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El Estado es «hoy más importante que nunca en la redistribución y justicia social»

by adminweb 28 febrero 2024
En un videomensaje enviado para la inauguración de la sede porteña del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, sostuvo que «los derechos sociales no son gratuitos» y alertó que «el Dios Mercado y la Diosa Ganancia son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización».

En un mensaje enviado a jueces de la Argentina, el papa Francisco consideró este miércoles que el rol del Estado en la «redistribución y justicia social» es «más importante que nunca», al tiempo que alertó por los «modelos deshumanizantes y violentos» y sostuvo que, en los cargos públicos, «no alcanza con la legitimidad de origen».

Así lo afirmó en un videomensaje enviado por el Papa para la inauguración de la sede porteña del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), que encabezó el magistrado porteño Andrés Gallardo.

«Los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales y equitativas. El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social», sostuvo el pontífice argentino en su mensaje.

«El Dios Mercado y la Diosa Ganancia son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. La historia lo ha demostrado en muchas y muy tristes oportunidades», aseveró el Papa.

El Copaju fue creado por Gallardo en el Vaticano junto al papa Francisco en junio de 2019 y el año pasado logró el estatus vaticano de «Asociación Privada de Fieles».

«Hermanos, todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente que no alcanza con la legitimidad de origen. El ejercicio debe también ser legítimo», agregó luego Francisco en el video que se proyectó esta mañana en la sede de avenida Ingeniero Huergo 1189 de la Ciudad de Buenos Aires.

«¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? ¿Puedo ser un buen magistrado mirando hacia el costado frente al sufrimiento del otro? Por favor, cada día frente al espejo pregúntense por ustedes mismos y pregúntense por los otros«, se preguntó Jorge Bergoglio en esa dirección.

Para el Papa, «la misión de los operadores judiciales: abogados, jueces, fiscales, defensores es trascendente y crucial» por lo que «el Poder Judicial es el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social».

«Vivimos épocas de intensa injusticia: pocos ricos cada vez más poderosos y millones de pobres negados y descartados. No hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia en un mundo en donde millones de niños comen diariamente sólo los desechos de aquellos que si consumen», lamentó en ese marco.

El acto de este miércoles sirvió también para inaugurar la subsede argentina del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas, creado por el Papa en 2023 con «finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de Derechos Sociales, migración y colonialismo» y que es presidido por el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, quien estuvo presente en el acto de hoy.

«Saludo a la Copaju, saludo al Instituto Lascasciano, saludo a todos ustedes. Bendigo su nueva casa, les deseo éxito en sus actividades. Les pido firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos. La paz es una construcción diaria y ustedes son obreros de la paz», los despidió Francisco.

Entre los presentes estuvieron, entre otros, el dirigente social Juan Grabois, el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara; la diputada Vanesa Siley y los dirigentes sindicales Héctor Daer y Hugo Yasky.

También participaron de la actividad el judicial Julio Piumato y el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Máximo Jurcinovic.

Desde 2023, Copaju es una asociación privada de fieles de carácter internacional en conformidad con los cánones 298-311 y 321-329, erigida como persona jurídica privada dentro del ordenamiento canónico, de acuerdo al canon 322, § 1.

En su quirógrafo, un escrito con fuerza de decreto, el Papa sostuvo que «la organización de magistrados Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana tuvo incipiente origen local en la Ciudad de Buenos Aires y luego destacada actuación en la República Argentina desde el año 2017, gestando el primer encuentro regional en junio de 2018 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires».

Télam

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País

«La palabra del Papa la respetamos pero en algunas de ellas no estamos de acuerdo»

by adminweb 28 febrero 2024
El vocero señaló que se podría analizar una a una las frases del Sumo Pontífice y que «por supuesto que en algunas de ellas no estamos de acuerdo, y está muy bien que así sea, porque el Papa es un líder espiritual y nosotros gobernamos una Argentina con problemas absolutamente en todos lados».
Télam

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo que en el Gobierno a «la palabra del papa Francisco la respetamos y escuchamos», pero señaló que, «con algunas de ellas no estamos de acuerdo y está muy bien que así sea».

