La hija del exdictador, encarcelado desde 2007 y condenado a 25 años, pretende restaurar el régimen fujimorista e indultar a su padre.
Desde Lima. El apellido Fujimori ha marcado las tres últimas décadas de la política peruana. Es una dinastía que evoca autoritarismo, corrupción y extremismo de derecha. En 1990 un desconocido Alberto Fujimori ganó las elecciones y llegó a la presidencia. Dos años después cerró el Congreso y gobernó autoritariamente junto a los militares, hasta que, acosado por denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos, huyó del país el año 2000. Ahora la hija del exdictador, encarcelado desde 2007 y condenado a 25 años, pretende restaurar el régimen fujimorista e indultar a su padre.
A sus 46 años, Keiko Fujimori busca por tercera vez llegar a la presidencia. En las dos anteriores elecciones, en 2011 y 2016, también pasó a la segunda vuelta, y en ambas ocasiones perdió, primero con Ollanta Humala, y después, por solo un puñado de votos, con Pedro Pablo Kuczynski. Entre 2006 y 2011 había sido congresista. Lo más notorio de su paso por el Legislativo fueron sus largas ausencias. Su hermano Kenji también ha sido parlamentario y enfrenta un proceso judicial por la compra de votos en el Congreso.
Heredera política de su encarcelado padre, Keiko fundó el partido Fuerza Popular, el que maneja con la verticalidad y autoritarismo que aprendió de su progenitor, en cuya dictadura ejerció como primera dama luego que sus padres se separaran en medio de un escándalo de acusaciones de maltrato y torturas por parte de la exesposa de Fujimori. En 2016, Fuerza Popular obtuvo mayoría absoluta en el Congreso unicameral, la que Keiko utilizó para boicotear al gobierno de Kuczynski, que la había vencido en el ballottage, a pesar de las coincidencias que ambos tenían en los temas económicos y la continuidad del modelo neoliberal. Fue una venganza por una derrota que nunca asimiló. Kuczynski terminó renunciando en 2018 y su sucesor, Martín Vizcarra, también enfrentó el boicot fujimorista desde el Congreso y en septiembre de 2019 disolvió constitucionalmente el Parlamento y llamó a nuevas elecciones legislativas, en las que el fujimorismo perdió su mayoría.
Siguiendo la tradición familiar, Keiko está procesada por corrupción y estuvo varios meses encarcelada con prisión preventiva en el marco de una investigación judicial por el financiamiento ilegal de sus campañas electorales. Esa investigación ha revelado que recibió en efectivo y en forma oculta más de 15 millones de dólares de poderosos empresarios peruanos y de la constructora brasileña Odebrecht. La fiscalía la acusa de lavado de dinero, organización criminal y obstrucción a la justicia, y ha pedido 30 años de prisión para ella. Personajes investigados por narcotráfico también han estado ligados al financiamiento de sus campañas.
Con su mayoría parlamentaria, Keiko protegió a jueces y fiscales acusados de formar una mafia judicial, a quienes se acercó para buscar protección frente a los procesos legales en su contra. Ha usado su poder político para presionar y amenazar a los fiscales y jueces que la procesan. Los últimos presidentes peruanos enfrentan procesos por corrupción, pero si Keiko gana las elecciones de este domingo se convertiría en la primera persona que llega a la presidencia estando procesada en los tribunales. Si triunfo electoral le daría inmunidad y zafaría de un juicio en el que existen sólidas evidencias en su contra.
“No al comunismo”, ha sido el eje de su campaña contra el candidato de la izquierda. Una campaña de miedo que busca ganar votos para Keiko como el supuesto mal menor.
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