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Lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. Dijo que será a través de un proceso de «optimización de recursos»

El Ministerio de Capital Humano emprendió un plan de “optimización de recursos” que posibilitará un ahorro de 25.150 millones de pesos este año a través de la “baja de contratos” y la “reducción del 40% de la flota de autos”, entre otros gastos.

Además, se está buscando eliminar intermediarios en el proceso de envío de alimentos a los comedores.

Sobre las protestas anunciadas por organizaciones sociales para esta semana frente a los supermercados, Adorni advirtió´: “No vamos a aceptar la extorsión, que se actúe fuera de la ley ni que se movilice gente que no se quiera movilizar”.

Aseguró que las protestas son convocadas por “personajes que están en contra del trabajo que estamos llevando adelante para transparentar el esquema de ayuda a comedores”, y que buscan impedir que los alimentos “efectivamente lleguen a quienes les tenga que llegar”.

Qué recortes hará la ministra Sandra Pettovello.

El Ministerio de Capital Humano emprendió un plan de optimización de recursos que en una primera etapa permitirá ahorrar 8.300 millones de pesos, y en la segunda otros 16.850 millones de pesos adicionales.

“La primera etapa incluye la baja de 758 contratos, mientras que hay otros 6.400 que están en revisión. Se va a reducir un 40% la flota de autos, con un ahorro de casi mil millones de pesos, y además se recortarán servicios e insumos por 500 millones de pesos y los celulares de las Secretarías (un gasto de 217 millones de pesos)”, precisó Adorni.

Dijo que “en una segunda etapa habrá un recorte equivalente a 16.850 millones de pesos adicionales por la optimización de contrataciones y compras diversas que venían haciendo las diferentes dependencias de la cartera sin un criterio razonable”.

Sobre las protestas en supermercados para reclamar comida, Adorni advirtió que «representantes de determinados grupos sociales han anunciado para esta semana alguna especie de marcha o de protesta frente a supermercados. No vamos a aceptar la extorsión, que se actúe fuera de la ley ni que se movilice gente que no se quiera movilizar”.

“Muchos de estos personajes tenían relación con el gobierno anterior y entendemos que están en contra del trabajo que estamos llevando adelante para transparentar el esquema de ayuda a comedores evitando cualquier tipo de intermediación y la compra directa, que presupone algún manejo no debido”, lamentó.

Según el vocero presidencial, «en el proceso de envío de alimentos a los comedores había un sistema con el cual claramente no compatibilizamos, que es la discrecionalidad. Va a llevar unos días más, pero va a haber un método innovador para que la ayuda le llegue a quien le tenga que llegar y no que ande en un pasamanos con intermediarios y que sigan existiendo los negocios con la pobreza”.

Y recordó que «sigue abierta la línea anónima y gratuita 134 para cualquier tipo de extorsión que pueda existir. Siéntanse libres de hacer la denuncia y ponernos en conocimiento”.

NA

Se oficializó la eliminación, entre otras leyes, de Precios Justos, la Ley de Góndolas y la de Abastecimiento porque  «promovían un rol intervencionista del Estado».

El Gobierno dispuso la derogación de 69 normas relacionadas con Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento, con el objetivo de «disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio».

«El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria», dijo el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, en un comunicado.

Las 69 normas, que se derogaron mediante la resolución 51/2024 publicada en el Boletín Oficial, «obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado», indicó la Secretaría de Comercio.

El organismo señaló que «se trabajó en el relevamiento de las normas de cada área a su cargo con el objetivo de desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios».

Entre lo alcanzado por las derogaciones se encuentran el Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el Sipre, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior.

«Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior», se indicó.

También se dispuso derogar normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas, que establecían su supervisión y cumplimiento.

Se derogaron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que el mismo había finalizado el 8 de diciembre de 2023.

Según la Secretaría, «estas herramientas sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país».

Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, apuntando «a que ese tipo de políticas sea impulsado por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real».

Dentro de las políticas de simplificación impulsadas desde la Secretaría de Comercio, se derogaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada.

Asimismo, se derogó la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores «que violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo en lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores».

Estas derogaciones son el resultado de una primera etapa de relevamiento, a la que seguirán otras medidas, se informó.

Télam