El gobierno de Bolivia informó el hallazgo de 40 mil municiones, de un total de 70 mil, enviadas irregularmente a ese país durante la gestión de Mauricio Macri.
El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, explicó que, tras el hallazgo de las municiones argentinas que habrían sido enviadas como contrabando ilegal por funcionarios del expresidente Mauricio Macri a Bolivia durante el golpe de Estado del 2019, la justicia boliviana busca dilucidar si los muertos durante las protestas «pudieron haber sido fusilados con estas balas» y recordó que en la Argentina «hay una causa abierta por contrabando agravado» contra 14 funcionarios del gobierno anterior.
«Esto cierra la comprobación del contrabando hizo el gobierno de Mauricio Macri a la dictadura de Jeanine Áñez en diciembre del 2019. Es la prueba fehaciente, concreta y específica del delito. Según informó la Fuerza Aérea boliviana esas municiones están distribuidas en cuarteles de todo el país», dijo Basteiro en declaraciones para AM750.
El gobierno de Bolivia informó el hallazgo de 40 mil municiones, de un total de 70 mil, enviadas irregularmente a ese país durante la gestión de Mauricio Macri, en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, en el 2019, en un hecho que es investigado por la justicia argentina como presunto contrabando.
Asimismo, el funcionario indicó que, en el país trasandino, «hay una causa abierta por tráfico de armas», en la cual se busca «una rápida definición».
«Citar a declarar e imputar a funcionarios argentinos, generaría que esta causa en Bolivia se extienda en el tiempo», sostuvo.
Finalmente, el embajador argentino aseguró que «pocas veces ha visto una causa con tanta información y tan clara» y concluyó: «Hay muchos elementos para poder imputar y procesar al (expresidente) Mauricio Macri, a (la exministra de Seguridad) Patricia Bullrich y todos los ministros, hasta al propio ex jefe de gabinete, Marcos Peña».
El juicio penal a la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez se reanudó el lunes en Bolivia, pese a pedidos de su defensa para suspender el proceso, y la Fiscalía pidió 15 años de cárcel para ella por el golpe de Estado en 2019 contra su antecesor, Evo Morales, pero la jornada debió suspenderse hasta hoy porque la acusada se descompensó y ya no pudo conectarse.
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