«El Papa es un líder espiritual y nosotros gobernamos la Argentina con problemas en todos lados», respondió Adorni en rueda de prensa en Casa de Gobierno, al ser consultado sobre declaraciones de este miércoles del Papa en las que -en un mensaje enviado a jueces de la Argentina- consideró que el rol del Estado en la «redistribución y justicia social» es «más importante que nunca», al tiempo que alertó por los «modelos deshumanizantes y violentos» y sostuvo que, en los cargos públicos, «no alcanza con la legitimidad de origen».

Sobre estas declaraciones, el vocero Presidencial sostuvo que «eso no es así, lo ha dicho el Presidente de la Nación en más de una oportunidad entendiendo que la justicia social en esta lógica de sacarle a unos compulsivamente para darle a otros a criterio del funcionario de turno ha logrado en la Argentina y en el resto del mundo donde se utilizó el Estado de esta manera, lo que hoy estamos viviendo que es un 50% de pobres».

«Eso significa muchos millones de argentinos que el bendito Estado presente evidentemente les ha quitado todo y no les ha dado absolutamente nada», amplió Adorni.

El vocero señaló que se podría analizar una a una las frases del Sumo Pontífice y que «por supuesto que en algunas de ellas no estamos de acuerdo, y está muy bien que así sea, porque el Papa es un líder espiritual y nosotros gobernamos una Argentina con problemas absolutamente en todos lados».

En esta dirección, Adorni refirió que el presidente Javier Milei «entiende que pueden ser frases, palabras o definiciones muy lindas al oído» pero, advirtió, «no han hecho otra cosa que lo que está a la vista que son veinte años hablando de justicia social y sólo por hablar del último período de vuelta al esquema inflacionario».

«La gente no quiere eso y lo demostró en las urnas. De hecho, parte de la campaña del Presidente fue contarle a la gente cómo iba a ajustar y achicar al Estado y a dejar de gastar dinero en cuestiones que no hacen a que la gente esté mejor«, argumentó.

Y concluyó: «La palabra del Papa Francisco la escuchamos y respetamos pero el Estado tiene que garantizar el acceso a la justicia, que la ley sea igual para todos, seguridad jurídica y algunas otras cuestiones que el Estado, al menos el que conocemos en la Argentina, no ha hecho».

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Milei ordenó pedir un per saltum a la Corte por el fallo a favor de Chubut

by adminweb 27 febrero 2024
La Secretaría Legal y Técnica además explorará la chance de plantear la «incompetencia plena» y recusación del juez.

El presidente Javier Milei ordenó hoy a su equipo legal a pedir un per saltum a la Corte Suprema de Justicia a fin de revertir el reciente fallo desfavorable en torno a la disputa por fondos coparticipables de Chubut.

En ese marco, la Secretaría Legal y Técnica, además del per saltum, explorará la chance de plantear la «incompetencia plena» y recusación del juez que favoreció a la provincia de Chubut, según trascendió este martes en Casa Rosada.

De este modo el Gobierno busca responder de inmediato al fallo que dio lugar al planteo del gobernador chubutense, Ignacio Torres, para que la Nación le devuelva los 13.500 millones de pesos que le quitó de coparticipación debido a una deuda.

Mediante el per saltum, el oficialismo podría apelar el fallo directamente en la Corte, ahorrándose las instancias previas, y en ese marco consideran que la relación de las provincias con el Gobierno nacional es competencia plena del máximo tribunal.   

El per saltum es una herramienta legal que opera del siguiente modo: una vez que una causa tiene sentencia del Juzgado competente de Primera Instancia, y si reviste gravedad institucional, las partes apelantes pueden llevar el caso directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación evitando pasar por la segunda instancia.

El procedimiento normal de un trámite judicial se inicia con una causa ordinaria en materia civil, comercial o administrativa que ingresa a un Juzgado de Primera instancia, quien luego del trámite dicta sentencia, posteriormente en caso que las partes se sientan afectadas tiene el derecho a apelarla ante una cámara, donde resolverá un tribunal compuesto por tres jueces y, ante tal pronunciamiento, queda la instancia extraordinaria y última en nuestro país: acudir ante la Corte Suprema.

