Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa avaló la medida que también extiende el mandato del jefe de Estado de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma constitucional que habilita la reelección indefinida del presidente de la República y amplía el mandato de cinco a seis años. La modificación fue impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas, que lidera el presidente Nayib Bukele, y sus dos partidos aliados, y obtuvo el respaldo de 57 de los 60 diputados del Parlamento unicameral.
El paquete de cambios incluye reformas a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. Uno de los puntos centrales es la eliminación de la restricción que impedía la reelección inmediata del jefe de Estado. Además, se elimina la obligación de realizar una segunda vuelta electoral en caso de que ningún candidato presidencial alcance mayoría absoluta.
La diputada Ana Figueroa, del oficialismo, justificó la reforma señalando que “históricamente la reelección siempre ha existido en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular sin prohibiciones”, y que el objetivo es “darle el poder total al pueblo salvadoreño”. Durante su intervención ante la Asamblea, Figueroa añadió que “los alcaldes se pueden reelegir cuantas veces ellos quieran, los diputados también”.
La aprobación ocurre en un contexto de amplia mayoría parlamentaria del bloque oficialista. Solo seis diputados de los 60 no pertenecen al grupo afín al presidente. Los partidos de oposición Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Vamos rechazaron la iniciativa, calificándola de inconstitucional y antidemocrática.
La diputada Marcela Villatoro (ARENA) expresó su rechazo afirmando que “hoy ha muerto la democracia en El Salvador”. Según declaró ante la prensa, la reforma “fue aprobada sin consulta, de forma burda y cínica”. Villatoro acusó al oficialismo de concentrar el poder político en la figura del presidente: “Se quitaron las máscaras”.
En términos políticos, la reforma abre la posibilidad de que Nayib Bukele pueda aspirar a un nuevo mandato en las elecciones previstas para 2027, aun cuando su actual periodo concluiría en 2029. Con esta modificación, los comicios presidenciales podrían coincidir con las elecciones legislativas y municipales, consolidando el calendario electoral en un único ciclo.
La reforma aún requiere una segunda aprobación en una legislatura posterior para entrar en vigor, conforme a lo que establece el procedimiento constitucional salvadoreño. Se espera que la actual Asamblea, dominada por Nuevas Ideas, ratifique el texto sin modificaciones en los próximos meses.
El mismo día, el Congreso también se preparaba para debatir la aprobación de una nueva prórroga del régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022. De concretarse, sería la prórroga número 41 de este estado de excepción, decretado originalmente para combatir a las pandillas.
En una intervención pública reciente, Bukele defendió las medidas adoptadas durante su gobierno y cuestionó los señalamientos sobre el debilitamiento institucional en el país. “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”, declaró a inicios de junio. En ese mismo discurso, sostuvo que conceptos como “democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de derecho, suenan bien (…) pero son términos que solo se usan para tenernos sometidos”.
La aprobación de estas reformas se produce en un clima político marcado por un control del Ejecutivo sobre las instituciones del Estado. Desde su llegada al poder en 2019, el presidente Bukele ha impulsado una serie de reformas judiciales, electorales y constitucionales que han modificado el equilibrio institucional del país.
Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han advertido sobre los riesgos de concentración de poder. En 2021, la Sala de lo Constitucional, reorganizada por una mayoría parlamentaria afín a Bukele, emitió una resolución que ya abría la puerta a la reelección presidencial inmediata, en contradicción con precedentes jurídicos anteriores.
La reforma constitucional aprobada este jueves institucionaliza formalmente esa posibilidad y extiende la duración del cargo presidencial, consolidando un cambio profundo en la estructura política del país.
(Con información de Europa Press)
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