País

El ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Eduardo Serenellini; y el titular de la Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía, Federico Sturzenegger; mantuviero un encuentro con representantes de cámaras agrarias, industriales y de servicios.

El Gobierno pidió a líderes empresariales que den su apoyo al marco legal que impulsa para reformar la economía y ratificó la necesidad de avanzar hacia la meta del «déficit cero».

La reunión se llevó a cabo en la Casa Rosada y fue encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, ocasión en la que las autoridades dialogaron con representantes de cámaras agrarias, industriales y de servicios para analizar el proyecto de Ley Bases y el DNU 70/2024.

Caputo estuvo acompañado por el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini; su par de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y la Bioeconomía, Juan Pazo; de Trabajo, Omar Yasin; el titular de la Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía, Federico Sturzenegger; y el asesor Shunko Rojas; informaron fuentes de Presidencia.

La reunión

Durante el encuentro, los funcionarios y las autoridades empresarias dialogaron «sobre el rumbo del país y coincidieron en la importancia de que se alcance el déficit cero», dijeron los informantes.

En este sentido, el Gobierno convocó a los empresarios a respaldar el proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el DNU para la desregulación de la economía, al sostener que permitirán que en el mediano y largo plazo crezcan exponencialmente todos los sectores y se genere empleo genuino.

«Está claro que creemos en la libertad y a medida que vayamos teniendo resultados, todo el esfuerzo inicial va a significar una baja de impuestos», señaló Caputo durante el encuentro, tras lo cual remarcó que «la mitad del déficit está en las provincias» y que estas «tienen que entender que deben ser parte de la solución».

Por su parte, Pazo recordó que en los primeros días de la nueva administración se eliminaron las licencias de exportación, los cupos, y las SIRAs.

Además, se refirió a la decisión del Gobierno de avanzar en la derogación de regulaciones en el comercio que implicaban tiempo y dinero para las pymes.

En tanto, los representantes de las cámaras destacaron la buena predisposición y la apertura al diálogo de parte del Gobierno y coincidieron en que se debía avanzar en el programa de emergencia económica.

Finalmente, se dialogó sobre la situación particular de cada sector en materia impositiva, comercio y costos laborales, entre otros.

Por el sector privado participaron el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González; y sus pares de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman; de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Claudio Ipolitti; de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; de la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), Pablo Fiuza; de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni;

También fueron de la partida el titular de Confederación Rural Argentina (CRA), Carlos Castagnani; de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), Martín Berrade; y de la Comisión Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Daniel Dessein; el secretario de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Mario Raiter; y su par de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eloisa Frederking; y el coordinador General del Consejo Agroindustrial Argentino, José Carlos Martins.

Télam

El peronismo envió una carta a Victoria Villarruel para solicitar una sesión especial para el 1 de febrero.

En el marco del paro nacional que convocado este miércoles por la CGT justamente contra las medidas del Gobierno de Javier Milei, senadores de Unión por la Patria pidieron al Senado una sesión extraordinaria para tratar el mega DNU.

De acuerdo con C5N, el peronismo pidió sesión una sesión especial, con una nota dirigida a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para el primero de febrero para poner en consideración el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei.

La jueza laboral de feria Liliana Rodríguez Fernández hizo «parcialmente lugar a la acción de amparo» de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Gobierno.

Una jueza del fuero laboral declaró este miércoles la invalidez de seis artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica del gobierno de Javier Milei, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la jueza laboral de feria Liliana Rodríguez Fernández.

La magistrada hizo «parcialmente lugar a la acción de amparo» de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional, que este miércoles fue a la huelga nacional contra el DNU y el proyecto de Ley Bases.

La magistrada resolvió “declarar la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97” del DNU 70/2023, aunque aclaró que “gozará de validez formal en el caso de ratificación por ambas Cámaras dentro del período de las sesiones extraordinarias en curso, o su vigencia cesará de pleno derecho en caso contrario”.

La jueza laboral de feria acotó su decisión a aquellos artículos del DNU que, según su consideración, afectan “de modo directo” los intereses de la CGT por afectar derechos colectivos de los trabajadores, según explicaron a Télam fuentes judiciales.

“El artículo 73, que modifica las condiciones de retención de la cuota sindical; el artículo 79, que establece reglas para la negociación colectiva; el artículo 86, que modifica la vigencia de las cláusulas obligacionales; los artículos 87 y 88, que incorporan a su vez los artículos 20 bis y 20 ter a la ley 23551; y el artículo 97, que regula los servicios esenciales en el marco de conflictos colectivos”, resumió la jueza en su resolución de 10 páginas.

“Tal como lo he sostenido en ocasión de analizar la constitucionalidad de normas anteriores (entre otras, los DNU 699/2019 y 761/2020, en los que me pronuncié por su invalidez), una objeción determinante estaría dada por la circunstancia de que el Congreso se encontrara funcionando. Y el Congreso, en este caso, se encuentra funcionando”, explicó.

“Es más, no sólo se encuentra funcionado, sino que ha sido el propio Poder Ejecutivo quien incorporó en la discusión de las sesiones extraordinarias la cuestión de la ratificación del DNU 70/2023 (ver el ya mencionado artículo 654 del Proyecto de Ley de ‘Bases…’). Si bien este argumento es suficiente para invalidar las normas mencionadas, tampoco puede pasarse por alto que la necesidad y la urgencia de la reforma no aparece debidamente justificada”, continuó la jueza.