Cuando una de las partes presenta un per saltum, los jueces del máximo tribunal se reúnen en una reunión de acuerdo y analizan si el pedido es justificado o no. Si lo aceptan, volverán a reunirse para emitir una sentencia definitiva. Si lo rechazan, la causa continúa su trámite natural.

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Un juez le ordenó a Nación devolver los fondos coparticipables a Chubut

by adminweb 27 febrero 2024
El juez interviniente, exhortó a Chubut y Nación a que “arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda en condiciones razonables.

El juez federal de Rawson Hugo Ricardo Sastre le ordenó al gobierno nacional la devolución de los fondos que reclama la provincia de Chubut. El fallo, una “medida autosatisfactiva”, dispuso “el cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos”.

“Ello, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso”, añade la resolución.

Además, el juez exhortó a Chubut y Nación a que “arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial”.

“Nos encontramos ante una injusta e intransigente posición por parte de la demandada (el Estado Nacional, ndr), sumado a una inexistente política de absorción de consecuencias por parte del Estado Nacional respecto de la Provincia del Chubut llevada a cabo por el descuento automático de fondo coparticipables”, sostiene el fallo, de 17 páginas.

“Dicho accionar, -añade- conduce al agravamiento de la situación especial por la que atraviesa la Provincia del Chubut, cuyo estado de emergencia económica, financiera y administrativa fuera dispuesto mediante Ley; más aún cuando las retenciones representan más de un tercio de lo que percibe en concepto de coparticipación, situación que no podría prolongarse en el tiempo sin afectar servicios esenciales tales como salud, higiene, educación, etc., necesidades básicas de la población cuya satisfacción se debe garantizar”.

El fallo no se trata de una medida cautelar sino de una “autosatisfactiva”, es decir una suerte de decisión de fondo que ordena al Estado Nacional devolver el dinero retenido con carácter definitivo.

“Este tipo de medidas son soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables inaudita parte y mediando una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles”, explicó el juez.

“El proceso autosatisfactivo se agota en sí mismo, es decir, se autoabastece, con prescindencia de otro proceso principal conformando una verdadera tutela judicial urgente, inmediata y sustantiva”, abundó.

El juez recordó que durante el anterior gobierno –tanto nacional cuanto provincial- el Estado asistió a la provincia en los términos en los que ahora lo reclama el gobernador chubutense Ignacio “Nacho” Torres.

“Habiendo el Estado Nacional asistido financieramente a un Gobierno Provincial saliente, con mayor razón debería apoyar y flexibilizar su política de saneamiento y refinanciación de deudas públicas provinciales -accionar que habría sido aplicado a la provincia en el pasado cercano, tan solo distante doce meses atrás-, máxime cuando tampoco ha variado el marco normativo”, imprecó el juez.

Sobre la situación actual, con los nuevos gobiernos de uno y otro lado, Sastre recordó que  “la provincia del Chubut habría solicitado el refinanciamiento de su deuda, mediante notas  dirigidas el Ministro del Interior de la Nación y al Secretario de Hacienda Nacional”.

Pero contrapuso que “el accionar de la demandada, esto es, desoír o guardar silencio a una petición de refinanciación y/o cancelación de la actora, no ha sido acorde a su actuar pasado. (…) En efecto, se encuentra en clara contradicción con la conducta asumida con anterioridad”.

El juez admitió que en un proceso en el que litigan una provincia contra el Estado Nacional debe intervenir únicamente la Corte Suprema.

No obstante, hizo una exégesis de la ley para reivindicar su competencia en este caso: “no existirían únicamente en juego normas de contenido federal, puesto que a su vez a los fines de dotar de eficacia al fondo fiduciario se habrían dictado normas de derecho local, que inclusive habrían necesitado ser ratificadas por la legislatura del Chubut”.

En el caso, añadió, “se requiere para su solución la aplicación de normas de derecho público provincial o el examen o revisión, en sentido estricto, de actos administrativos, legislativos o judiciales de la provincia en los que éstas procedieron dentro de las facultades propias reconocidas por la Constitución Nacional”.

