur de Nueva York trate a las 13 de Buenos Aires el caso de los fondos Master Value y Trinity Investments que, entre otros, buscan incansablemente activar y ejecutar embargos de bienes en contra del país.

Esa Corte de Apelaciones determinó una audiencia de carácter público que tratará sobre bienes que podrían ser embargables para el país, según una nota oficial emitida el 30 de enero.

La Corte también aclaró que habrá detalles en relación de ciertos bienes que podrían ser embargables, que permanecerían bajo el carácter estrictamente confidencial, debido a la sensibilidad de la información.

El consultor y experto en estos litigios Sebastián Maril consideró que «finalmente tendremos una muy buena idea, aunque no exacta, sobre cuáles son los activos que la Justicia de Estados Unidos autorizó pero declaró confidenciales por su importancia», expresó a través de la red social X.

Aún litigan

Master Value y Trinity Investment son dos de los pocos fondos que aún litigan en contra el país por el caso del default de 2001 y que decidieron quedar al margen, como holdouts, luego de que el ex presidente Mauricio Macri acordó un arreglo millonario con los mayores fondos demandantes contra el país de entonces, por un valor total de US$ 16.000.

En el 2020 estos holdouts lograron un fallo a favor, de primera instancia de la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, y que sentenció que el país debía pagar en total US$ 224,2 millones a dos fondos, que no entraron ni en los canjes de reestructuración de 2005 y ni en el 2010, con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, respectivamente, ni cerraron un acuerdo en 2016 con Macri.

La Argentina apeló ese fallo, cuyo importe final sigue agrandándose a medida que pasa el tiempo en función de los intereses, y ahora se enfrenta a estos dos fondos y otra lista de acreedores menores, que aún buscan por el mundo activos embargables y sacar provecho con los títulos en del default del 2001.

Télam