Tampoco “puede presumirse (la supuesta necesidad y urgencia) a partir de analizar la correlación entre las dificultades económicas que se describen (por todos conocidas) y la posibilidad de conjurarlas con el conjunto de las normas contenidas en el Título IV”, se explayó.

“Normas vinculadas al concepto de ‘situación legal de desempleo’, al modo en que se confeccionan los recibos de sueldo, o a las modificaciones sobre presunciones o carga de la prueba no parecen a simple vista tener impacto alguno en los problemas macroeconómicos que el propio decreto invoca”, señaló la jueza.

En ese punto, la magistrada aclaró: “No abro juicio de valor sobre la eventual necesidad de alguna de las reformas propuestas, pero claramente no se configura la urgencia invocada en el caso de todas ellas”.

“He de reiterar, para ser precisa sobre los fundamentos de esta decisión, que no analizo aquí la conveniencia o la inconveniencia económica o social de la reforma (aspecto en principio ajeno al control judicial), las ventajas o las desventajas en el nivel de empleo o en el impulso de la economía que podrían derivar de su sanción y, menos todavía, mis propias preferencias, juicios de valor o criterios individuales en relación con todas las normas involucradas”, explicó la jueza.

“Con independencia de cualquier análisis sobre el contenido normativo del DNU 70/2023 no se han cumplido aquí los recaudos constitucionales para que tal instrumento pueda ser considerado válido», remató.

Tras conseguir el dictamen en la madrugada de hoy, el oficialismo tenía previsto iniciar el debate en el recinto de la Cámara baja mañana jueves. 

El Gobierno pospuso el tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados para el próximo martes, según pudo saber Noticias Argentinas de fuentes oficiales. 

Tras conseguir el dictamen en la madrugada de hoy, el oficialismo tenía previsto iniciar el debate en el recinto de la Cámara baja mañana jueves. 

Según pudo reconstruir NA, la modificación en el calendario fue luego de un pedido de los diputados dialoguistas al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

La Libertad Avanza y los representantes del PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal llegaron a un acuerdo y firmaron un dictamen de mayoría con disidencias para la ley ómnibus del Gobierno, primera y principal apuesta jurídica-política del presidente Javier Milei.

Tras una jornada de intensísimas negociaciones, cerca de la 1.30 de este miércoles el plenario de tres comisiones de la Cámara baja que estudió el texto logró el número para el despacho.

Finalmente, el dictamen de mayoría de la Ley de Bases cosechó 55 firmas, 34 de las cuales marcaron sus disidencias. Según supo esta Agencia, se anotaron otros cuatro dictámenes de minoría, uno de ellos de 45 firmas correspondiente a Unión por la Patria.

Mientras los legisladores expresaban sus rechazos y apoyos a la norma en el salón central del anexo C de Diputados, en el despacho de Menem se terminó de pulir el articulado final hasta la madrugada.

En esas negociaciones estuvieron las diputadas del PRO María Eugenia Vidal y Silvia Lospennatto, parte del bloque que junto a la UCR y Hacemos Coalición Federal acompañaron con algunas disidencias el dictamen de la mayoría.

Esas firmas dejaron a la ley ómnibus en condiciones de llegar al recinto el próximo jueves, paso clave para el objetivo final del Poder Ejecutivo.

Por los intercambios que se dieron a lo largo de toda la jornada, el plenario de comisiones que estaba convocado para las 18 debió correrse primero para las 20:30 y luego para las 21, ya que los diálogos frenéticos se dieron entre diputados, gobernadores y referentes del gobierno nacional no llegaban a una conclusión.

Según pudo reconstruir NA, las divergencias internas más notorias se plasmaban dentro de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), que encabeza Rodrigo De Loredo.

Apoyado en el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el cordobés marcó el artículo que grava impositivamente a las retenciones de las economías regionales como un retroceso al «kirchnerismo».

Dentro de ese espacio, el bonaerense Facundo Manes rechazó el proyecto en general y dijo que solo logrará «empobrecer aún más» a los argentinos.

Por el bloque Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, se daría libertad de acción a la hora de la votación y, por ejemplo, la Coalición Cívica presentará un dictamen propio por no estar de acuerdo con puntos clave de la ley.

«Esperamos que las respuestas que le han dado a los gobernadores estén receptadas en el dictamen. Tenemos una visión receptiva de no poner palos en la rueda», resaltó Pichetto en declaraciones a la prensa antes del plenario.

Durante el debate en comisión, el jefe de bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, ratificó que su espacio votará por el rechazo del dictamen y apuntó fuertemente contra algunas figuras del oficialismo, entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor Federico Sturzenegger.

«Desde el 2005 para acá no recuerdo una comisión que esté tratando un tema de esta envergadura y que se convoque para iniciar el debate política con deseo del oficialismo de dictaminar, que se junten a las 20.30 y que se arranque a las 21», se quejó.

Y agregó: «A expresión de nuestro bloque será de rechazo. Vamos a tener, más temprano que tarde, que otros diputados de otros bloques se van a dar cuenta de que es un error darle más facultades a este presidente (Javier Milei)».