El plazo de gracia que se espera de parte de club de gobiernos acreedores, furto de las gestiones realizadas días atrás por el Presidente, abrirá un nuevo espacio para seguir negociando la reprogramación de la deuda de US$ 45.000 millones con el FMI.
El gobierno nacional confía en que las gestiones realizadas por el presidente Alberto Fernández días atrás, ante las máximas autoridades de países europeos, derive en el aplazamiento del pago por US$ 2.400 millones con el Club de París, que vence el lunes 31 de mayo.
Fernández gestionó presencialmente esa postergación ante las máximas autoridades de Portugal, España, Francia e Italia, y esta semana mantuvo un encuentro virtual en el que trató el tema con la canciller alemana, Angela Merkel.
El plazo de gracia que se espera de parte de club de gobiernos acreedores (de Europa, pero también de los Estados Unidos, Canadá, Rusia, Australia, Israel, Brasil, Japón y Corea del Sur) abrirá un nuevo espacio para seguir negociando la reprogramación de la deuda de US$ 45.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), contraída durante la gestión de Mauricio Macri.
Las autoridades del Club de París aguardan, precisamente, ese arreglo con el organismo multilateral que dirige Kristalina Georgieva, para reprogramar su propio acuerdo, que data de mayo de 2014 y fue cerrado por el entonces ministro de Economía (hoy gobernador bonaerense), Axel Kicillof.
En oficinas del Gobierno descartan una declaración formal de incumplimiento, ya que esa situación sólo se contempla para 60 días después del no pago del vencimiento, según las condiciones del crédito con el Club de París.
El grupo de acreedores oficiales de la Argentina, que preside Emanuel Moulin (director general del Tesoro de Francia) se reunirá a principios de junio y se espera que allí se defina si hay una respuesta formal a la carta que envió a principios de abril el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el pedido de postergar el vencimiento y comentarios sobre las negociaciones con el FMI por un acuerdo de facilidades extendidas.
Guzmán indicó en su nota que para asegurar que el nuevo programa con el FMI tenga amplio apoyo social, el Gobierno puso en marcha un proceso de «búsqueda de consensos políticos y sociales frente a las políticas clave», con medidas que apuntan a la recuperación de la economía; a la atención a la población vulnerable pero con «prudencia fiscal»; y a la reducción de la inflación.
En el marco de esas tratativas se considera probable que durante el mes próximo se avance hacia la firma con el Fondo de una carta de intención, tras nuevas revisiones de las cuentas públicas, si finalmente se acuerda la llegada a Buenos Aires de una nueva misión del organismo.
Ese monitoreo ya tuvo lugar en abril en Washington, por parte de Guzmán, el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, y Julie Kozack, la vicedirectora para el Hemisferio Occidental del organismo.
Más recientemente el ministro volvió a revisar con funcionarios del Fondo Monetario las cifras de la economía argentina, así como las políticas monetarias y fiscales vigentes, en la previa de la reunión que el presidente Fernández mantuvo con Georgieva en Roma.
Por lo pronto, en el primer cuatrimestre del año el resultado primario de la administración pública nacional arrojó un déficit de apenas 0,2% del PIB, contra 1,42% en igual periodo de 2020, pese al fuerte incremento del gasto público para reactivar la actividad productiva, la inversión en obra pública y asistir a empresas, trabajadores y familias ante el impacto de la pandemia de coronavirus.
En este contexto, no más allá de comienzos de la semana próxima podría darse a conocer un comunicado oficial del Palacio de Hacienda, referido a la situación acordada con el Club de París, cuyas decisiones se adoptan por unanimidad, no por mayoría.
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