27 febrero 2024 0 comment
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DestacadasPaís

El Gobierno comunicó que Milei inaugurará las sesiones del Congreso el viernes a las 21 horas

by adminweb 26 febrero 2024
Así lo comunicó el Poder Ejecutivo. Es una decisión inédita ya que, tradicionalmente, este acto se realiza al mediodía

En una decisión inédita, el Poder Ejecutivo comunicó mediante un decreto que la apertura de sesiones ordinarias del Congreso serán este viernes a las 21. De esta manera, se espera que Javier Milei hable ante los diputados y senadores para dar inicio al año legislativo por la noche y no al mediodía, como habitualmente sucede con esta ceremonia, prevista para el 1ero de marzo.

El gobierno informó la determinación para la Asamblea inaugural del año legislativo, en medio de versiones respecto del formato que elegirá el presidente Milei para llevarla adelante. El antecedente inmediato data de su asunción, el pasado 10 de diciembre, cuando el líder de la Libertad Avanza cumplió con la formalidad de hablar ante los legisladores de manera muy breve, para luego trasladarse a las escalinatas del histórico palacio del Poder Legislativo y desde allí dirigirse a los seguidores que lo fueron a acompañar, dándole la espalda al Congreso.

Infobae

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País

La Rioja informó que no pudo afrontar los vencimientos de deuda

by adminweb 26 febrero 2024
La provincia afrontaba vencimientos por US$ 26,2 millones que vencían originalmente el sábado pasado. 

El gobierno de La Rioja informó este lunes al mercado que no pudo hacer frente a obligaciones de deuda por unos US$ 26,2 millones argumentando la alta inflación, la devaluación y la supuesta quita de fondos coparticipables, por lo que manifestó su intención de iniciar un proceso de consultas con sus bonistas para una renegociación.

En un comunicado, la provincia argumentó que «enfrenta limitaciones en su capacidad de pagar capital e intereses con fecha de pago operada el 24 de febrero de 2024 bajo los bonos internacionales con vencimiento en 2028» y que en consecuencia se encuentra «analizando y evaluando la mejor forma de abordar el manejo de sus compromisos financieros».

La provincia afrontaba vencimientos por US$ 26,2 millones que vencían originalmente el sábado pasado.

La colocación de deuda pública consiste en un bono verde emitido en 2017 por u$s200 millones, con una tasa de interés de 9,75% anual.

La nota firmada por el ministro de Hacienda, Jorge Quintero, explicó que La Rioja «enfrenta desafíos económicos sin precedentes».

«La contracción de la economía Argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio han tenido un efecto directo en la economía de la Provincia, resultando en un grave descenso en la recaudación fiscal a nivel provincial», añadió.

El ministro también destacó que «la provincia no ha recibido fondos coparticipables, según lo establecido en el Art. 83 de la Ley 27.701″ referida al presupuesto nacional de 2023, reconvenido para 2024, haciendo que los ingresos de la provincia sean «insuficientes para cubrir los gastos relacionados con servicios y programas esenciales».

«Estos factores han limitado significativamente la capacidad de la Provincia de honrar sus compromisos financieros, incluyendo los Bonos», expresó Quintero.

Ante esta situación financiera, la provincia anunció la contratación de asesores financieros y legales, y dijo que tiene «la intención de iniciar consultas con los tenedores de los Bonos con el objetivo de llegar a un acuerdo amigable y consensuado con ellos en el menor tiempo posible».

En ese sentido, y atentos al resultado de conversaciones preliminares con inversionistas, la provincia anticipó que «realizará sus mejores esfuerzos para abonar en el menor tiempo posible el monto de intereses adeudados al 24 de febrero de 2024».

El Gobierno de La Rioja argumenta que la Nación acumula con la provincia una deuda total de $302,885 millones, cuyo reclamo formalizó la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia, junto a un pedido de Acción Declarativa de Certeza sobre la nulidad del DNU 70/2023 y una medida cautelar ante el no pago de los fondos fiduciarios.

Télam

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UOCRA declara estado de asamblea permanente por los despidos tras la caída de obra pública

by adminweb 26 febrero 2024
La Unión Obrera aseguró que en los últimos dos meses se perdieron 50 mil puestos de trabajo directos y 100 indirectos a causa de la suspensión de obras públicas.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se declaró en «estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras del país» ante la pérdida de puestos de trabajo en el sector «producto de la paralización de las obras públicas dispuesta por el gobierno nacional».

