Martín Soria insistió en que el macrismo se niega a acompañar la reforma de la Justicia y el Ministerio Público Fiscal «porque necesitan garantizar su propia impunidad».
Por medio de un breve hilo de tuits el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, dejó al desnudo la negativa del macrismo a respaldar la reforma de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal. Soria no dejó pasar por alto que, poco antes de declarara en la causa en que se investiga los aprietes y extorsiones de la denominada Mesa Judicial M durante la gestión de Mauricio Macri a los jueces y fiscales que intervenían en causas de alto impacto político, la ex procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se elevara a juicio oral una denuncia impulsada por el propio macrismo en el seo de esa Mesa Judicial.
«Llamativo: minutos antes de declarar en la causa de la Mesa judicial M, Alejandra Gils Carbó fue citada a juicio oral por una denuncia inventada desde esa misma Mesa. Una muestra más de la influencia del aparato de persecución que montaron desde el gobierno Macrista», escribió Soria en su cuenta de Twitter.
«Gils Carbó, la última procuradora legítima, fue una de las víctimas más notorias de la Mesa Judicial: llegaron a amenazar a sus hijas, la extorsionaron hasta obligarla a renunciar y así lograron eternizar a un procurador interino servil a sus espurios negocios» agregó y concluyó: «Por eso se niegan a transformar la Justicia y el Ministerio Público: porque necesitan garantizar su propia impunidad».
Tras el respaldo de la Cámara Federal, el juez Julián Ercolini dio por finalizada ayer la instrucción y dispuso que la ex Procuradora General de la Nación Gils Carbó sea sometida a juicio oral en la causa por la compra de un edificio del organismo.
Un fallo de la Cámara Federal firmado por Pablo Bertuzzi, rechazó un pedido para apartar del caso al magistrado. Un dato que fue determinante: Ercolini negó supuesta charla con el presidente Alberto Fernández sobre la situación de Gils Carbó.
Ercolini había sido recusado por la defensa de la ex procuradora luego de que se revelara la persecución que sufrió por parte del gobierno de Cambiemos.
En octubre de 2017 el juez federal Ercolini procesó a Gils Carbó por administración fraudulenta. Ese mismo día, Clarín publicó el teléfono de una de las hijas de Gils Carbó, después de lo cual fue víctima de una ola de amenazas.
El mismo presidente Fernández aseguró en una entrevista: “En aquel momento el juez que llevaba la causa de Gils Carbó era Julián Ercolini. Lo fui a ver y le dije que era un disparate, vi como se agarraba a cabeza y me decía: ‘Pero es lo que tengo que hacer, la tengo que procesar’”.
Al rechazar su recusación, el juez Ercolini negó esa situación y negó esa supuesta conversación con el presidente Fernández.
También se rechazó la causal relacionada con la esposa de Ercolini, quien trabajaba en el Ministerio de Justicia con Germán Garavano, al entender que ello no implica temor de parcialidad.
Otra de las causales que la defensa de Gils Carbó alegó para pedir la nulidad del procesamiento están relacionadas a las declaraciones del fiscal De Vedia.
Gabriel De Vedia contó un diálogo que mantuvo con el operador judicial del macrismo Fabián «Pepín» Rodríguez Simón sobre el hostigamiento a Gils Carbó, a lo que Pepín le dice «si vos me traes la renuncia, la persecución obvio que se acaba». Esa reunión fue en octubre de 2017. El 30 de octubre debió renunciar en medio del acoso político y judicial.
La Cámara confirmó a Ercolini: “Frente a la ausencia de argumentos autónomos -dado que el planteo sólo se apoya en el contenido de notas periodísticas que, en los términos planteados, se presentan conjeturales- considero que tampoco se ha logrado acreditar la configuración de la causal de recusación invocada”, sostuvo el juez Pablo Bertuzzi.
En 2018 la Cámara Federal confirmó el procesamiento aunque le cambió la calificación a negociaciones incompatibles con la función publica y le redujo el monto del embargo de 7 millones de pesos que había impuesto Ercolini, a 1.200.000 pesos.
En su momento, para los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, no hubo perjuicio contra el Estado porque el edificio en cuestión de la Procuración de la calle Perón en cuestión se adquirió en valores lógicos y la millonaria comisión fue pagada por la empresa privada que vendió el inmueble, aunque sí hubo para la justicia un direccionamiento de la licitación y manejo de información privilegiada.
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