Le tocó a Javier López Biscayart.
La denuncia del Gobierno a Mauricio Macri por la colaboración con material bélico al Gobierno de Bolivia le tocó a Javier López Biscayart, juez en lo penal económico.
El texto afirma que el gobierno de Cambiemos «contrabandeó armamento y municiones para reprimir civiles en apoyo a un gobierno de facto» y por eso, en principio, los acusan de contrabando agravado, que incluye armas y municiones de guerra, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación.
La demanda describe de manera puntillosa la sucesión de hechos que derivaron en el envío del material bélico que se justificó con una misión de protección del embajador, su familia y la embajada argentina en Bolivia que protagonizaron 10 gendarmes integrantes del grupo Alacrán.
Pero los denunciantes afirman que esto tenía como objetivo el «ocultar una maniobra que convertía a sus autores en partícipes necesarios de delitos contra el orden constitucional en el país de Bolivia y de graves vulneraciones a los derechos humanos del pueblo boliviano». Así lo dice el escrito que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el ministro de Justicia, Martín Soria y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Los exfuncionarios macristas son acusados de eludir la participación del Congreso como entidad responsable de autorizar la salida de efectivos de la Gendarmería y del material bélico enviado con ellos, tal como lo establece la Constitución. Pero de haberse seguido este procedimiento hubiese salido a la luz la colaboración con el golpe. Al mismo tiempo, los denunciantes afirman que la maniobra de ocultamiento implicó violar tratados internacionales como el de comercio de armas, que prohíbe el envío de armas a un Estado que viva una situación de conflictividad como que por esos días atravesaba Bolivia y, por lo tanto, lo que hizo Macri fue intervenir en asuntos internos de otro país.
Además de Macri, Bullrich y Aguad, deberán responder ante la justicia el excanciller Jorge Faurie, el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García, el exdirector General de Aduanas, Diego Jorge Dávila, el exdirector de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), Eugenio Cozzi; el entonces jefe de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, Rubén Carlos Yavorski, Comandante Mayor Director de Logística y Carlos Miguel Recalde, Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería.
Todos éstos participaron, según la denuncia, de «un hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero».
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