Además, la UOCRA señaló que otra de las motivaciones para llevar adelante esta medida fue por «la desaceleración de la inversión que pone en riesgo la continuidad de las obras privadas en ejecución y su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad y la ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del poder ejecutivo nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria».

Sobre los puestos de trabajo, detallaron que, en los últimos dos meses, se perdieron 50 mil empleos directos y más de 100 mil indirectos «como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno, situación que pone en grave riesgo la continuidad laboral de gran parte de la actividad de la construcción».

En ese sentido explicaron que «la obra privada no ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública».

La UOCRA apuntó contra el Gobierno: caída del poder adquisitivo y pérdida de puestos de trabajo

En cuanto al contexto en el que se da esta ola de pérdida de puestos de trabajo, detallaron que el país afronta una «caída abrupta y generalizada de la actividad económica» y que este panorama «se agrava en la industria de la construcción por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo«, expresaron con preocupación.

Por último, desde la UOCRA apuntaron contra el gobierno nacional por «no responsabilizarse de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas«. Además, cuestionaron que «no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas» ya que consideraron que resultan afectadas las «impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones del país», concluyó el comunicado de la Unión Obrera.

Ámbito

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Causa Vialidad: la fiscalía pidió duplicar la pena contra Cristina Kirchner e incluyó “asociación ilícita”

by adminweb 26 febrero 2024
Diego Villar reclamó 12 años de prisión, al inaugurar las audiencias de apelación ante la Cámara de Casación.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar pidió hoy duplicar la condena a seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien consideró “jefa de una asociación ilícita” en el marco de la Causa Vialidad.

Lo hizo a comenzar las audiencias de revisión de la sentencia dictada a fines de 2022 por el Tribunal Oral Federal número dos, que por mayoría excluyó la figura de la asociación ilícita y sólo condenó a la entonces vicepresidenta por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Al mismo tiempo, pidió la elevación de las penas del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, del ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y del propio Lázaro Báez.

Pero, además, reclamó que sea condenado el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien fue absuelto en el juicio.

El fiscal Villar coincidió con los argumentos de su colega que actuó en el juicio, Diego Luciani, y afirmó que durante el gobierno de Néstor Kirchner y los dos de Cristina Kirchner “funcionó una asociación ilícita” montada sobre el aparato estatal.

De esa manera, “se proveyeron los fondos públicos nacionales y se creó a un empresario de la construcción para adjudicar los contratos”.

Ese empresario era Lázaro Báez, también condenado en el juicio oral y apelante ahora en procura de su absolución.

Villar pidió que la ex presidenta sea condenada a 12 años de cárcel, en lugar de los seis actuales.

Según el fiscal Villar, Báez fue central en esa “estructura de corrupción que se montó sobre un fin noble, como es la obra pública vial”.

Villar resumió en su alegato ante la Casación los argumentos que habían esgrimido Luciani y su colega Sergio Mola durante el juicio.

En ese sentido, coincidió con la condena por administración fraudulenta porque –dijo- existieron “graves hechos de corrupción”, pero refutó el fallo de mayoría que descartó la asociación ilícita porque  “hubo una estructura delictual organizada».

Consideró que la condena contra la ex presidenta, al máximo de la pena por “administración fraudulenta”, es errónea porque toma a los 51 contratos adjudicados a empresas de Báez como un único delito.

Si los delitos se sumaran uno a uno, el “concurso” permitiría una pena mayor aún a los 12 años.

Mas la figura de la asociación ilícita establece la existencia de una organización con perdurabilidad en el tiempo, estructura jerárquica, la integración de tres o más personas y la comisión de “delitos indeterminados”.

Villar consideró que eso fue lo que ocurrió y que cualquier interpretación diferente significaría un “mal mensaje” a los funcionarios públicos.

“¿Qué le estamos diciendo a los funcionarios que asumen el cargo, qué ejemplo les estamos dando?”, se preguntó.

“Esta pena no refleja la gravedad del hecho” e “incentiva a los funcionarios a cometer delitos”, afirmó.

La Cámara de Casación tiene previsto escuchar los argumentos de todas las partes que apelaron sus condenas.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner tiene fijada su audiencia para el próximo 7 de marzo ante el Tribunal que estará integrado por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

NA

26 febrero 2024 0 comment
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